La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha emitido una nueva orden a instancias de Pedro San Ginés, resolviendo otra sanción contra Club Lanzarote, propietaria de la desaladora y la depuradora de Montaña Roja. La orden que ha hecho pública el Cabildo, y que aparece firmada este mismo lunes 5 de junio, vuelve a plantear la clausura de la desaladora, además de establecer dos sanciones de 120.000 euros en total, así como la "restitución del beneficio ilícitamente obtenido" por la venta de agua, que se ha cifrado en 2.377.441 euros, en base a los cálculos realizados por el Consejo Insular de Aguas presidido por San Ginés.
Según señala la orden del Gobierno de Canarias, Pedro San Ginés ordenó abrir este expediente el pasado 5 de septiembre, el mismo día que abrió un segundo procedimiento sancionador contra la misma empresa, de cuya resolución ya informó hace dos semanas. En ambos casos, el procedimiento parte de un decreto del Consejo de Aguas dictado hace poco más de un año, por el que San Ginés revocó la autorización que tenía Club Lanzarote para el autoabastecimiento de agua en ese plan parcial. Una revocación que se produjo después de que los tribunales anularan la incautación de la desaladora ordenada por el presidente y después de que éste fuera imputado por ejecutar esta medida ilegal, sin orden judicial y sin contar con informes escritos que la avalaran.
Menos de tres meses después de revocar ese permiso, el Consejo afirma que recibió una "denuncia de vecinos de Montaña Roja", en la que informaban de que Club Lanzarote "producía agua" y que "la vendía", como en realidad lleva haciendo desde hace décadas en esta urbanización, donde no llega la red pública, gestionada actualmente por la empresa Canal Gestión. A raíz de esa denuncia, San Ginés ordenó abrir el mismo día dos expedientes, y después los elevó al Gobierno de Canarias, al calificar como "graves" las supuestas infracciones.
"Infracciones menos graves" pero elevadas a "graves"
Por su parte, la resolución del Ejecutivo regional señala que los hechos "constituyen infracciones menos graves" –cuya resolución ya no dependería del Gobierno canario-, aunque acepta la tesis planteada por San Ginés y afirma que las califica como graves "al realizarse en aquellas partes del sistema hidráulico calificadas de servicio público, como son la producción industrial y el abastecimiento de agua".
En el primer expediente, la sanción se estableció por producir agua sin título habilitante, ya que San Ginés había revocado ese permiso unos meses antes. En este segundo, abierto al mismo tiempo, se sostiene que la empresa incumplió las condiciones impuestas en la autorización para autoconsumo, dando lugar a la declaración de caducidad o revocación de la misma y que mantuvo una conducta intencionada dirigida a obtener un lucro ilegítimo con la venta de agua.
Además de las sanciones económicas, esta resolución contra la que aún cabe recurso vuelve a declarar la "clausura" de la desaladora, aunque también aclara de nuevo que deberá "quedar garantizado el abastecimiento". Al respecto, señala que el presidente, Pedro San Ginés, ya envió una "comunicación" el pasado 12 de mayo a la Consejería hablando de las "medidas" que adoptaría el Consejo para "garantizar" ese abastecimiento. Unas medidas que aún no ha hecho públicas y que hasta ahora no han podido llevarse a efecto, después de que los tribunales anularan la incautación de las instalaciones y frenaran también el intento de Canal Gestión de realizar obras sin permiso en ese plan parcial, que sigue siendo de titularidad privada, para intentar llevar hasta allí la red de agua.
