Una trama que implicó a guardias civiles de distintos puntos de España, incluido uno que estuvo destinado en Lanzarote, ya tiene sentencia firme, tras resolverse el recurso de uno de los agentes contra el primer fallo.
En total, en la causa había más de 20 acusados, por participar en un entramado para cobrar indemnizaciones de forma fraudulenta, por un supuesto servicio de mudanzas del que en realidad no hacían uso.
En el juicio, casi todos los agentes implicados confesaron los delitos de fraude y falsedad documental, aceptando condenas solo de multa de 910 euros y de suspensión de empleo o cargo público durante tres meses y un día.
En el caso del guardia civil que estuvo destinado en el cuartel del Puerto del Carmen, antes de la vista devolvió el dinero defraudado, que en su caso ascendió a 7.614 euros. Ése fue el importe que recibió en 2013, cuando se trasladó desde el cuartel de Puerto del Carmen a otro de Barcelona, y presentó una factura falsa de una empresa de mudanzas para acceder a esa indemnización.
El servicio no llegó a contratarlo, pero de esa cantidad sí entregó 1.505 euros a las personas que intermediaron para que pudiera acceder a esa suma, según confesó en el juicio.
Agentes que se trasladaban entre Canarias y la Península
Del resto de agentes implicados, la mayoría también afrontaba traslados entre la Península y Canarias, aunque la trama se inició en Navarra, donde arrancó la investigación y se dictó el fallo de primera instancia.
Aquella sentencia consideró probado que un agente destinado en Pamplona fue quien “ideó junto a su esposa una trama mediante la que ambos, actuando con ánimo de ilícito enriquecimiento, se ocupaban de tramitar las solicitudes de indemnización por traslado de residencia (ITR)”, tras ponerse de acuerdo con otro de los acusados , que era el titular de la empresa Transportes y Mudanzas Carjusan.
Para cobrar esa indemnización, los agentes que afrontan un traslado y que requieren de ese servicio deben presentar tres presupuestos distintos, y la Guardia Civil les abona el importe del más bajo, “con el fin de que esa ayuda económica se destine al pago de la mudanza oficialmente aprobada”
En este caso, el agente de Pamplona contactaba con otros que iban a cambiar de residencia y “ se ocupaba de tramitar toda la documentación necesaria para la percepción de la Indemnización por Traslado de Residencia”. Así, según la sentencia, Carjusan “ofertaba el presupuesto más bajo de los tres que acompañaban la solicitud, lo que era posible gracias al conocimiento previo que tenían de las otras dos ofertas presentadas”.
Una vez que esa empresa resultaba adjudicataria del transporte, el guardia civil solicitante de la ayuda “se lucraba con la totalidad o la mayor parte de la ITR -que en determinados casos podía ascender a unos 9.000 euros-, y, al mismo tiempo”, el guardia que hacía de intermediario, su esposa y el empresario “cobraban una cantidad dineraria que les era abonada por el guardia civil beneficiario de la ITR, bien en metálico, bien mediante una transferencia bancaria, sin que la empresa Transportes y Mudanzas Carjusan llegase a realizar la mudanza”.
Por esa intermediación, recibían entre 937 y 1.836 euros del agente que cobraba la indemnización fraudulenta.
Confesiones, rebajas en las penas y un agente que recurrió
A los agentes que confesaron y que aceptaron la pena, se les aplicaron como atenuantes la confesión tardía y la reparación del daño, por haber devuelto el dinero. En cuanto a otro que no confesó, y que también fue condenado, recurrió el fallo y el Tribunal Supremo ha estimado ahora su recurso, aunque solo parcialmente, en lo relativo al dinero que tendrá que devolver como responsabilidad civil.
En concreto, establece que aunque en su caso tampoco consta “el traslado de enseres y muebles”, que fue lo que cobró indebidamente, sí pudo acreditar que pagó el traslado de su vehículo. Así, la nueva sentencia concluye que de la cifra a devolver se descontarán 1.302 euros, correspondientes a la factura del traslado del coche.
