La Mesa Social en Defensa de lo Público ha asegurado que el grupo de gobierno del Cabildo, encabezado por Pedro San Ginés, quiere "seguir con el engaño para justificar la privatización del agua, con el fin de proteger a los políticos embargados cautelarmente". Según este mismo órgano, estos políticos "han sometido a la empresa pública de agua estos años a la corrupción, saqueo y despilfarro interesado, obligando a los ciudadanos a saldar una deuda millonaria que no han adquirido ni autorizado".
Esta mesa se ha preguntado "cómo es posible" sacar a concurso unas obras de mejora de la red de abastecimiento por valor de 900.000 euros, que viene recogido en un plan de inversiones "paralizado hasta el momento" por el Consejo Insular de Aguas. "Qué casualidad que los 900.000 euros se vayan a invertir en la red de distribución de Inalsa", cuando el pliego de condiciones para la privatización dice que "el licitador definirá en su oferta las obras que se compromete a realizar durante los cinco primeros años".
"Ahora vemos que a medida que se agota el tiempo y no se presentan al concurso empresas vinculadas al sector del agua, van sacando conejos de la chistera de la mentira para evitar que el concurso pueda quedar desierto y con ello impedir la ejecución del embargo preventivo", han denunciado desde la Mesa Social en Defensa de lo Público. Así, han señalado que primero "han ampliado el plazo de licitación, de los 30 días iniciales, a un total de 15 días más".
Además, "han aprobado esta medida de invertir los 900.000 euros en la red de distribución, precisamente para hacer más atractivo el concurso, suavizando las condiciones de dicho concurso". La mesa ha asegurado que está "acostumbrada a la mentira y al engaño al que tiene sometida a la ciudadanía esta hidromafia que nos gobierna y que no defienden el interés general de la isla, sino el bolsillo de unos pocos".
Exigen que el control de Inalsa vuelva al Consorcio
"¿Cuál será la próxima mentira, engaño y fraude con que nos vendrán para seguir con su línea de justificación de la privatización del agua y salvar a sus amigotes del embargo en detrimento del agua como un bien público?", se ha preguntado la mesa, que ha exigido al Cabildo que "paralice el proceso privatizador del agua en la isla".
"Y parar así el despropósito de entregar algo tan estratégico para la isla a empresas privadas que la asumirían como una oportunidad de negocio", ha pedido.
En este mismo sentido, ha reclamado "que el control del ciclo integral del agua vuelva a manos del Consorcio Insular de Agua" y que "se constituya un nuevo Consejo de Administración, abierto a la ciudadanía, transparente, que vele por el buen funcionamiento de la gestión del agua, con una conducta ética y pública ejemplar".
