La que fuera consejera delegada Inalsa, Plácida Guerra, y el ex gerente de empresa, Rafael Elorrieta, se han negado este martes a declarar ante el juez. Los dos habían sido citados para declarar como imputados, dentro de la nueva causa que investiga la gestión y quiebra de Inalsa, que dirige el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife. El caso fue denunciado por Alternativa Ciudadana, que está personada como acusación popular y cree que se producirán nuevas imputaciones dentro del procedimiento.
Guerra y Elorrieta debían responder este martes a preguntas sobre los presuntos delitos "societarios, de prevaricación o de defraudación de caudales públicos" que les imputa la Fiscalía. Sin embargo, ambos se han negado a hacerlo, alegando que se les había notificado con poco tiempo. La citación de estos dos antiguos cargos de Inalsa se conoció hace 11 días, el pasado 6 de noviembre.
Fue una denuncia de Alternativa Ciudadana la que derivó en esta investigación judicial. La formación presentó esa denuncia a Fiscalía la pasada legislatura, poco después de que se privatizara la gestión del agua en la isla y de que se destinara buena parte del dinero obtenido en esa privatización a pagar las deudas de la empresa. Los políticos que intervinieron en los últimos consejos de administración podrían haber tenido que responder personalmente de esas deudas.
"Irregularidades constatadas" y "posibles delitos"
La denuncia fue trasladada por Fiscalía a los Juzgados el pasado mayo para que se abrieran diligencias, ya que apreció "irregularidades constatadas" e indicios de posibles delitos en la gestión de la antigua empresa pública y también en la forma en que se pagaron sus deudas. El juez llamó entonces a declarar a los dos primeros imputados y solicitó también diversas diligencias para investigar varias etapas de la gestión de Inalsa. Según explicaron desde AC, algunas de las diligencias se centran en el proceso de privatización de Inalsa y en la "presunta ilegalidad del traspaso de la deuda de Inalsa al Consorcio del Agua para facilitar esa privatización y la concesión del ciclo integran del agua a la empresa Canal de Isabel II".
Además, la Fiscalía pidió también en su denuncia que se compruebe "si el destino final de las cantidades invertidas por Inalsa en reparaciones tuvieron de forma efectiva ese destino, mediante el control de facturas, órdenes de trabajo y personal que las ejecutó", verificar si hay "partidas o gastos no justificados" desde 2006 en adelante y, también, pedir al Consorcio los actos administrativos que motivaron las bajadas y subidas del precio del agua en 2003-2004 y 2007.
En cuanto a Elorrieta y Guerra, cabe recordar que ambos han sido ya condenados en una ocasión por su labor en Inalsa. Ambos estuvieron implicados y fueron posteriormente condenados en los hechos de una de las piezas del caso Unión. Se trata de los pagos a Francisco Rodríguez Batllori por servicios no prestados. La Audiencia Provincial los condenó a 5 años de prisión a cada uno, por un delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.
