Los vertidos que emitía el "macrocomplejo" Stratvs no sólo suponían un "grave riesgo" para el medio ambiente y para el espacio protegido de La Geria, sino también un "gravísimo riesgo" para la salud de las personas. Así lo sostiene la Fiscalía de Medio Ambiente en su escrito de acusación, en el que detalla las consecuencias que podrían haber producido parámetros como los detectados en las aguas residuales de esta instalación, precintada cautelarmente por orden judicial en diciembre de 2013.
La situación se agrava además por la presencia de aguas subterráneas en esa zona, que ha quedado acreditada con distintos informes periciales aportados durante la instrucción de la causa, según subraya la Fiscalía. "Como consecuencia de los vertidos contaminantes, carentes de cualquier medida correctora y huérfanos de autorización y control administrativo alguno", "se creó un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales del Espacio Natural Protegido de La Geria, por cuanto provocó el riesgo de alterar las características de las aguas subterráneas que discurren bajo el Barranco del Obispo y sus inmediaciones", sostiene el escrito firmado por el fiscal Ignacio Stampa.
Sobre este punto, la Fiscalía agrega que se ha constatado "la existencia de una masa de agua subterránea que abarca todo el ámbito de la isla y es denominada Lanzarote (…), a la que se pueden asociar dos acuíferos, uno de ellos en la zona de Timanfaya, muy próxima a Stratvs".
Respecto a los resultados de los análisis realizados por la propia administración en el año 2008, y que ya arrojaban un alto grado de contaminación en las aguas residuales de Stratvs, el fiscal señala que "la exposición humana a tales parámetros de contaminación bacteriológica fecal, y el contacto oral, cutáneo o inhalatorio con muestras de aguas como las analizadas" en aquel momento, "resulta gravemente peligrosa para la salud de las personas".
Trastornos de salud en contacto con alimentos o agua de consumo
Esa muestra del año 2008 fue tomada por técnicos del Cabildo pero, pese a los altos grados de contaminación detectados, el gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, dio el visto bueno a una autorización provisional al sistema de vertidos de Stratvs. Después, pese a que la propia autorización establecía que se harían analíticas mensuales, no volvió a controlar los vertidos. Así, "continuó infringiendo groseramente sus obligaciones de inspección y control", según la Fiscalía, ya que Hernández Duchemín ni siquiera adoptó medidas cuando seis meses después caducó esa autorización provisional y la bodega siguió funcionando.
"Las elevadas concentraciones que se obtuvieron en dichas muestras suponen modificación en las características organolépticas de agua (sabor, olor) y en ambientes anaerobios como el descrito, la materia orgánica puede descomponerse en amonio, aumentando la concentración de compuestos nitrogenados en las aguas, lo que implica un riesgo potencial y grave para la salud", insiste ahora la Fiscalía en su escrito de acusación, al detallar los hechos que rodean a uno de los delitos investigados en esta causa.
Respecto a la posible afección a las personas, el escrito subraya que "unas aguas con dichas características no deben entrar en contacto con alimentos ni aguas que vayan a ser consumidos, ya que el consumo de agua con elevadas concentraciones de compuestos nitrogenados puede producir metahemoglobimenia, una forma de hemoglobina que permite transportar el oxígeno, pero es incapaz de liberarlo de forma efectiva en los tejidos corporales, produciendo dificultades para respirar, cianosis, alteraciones del estado mental e incluso la muerte para la población más sensible".
Infiltraciones al terreno y a las aguas subterráneas
En el informe técnico realizado en octubre de 2008, el jefe de sección del Consejo Insular de Aguas advirtió de que las aguas de las fosas sépticas de Stratvs (con un "alto grado de contaminación" y que "sobrepasaban de manera notable los límites establecidos"), iban a parar a un pozo de drenaje, desde donde se infiltraban en el terreno.
Y esto, tal como señala ahora la Fiscalía de Medio Ambiente, supone "un riesgo de grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales en cuanto al suelo", que es "un elemento del ecosistema difícilmente recuperable, especialmente en el corazón de La Geria"; pero también implica que "muchos usos y aprovechamientos de aguas subterráneas cercanos a la bodega puedan verse afectados y comprometidos, debido al transporte por difusión de los contaminantes".
Entre otras cosas, el fiscal relata que además de materia orgánica y microorganismos, las aguas residuales de Stratvs incluían también vertidos procedentes de la limpieza de las instalaciones de la bodega. "Este último efluente es el que tiene una mayor carga contaminante, debido a que arrastra diferentes compuestos orgánicos como alcohol etílico, ácidos orgánicos, ácido acético, glicerol y glucosa", subraya la Fiscalía.
Así, además un alto grado de DQO (Demanda Química de Oxígeno), que es uno de los parámetros que miden la contaminación, "el agua derivada de la limpieza de los depósitos de la bodega" también podía "bajar el pH del suelo, con grave riesgo de contaminación". Una situación que, según los informes y las muestras tomadas en su momento, se agravaba "al almacenarse los vertidos en fosas sépticas y no existir ningún sistema de aireación de las aguas residuales", lo que podía favorecer "reacciones de reducción de compuestos de azufre e incorporar más DQO al efluente".
"Arbitraria inactividad" del Ayuntamiento
Por estos hechos, la Fiscalía acusa de un delito contra el medio ambiente a Juan Francisco Rosa, al arquitecto Miguel Ángel Armas y al gerente del Consejo Insular de Aguas, pero también a la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y al concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, en su caso por omisión.
"A pesar de las graves advertencias consignadas en los informes solicitados por la alcaldesa" y "a sabiendas de que ninguna de las instalaciones del complejo Stratvs contaba con título habilitante para su construcción, ni para el cambio en el uso concedido, ni para el desarrollo de ninguna actividad, además de que se había concedido la licencia de actividad el 19 de diciembre de 2008, con plena conciencia de su ilegalidad" y de que "había expirado la autorización de vertidos otorgada por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote", ni la alcaldesa acusada Gladys Acuña, ni el concejal de Urbanismo acusado, José Antonio Rodríguez, adoptaron ninguna medida.
Según la Fiscalía, esta "inactividad arbitraria, y fruto del mero capricho de quienes debían velar por salvaguardar el interés general", tenía "el único fin de no perjudicar los cuantiosos intereses económicos del acusado, Juan Francisco Rosa, que se verían afectados" si se hubiera ordenado el cierre.
Además, considera que cuando el Ayuntamiento ordenó el precinto del restaurante, después de que Acuña acudiera a declarar como imputada en esta causa, omitieron deliberadamente actuar sobre el resto de las instalaciones, que según el Juzgado y la Fiscalía se encontraba en la misma situación. Finalmente, fue la propia juez quien acabó ordenando el cierre cautelar de todas las instalaciones en diciembre de 2013, entre otras cosas para evitar que continuaran emitiéndose vertidos contaminantes y sin ningún tipo de autorización en La Geria.
Dos pozos negros "clandestinos"
Dos meses después de decretarse el cierre, en febrero de 2014, el Juzgado ordenó tomar nuevas muestras en la bodega y, aunque los resultados "aún estaban por encima de los límites máximos establecidos" por la legislación en vigor, sí había una "mejoría" respecto a analíticas anteriores.
Las anteriores muestras tomadas por orden judicial eran del 9 de diciembre de 2013, cuando se detectaron "cantidades muy por encima de los valores límites admisibles", según el fiscal. Además, el escrito subraya que de uno de los pozos negros ni siquiera han podido tomarse muestras, "dada su ubicación y difícil acceso". Y es que además de las dos fosas que constaban en los planos, "debajo de las escaleras que conducen al restaurante hay "otros dos pozos negros clandestinos, que infiltran en el terreno las aguas residuales procedentes de los aseos ubicados en dicha zona, así como de las cocinas del restaurante y de la terraza gril".
