El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de siete años y medio, en un caso, y tres y medio en el otro, a dos personas consideradas responsables de introducir varias partidas de cocaína desde la península a Lanzarote, una de ellas de cerca de 5.000 kilos.
También se les ha condenado al pago de un millón de euros de multa, a una de ellas, y a 6.000 euros a la otra.
De esta manera se hace firme el fallo emitido en su día por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria que luego fue ratificado por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y ahora por el TS.
A raíz de las investigaciones llevadas a cabo a principios de 2023 por la policía nacional de Arrecife, en Lanzarote, se tuvo conocimiento de un grupo que se dedicaba a la introducción y distribución en la isla de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y se identificaba al principal responsable.
La droga entraba tanto por vía marítima como aérea por medio de mulas y, a partir de entonces, la distribución recaía en el segundo procesado, una persona de la máxima confianza del principal.
De esta manera se organizó el traslado de una partida de cocaína a la isla el día 12 de abril a las 17:00 horas y para ello se utilizó a un tercer acusado quien llegó en esa fecha al puerto de Arrecife en un barco que procedía de Cádiz, donde lo aguardaban los otros dos.
Cinco paquetes de cocaína ocultos en el paragolpes
Tras abandonar el barco en un vehículo se descubrió que en su interior y más concretamente en el paragolpes, portaba cinco paquetes con un total de casi 5.000 kilos de cocaína con una pureza del 80% que hubiese alcanzado un valor de 531.000 euros en el mercado.
A partir de aquí se dictó auto para entrar y registrar dos viviendas en Lanzarote en las que se encontraron más partidas de cocaína, útiles para preparar su venta, 5.000 euros y armas de fuego sin licencia para su tenencia y uso o un reloj que valía 18.000 euros.
Registros en Alcorcón
También se intervino en la casa del principal encausado en la localidad madrileña de Alcorcón cantidades pequeñas de cannabis y metanfetamina con un valor de 50 euros en el mercado negro y licencia de armas expedida en la República Dominicana.
La investigación se inició por las manifestaciones de un confidente que identificó los nombres de los traficantes y vehículos que utilizaban, por lo que se autorizó la intervención de las comunicaciones y localizador de los coches y de los móviles.
En su recurso apelan a que este confidente nunca llegó a declarar en la vista pese a haberlo requerido las defensas, que las armas eran inservibles, que existía otra persona que en realidad actuaba como responsable de las operaciones y que residía en el piso de Alcorcón pero no fue identificada.
Defendieron ante el TS que sus condenas se fundamentan en indicios y que no quedó acreditado que tuvieran relación con la droga intervenida, y que nadie vio que la tuviera o que se la entregaran.
De hecho indican que cuando llegó el barco se encontraban a 20 metros de donde fue detenido quien la transportaba.
