El Colegio de Abogados de Lanzarote ha remitido un escrito al Cabildo para pedirle que se persone en un procedimiento en el Tribunal Supremo (TS) para defender que la Audiencia Provincial debe seguir desplazándose a la isla a celebrar juicios. Esta petición surge después de que "un cierto número de magistrados" de la Audiencia Provincial recurrieran ante el Supremo la resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que obliga a las diferentes secciones penales a celebrar vistas orales en Lanzarote y Fuerteventura, si los hechos delictivos se han cometido en estas islas.
El presidente del Colegio de Abogados, Francisco Torres Stinga, cree que sería "conveniente" este apoyo de la primera institución insular para "defender los derechos de los ciudadanos conejeros". Torres Stinga ha señalado que si prospera este recurso, los magistrados "quedarían facultados para celebrar los juicios en Las Palmas de Gran Canaria".
Si esto ocurre, "un número importante de personas, entre perjudicados, abogados, peritos y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado", entre otros, deberán desplazarse a Gran Canaria. "No sólo se aleja la Justicia del ciudadano, sino que, además, produce desigualdad y un manifiesto retroceso en la prestación de un servicio público esencial como es la Administración de Justicia en una isla cuya población supera los 145.000 habitantes de derecho", ha recordado el presidente del Colegio de Abogados de Lanzarote.
De prosperar la pretensión de este grupo de magistrados, Torres Stinga ha advertido de que "se pondría en grave riesgo un principio básico como la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, convirtiendo a los conejeros en ciudadanos de peor derecho que los de las islas capitalinas". Asimismo, ha señalado que se "puede llegar a producir una importante quiebra no sólo de los derechos jurídicos-procesales de los residentes de la isla, sino también de los derechos políticos y sociales del conjunto de la sociedad conejera".
Un año y medio sin Audiencia Provincial en Lanzarote
En marzo de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) disolvió la sala bis de la Audiencia Provincial en los Juzgados de Arrecife, donde se celebraban regularmente juicios penales. La Audiencia Provincial estuvo un año y medio sin trasladarse a Lanzarote.
Aunque esta sala bis nunca se llegó a recuperar, el Consejo General del Poder Judicial emitió una resolución y obligó a la Audiencia a desplazarse a Lanzarote y también a Fuerteventura a celebrar estos juicios penales, si los hechos se habían cometido en estas islas.
Desde el Colegio de Abogados de Lanzarote confían en que el Cabildo les apoye y se persone en este procedimiento en el Tribunal Supremo y también realizarán la misma petición al Cabildo de Fuerteventura, "puesto que también le afecta", según ha indicado Torres Stinga.
