"Juan Francisco Rosa Marrero, con el objetivo de satisfacer su ansia de lucro económico en perjuicio de los valores paisajísticos e históricos más representativos de la isla de Lanzarote, se concertó con el acusado Miguel Ángel Armas Matallana" para "ejecutar el peor atentado medioambiental contra la Isla de Los Volcanes desde que ésta fuera declarada en su integridad Reserva de la Biosfera por la Unesco el 7 de octubre de 1993". Así comienza el fiscal Ignacio Stampa el relato de los hechos que han rodeado a la construcción y explotación del "macrocomplejo" Stratvs, por los que ya ha presentado escrito de acusación contra 16 personas y contra la sociedad dueña de la bodega.
El escrito, hecho público por la Fiscalía General del Estado, sostiene que tanto Rosa como Armas eran "plenamente conocedores de que la normativa en materia de ordenación territorial, urbanística y medioambiental aplicable prohibía expresamente su proyecto edificatorio" en el Barranco del Obispo, en pleno corazón de La Geria. "Es uno de los lugares de mayor protección de la isla de Lanzarote, dada su enorme belleza, por su singularidad y valor paisajístico único en el mundo, y por su valor cultural, etnográfico e histórico", subraya el fiscal.
Pese a ello, según la Fiscalía, ambos trazaron y ejecutaron un "plan", sin que las administraciones implicadas lo impidieran, e incluso contando con la colaboración de otros técnicos y políticos acusados. Y ese plan, que el fiscal describe en varias fases que permitieron la construcción y la apertura de Stratvs, tenía un último objetivo: "convertir La Geria, patrimonio de todos los lanzaroteños, en un negocio privado, explotando la bodega y resto de instalaciones construidas con el único fin de su lucro personal".
Durante la instrucción de la causa se aportaron distintos informes periciales, incluyendo uno de la jurista del Cabildo Joana Macías, que señalaba que el nuevo Plan Especial de La Geria da incluso un "uso público" a Stratvs, convirtiéndola en "el centro neurálgico de las bodegas de La Geria". Según el informe, el Plan contempla la creación de una "oficina" en sus instalaciones, pese a que se realizaron de forma ilegal, y hasta se presupuestó "un gasto de alquiler del local de 10.800 euros al año".
La administración "no puso traba alguna a sus desmanes"
Según la Fiscalía, para la ejecución de su "delictivo" y "faraónico" proyecto, Rosa y Armas Matallana contaron con "personas" que no han podido ser "perfectamente identificadas" para formular acusación contra ellas en esta causa, pero que "les prestaron el imprescindible asesoramiento jurídico y financiero especializado".
Según el plan descrito por el fiscal, Miguel Ángel Armas Matallana, "en su condición de arquitecto copropietario del terreno a edificar, redactaría el proyecto técnico de las edificaciones y llevaría a cabo la dirección facultativa y supervisión técnica de las obras", mientras que Rosa se encargaría del resto de las gestiones.
Entre ellas, la de "garantizar que ninguna de las administraciones públicas legalmente competentes para controlar el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental, y de inspeccionar el desarrollo de las actividades que proyectaba llevar a cabo, pusiera traba alguna a sus desmanes urbanísticos y especulativos, ni a su afán de lucro, a costa de atentar gravemente contra el medioambiente insular".
En total, la Fiscalía formula acusación contra 14 políticos y funcionarios de las tres administraciones implicadas, para los que pide penas de prisión o de multa e inhabilitación, en función de la participación de cada uno en los hechos. Todos ellos, según el fiscal, actuaron "con plena conciencia" de que "las autorizaciones eran carentes de todo amparo legal".
Respecto al posible pago de "dádivas" para obtener ese trato favorable de la administración, el fiscal señala que no se ha podido acreditar durante la instrucción de la causa, por lo que no se ha formulado acusación por delitos de cohecho. "No constan datos de la solicitud ni del ofrecimiento o entrega de dádivas a dichos funcionarios y autoridades por parte del acusado Juan Francisco Rosa Marrero, ni del poder de ascendencia personal que éste hubiera ejercido sobre los mismos para la obtención de las autorizaciones solicitadas por medio de terceras personas", señala el escrito de la Fiscalía.
"Primaron los intereses especulativos del acusado"
Respecto a los primeros permisos concedidos autorizando las obras, la Fiscalía sostiene que tanto los técnicos que informaron positivamente desde el Gobierno de Canarias (Faustino García Márquez y Armando Villavicencio), como el técnico de Yaiza Pablo Carrasco y el alcalde y teniente alcalde, José Francisco Reyes y José Antonio Rodríguez, que firmaron los decretos, hicieron "primar caprichosamente los intereses especulativos del acusado, Juan Francisco Rosa, por encima del interés general que estaban obligados a preservar, a sabiendas del prejuicio que causaría a los valores y recursos naturales del Espacio Natural Protegido, Paisaje Protegido de La Geria".
Entre otras cosas, la Fiscalía de Medio Ambiente señala que el proyecto que autorizaron (y al que luego ni siquiera se ajustó el promotor, que construyó diez veces más de lo autorizado), supuso la "alteración irreversible uno de los elementos más claramente diferenciados del Espacio Protegido, como era el Barranco del Obispo". De hecho, según los informes periciales, las obras supusieron la casi "desaparición" del barranco, al eliminarse "230 de los 360 metros del recorrido originario".
Además, agrega que la ejecución del proyecto de edificación de almacén-bodega subterráneo de 900 metros cuadrados que les fue presentado a su autorización", supuso "la excavación de al menos 4.500 metros cúbicos y la consiguiente extracción de piedra, tierra y rofe, recurso no renovable que forma parte de los elementos a proteger".
Promotor en la sombra
Aunque Rosa ni siquiera era (ni es) titular de los terrenos donde se asienta Stratvs, que fueron usurpados según denuncian algunos de los propietarios que se han personado como acusación en el procedimiento, sí fue en todo momento el promotor de las obras, en virtud de ese "plan" en el que según la Fiscalía se "concertó" con Armas Matallana, que ostentaba la titularidad de una parte de la finca.
Según el fiscal, Armas fue el colaborador necesario para que Rosa pudiera realizar alteraciones catastrales y en el Registro de la Propiedad, con distintos documentos, certificados y títulos notariales falsos. Primero, para crear "la ficción" de que Stratvs se encontraba en otra finca que sí había sido adquirida por Rosa. Después, en una segunda fase, para "simular" que el empresario era el dueño del suelo donde realmente está la bodega, y que tiene otros propietarios legítimos.
Además, según la Fiscalía, Rosa se encargó de "las gestiones necesarias para la obtención de las autorizaciones que iban a solicitar, con el fin de dotar de apariencia de legalidad a su proyecto", pero "pretendiendo no aparecer en ningún momento como verdadero promotor de las construcciones ante las administraciones públicas competentes, dado el carácter delictivo de las obras a ejecutar".
De hecho, todos los permisos iniciales se pidieron a nombre de la mujer de Armas Matallana, llegando incluso a fingir su firma en las solicitudes, cuando éstas fueron variando con el tiempo (inicialmente sólo pidieron licencia para la rehabilitación de la casa preexistente y la construcción de un almacén, y después se incluyó la palabra "bodega").
Además, Rosa se hizo cargo de ejecutar las obras, a través de constructoras de su "entramado societario", y sufragó los gastos. Para ello, utilizó recursos propios pero también financiación externa que, según la Fiscalía, obtuvo de forma "presuntamente delictiva" y "falseando" datos.
A todo esto, entre otras cosas, se suman además los presuntos delitos medioambientales, por los vertidos contaminantes. Una situación que era conocida por la administración, ya que había informes que así lo advertían, pero que sin embargo no actuó para impedir que siguieran produciéndose.
