24/oct./2019

EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS HA SOMETIDO A INFORMACIÓN PÚBLICA LA SOLICITUD

El Grifo pide licencia para instalar una depuradora en la bodega

El Consejo Insular de Aguas ha sometido a información pública la solicitud. La depuradora sería individual, para el uso de la propia bodega…

El Grifo pide licencia para instalar una depuradora en la bodega

Bodegas El Grifo ha pedido autorización para instalar una planta depuradora de aguas residuales en sus instalaciones, ubicadas en La Geria, dentro del municipio de San Bartolomé. La depuradora sería individual, para el uso de la propia bodega, que es una de las más antiguas de toda España. La solicitud ha sido presentada en el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, tal como prevé el Reglamento de Control de vertidos para la protección del Dominio Público Hidráulico.

El Consejo ha publicado el anuncio este lunes en el Boletín Oficial de Canarias, para someter la solicitud a información pública durante 30 días. Según señala en el anuncio, la depuradora tendría una capacidad máxima de 46,6 metros cúbicos por día y no se requiere “constitución de servidumbre o declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios”.

Tal como establece el Reglamento de Vertidos, la publicación en el Boletín supone que el Consejo Insular de Aguas ha examinado ya la documentación y la ha encontrado “conforme”. Ahora, durante el plazo de exposición pública se pueden presentar alegaciones, que deberían ser contestadas por el peticionario.

Además, antes de adoptar su decisión, el Consejo Insular de Aguas también “podrá solicitar informes, con carácter no vinculante, de las Consejerías competentes en materia de aguas y de medio ambiente”. Así lo establece el Reglamento, que especifica que “la solicitud de los informes será preceptiva en relación con la Consejería competente en materia de medio ambiente y planificación territorial”, cuando no se hubiera evacuado pronunciamiento previo. 

La normativa también establece que hay un plazo máximo de 15 días para realizar esos informes y en caso de que no lleguen en ese tiempo, “podrán proseguirse las actuaciones”. Una vez completada la instrucción, se elevará una propuesta de resolución al órgano del Consejo competente para otorgar la autorización o rechazar la solicitud, en el plazo máximo de seis meses. 

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