El Colegio de Abogados de Lanzarote hizo pública su preocupación este jueves porque según informaciones recibidas, que son muy confiables, el Ministerio de Justicia no creará la totalidad de las unidades judiciales pedidas por el Gobierno de Canarias, entre las cuales se encontrarían los juzgados de lo Penal Número 3, Mixto Número 8 y de los Social Número 3, todos ellos de Arrecife, según advierte una nota de prensa remitida a los medios.
El decano del Ilustre Colegio de Abogados, Francisco Torres Stinga, dijo que de confirmarse la noticia "se nos condenaría a la precariedad". Torres Stinga recuerda que la petición de las nuevas unidades judiciales es una auténtica necesidad social, ya que es de público conocimiento y con pruebas contundentes que la Justicia en Lanzarote pasa por ser de las más deficitarias del país. "Cualquier limitación en el número de unidades judiciales para Lanzarote supondría, una vez más, condenar a la Isla a seguir una situación de auténtica precariedad", reiteró.
Un compromiso público
El Colegio de Abogados rememora que quienes intervinieron como interlocutores del Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero adquirieron el compromiso público de crear cuantas unidades judiciales fueron propuestas para la Isla, ya que los datos estadísticos así lo exigían.
El Colegio de Abogados ha dirigido una carta al Ministerio de Justicia para que reconsidere la postura, recordándole que si no se atienden las peticiones de crear las citadas unidades judiciales, la Isla mantendrá el mismo e injusto "status" de los últimos años. "No es otro que el de una Isla marginada y con una Justicia anclada en el siglo XIX", subraya el decano de los letrados.
Recorderis a las promesas
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dijo el pasado 23 de septiembre en una visita realizada a Lanzarote que el Ejecutivo está presto al diálogo con el Gobierno de Canarias para que la política de incremento de unidades judiciales tenga la correspondencia en la aportación que en medios materiales e infraestructuras son competencia del Gobierno de Canarias.
El objetivo trazado en la presente legislatura, según el ministro canario, es la creación de 1.000 nuevas plazas de jueces y fiscales en España, de las cuales unas 600 serán de fiscales y las restantes 400 de jueces. Según el anteproyecto de ley de presupuestos para el año 2006, los recursos para la Justicia crecerán en más de un 12 por ciento. El Colegio de Abogados de la Isla espera que la inversión prometida se vea reflejada en solventar las necesidades de la maltratada Administración de Justicia de Lanzarote.
