"Si el Estado no se replantea la dotación económica y se sienta a negociar alternativas financieras, lo más probable es que tengamos que parar obras". Así lo ha adelantado este lunes el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, que ha dejado en el aire el futuro de todos los proyectos de carreteras que están actualmente en marcha en las islas, incluyendo el de la Circunvalación de Arrecife.
Según los acuerdos firmados en su día con el Estado, Canarias debería recibir 207 millones de euros en 2013 para financiar las obras de carreteras. Sin embargo, el Proyecto de Ley presentado el pasado viernes por el Gobierno central sólo asigna 54,19 millones para esta materia a las islas, lo que supone una reducción del 73,83 por ciento sobre lo previsto.
"Si no se reconsidera el recorte, estamos abocados a la paralización de muchas obras de carretera en Canarias, con lo que ello supone de incremento del desempleo, pérdida de rentabilidad de las inversiones y riesgo para la seguridad en aquellas obras que haya que parar", ha señalado Berriel, que por ahora no ha concretado cómo redistribuirá el Gobierno canario el dinero que llegue de Madrid y qué obras serán las más afectadas.
Anteriores retrasos
De momento, la Circunvalación de Arrecife ya sufrió un drástico recorte en este año 2012. Concretamente, el Gobierno canario asignó 24 millones de euros en los presupuestos para esta obra, pero finalmente redujo un 67 por ciento la partida, quedándose en 8 millones de euros. Así, se retrasó hasta finales de 2013 la fecha para finalizar la obra. En aquel momento, la justificación estuvo el recorte que también aplicó el Estado para este año, y que pasó de los 207 millones de euros previstos para Canarias a sólo 68,54.
Sin embargo, mientras algunas obras en las islas se han parado o ralentizado, otras carreteras han recibido incluso más fondos de los previstos durante este año. Es el caso de la carretera La Aldea - El Risco de Gran Canaria, que tenía una anualidad prevista para 2012 de 15 millones de euros, y ha terminado recibiendo 18,7 millones. En este caso, el Gobierno canario asegura que también les afectó el recorte del Estado, pero la obra contó "con una financiación complementaria procedente de los anticipos de acopio de materiales y maquinaria abonados al contratista, que ascendía a 12,4 millones".
Además, en Lanzarote también están pendientes las obras de la carretera Arrecife-Yaiza, en el tramo comprendido entre la Glorieta de Mácher y la de Playa Quemada, que fueron contratadas el 16 de febrero de 2011 por un presupuesto de 2.859.962 euros y un plazo de ejecución de 6 meses, y todavía no se han iniciado.
Pese a que estos trabajos han estado presupuestados, el Gobierno de Canarias sostiene que no han podido iniciarse porque no se han culminado aún las expropiaciones de los terrenos para acometer la obra. Por eso, y considerando que el consejero ha advertido "no pueden asumir la ejecución de nuevas obras sin terminar las que se encuentran en marcha", es casi seguro que esta vía tendrá que seguir esperando.
"Agresión sin precedentes"
A la espera de concretar cómo se trasladará el Gobierno canario los recortes del Estado a cada isla, Berriel ha cargado este lunes contra el Ejecutivo central, calificando de "agresión sin precedentes" el recorte en el Convenio de Carreteras.
El consejero explicó que los contratos que la Comunidad Autónoma tiene suscritos con las empresas constructoras se basan en un convenio plurianual "que ahora se vuelve a recortar de forma unilateral y sin un estudio previo para la reprogramación de las obras". Esto, sumado al recorte que ya se aplicó para 2012, supone que el Estado dejará de invertir en las carreteras canarias 291,27 millones de euros en el periodo 2012-2013, y todo esto "de forma unilateral y sin consulta alguna con la Comunidad Autónoma, para poder realizar una nueva planificación de las obras que permita mantenerlas en funcionamiento, lo que supone un ninguneo absoluto y una agresión en toda regla a la Obra Pública en Canarias".
En su análisis sobre la situación en la que quedarán las obras de carreteras, Berriel concluyó que "si el Estado no se replantea la dotación económica y se sienta a negociar alternativas financieras, lo más probable es que tengamos que parar las obras y las empresas constructoras no puedan mantener su actual nivel de empleo en una de las comunidades autónomas con mayores tasas de desempleo". Según ha asegurado el consejero, "los cálculos sitúan la pérdida de empleos directos en estos dos años en más de 4.000 y la destrucción de empleos indirectos alcanza los 12.000".
En este escenario, Berriel insistió en que la manera de aplicar los recortes "unilateral, sin negociación y, sobre todo, sin prever una reprogramación adecuada del calendario de obras", desembocará en retrasos de importancia y en cuantiosas peticiones de indemnización, que llevarán a la Comunidad Autónoma a denunciar judicialmente al Ministerio de Fomento por la "extrema gravedad" de sus reiterados incumplimientos de los acuerdos firmados y del REF canario. Una denuncia en la que Canarias "repercutirá al Estado los daños y perjuicios que reclamen las empresas adjudicatarias por la paralización de las obras y todos aquellos que se generen para la economía del Archipiélago, que no se limitarán a la pérdida de varios miles de puestos de trabajo".
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