18/Ene/2019

UN INFORME DEL CABILDO CONCLUYÓ HACE UN AÑO QUE EL SUELO NI SIQUIERA ES SUYO

Rosa pretendía volver a instalar un Belén en la bodega ilegal Stratvs cuando se cumplen cinco años del cierre

Su hija pidió autorización al Cabildo el pasado 14 de septiembre, aunque un mes y medio después desistió de su solicitud

Rosa pretendía volver a instalar un Belén en la bodega ilegal Stratvs cuando se cumplen cinco años del cierre

El empresario Juan Francisco Rosa pretendía volver a instalar un Belén esta Navidad en la bodega ilegal Stratvs, pese a que las instalaciones fueron cerradas hace ahora justo cinco años por orden judicial y pese a que a día de hoy siguen sin abrir sus puertas por falta de permisos. 

La hija del empresario, Noelia Rosa, dirigió un escrito al Cabildo el pasado 14 de septiembre en nombre de Sociedad Bodega Stratvs SL pidiendo autorización para instalar ese Belén, al tratarse de un Espacio Natural Protegido. Sin embargo, un mes y medio después, ella misma presentó otro escrito desistiendo de su solicitud.

A raíz de ese segundo escrito, el consejero de Medio Ambiente, Antonio Morales, dictó un decreto el pasado 5 de diciembre dando por cerrado el expediente que se había iniciado para tramitar esta petición, que requería entre otras cosas de informes previos favorables.

 

Rosa ni siquiera es el titular de la parcela


Esta solicitud se suma a otras que ha presentado Juan Francisco Rosa en relación con la bodega en los últimos años, mientras sigue pendiente de juicio en la pieza principal del caso Stratvs. Una de las solicitudes la dirigió hace dos años al Consejo Insular de Aguas del Cabildo, pidiendo permiso para instalar una depuradora de aguas residuales en la bodega. Sin embargo, la intervención de la familia Negrín obligó a la Corporación insular a solicitar un informe externo que concluyó que Juan Francisco Rosa ni siquiera es titular del suelo donde se asienta la bodega.

“Ni BTL Lanzarote ni Juan Francisco Rosa Marrero tienen titularidad alguna sobre la finca”, advirtió el abogado de los Negrín, José Luis Sáez, en un escrito que dirigió al Cabildo tras enterarse “por los medios” de que la institución había iniciado un expediente, que se empezó a tramitar al día siguiente de recibir la solicitud de Rosa. En ese escrito, la familia Negrín advertía a los políticos y técnicos que participaran en ese expediente que podían incurrir en un delito de prevaricación si seguían adelante.

Finalmente, tras solicitar un informe, el Cabildo terminó rechazando la petición. “No consta el permiso de la totalidad de propietarios de la finca registral 3630 de Yaiza, en la que se procederá a la instalación de la estación depuradora”, concluía el informe. Precisamente la presunta usurpación de terrenos es uno de los delitos por los que está acusado el empresario en el caso Stratvs, en la pieza que aún está pendiente de juzgarse, y en la que los Negrín están personados como acusación particular. 

 

Cinco años desde el precinto y un juicio aún pendiente


La bodega de Rosa fue precintada en diciembre de 2013 por la juez instructora del caso Stratvs, Silvia Muñoz, en una decisión que después fue avalada por la Audiencia Provincial. Hace casi dos años, sin embargo, el juez Salvador Alba decidió levantar esta medida cautelar, alegando entre otras cosas que el juicio estaba “próximo a celebrarse”, aunque eso no conllevó la reapertura de la bodega. Y es que, entre otras cosas, esa causa penal puso de relieve que las instalaciones carecían de permisos que dieran cobertura a lo realmente construido, por lo que no ha podido obtener una nueva autorización para su puesta en marcha.

Desde entonces se ha celebrado ya el juicio de una de las dos piezas en las que se dividió la causa, en el que fueron condenadas ocho personas, incluyendo a los ex alcaldes José Francisco Reyes y Gladys Acuña, por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, en relación con la concesión de la licencia de apertura de la bodega, que fue declarada ilegal.

Además, aún está pendiente de celebrarse el juicio principal, centrado en todos los hechos que rodearon a la construcción de este macrocomplejo en suelo protegido. En esa pieza, Rosa se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía y 21 por parte de la acusación popular por falsedad en documento oficial, de usurpación de bienes, contra la ordenación del territorio con daño grave a un espacio natural protegido, contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente por excavar de forma ilegal en un espacio protegido. 

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