El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de una de las piezas principales del caso Unión, en la que fueron condenados el líder histórico del PIL, Dimas Martín, y otras nueve personas, por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación y fraude. El fallo rechaza los recursos presentados por Martín y por otros dos acusados -el ex concejal del PIL Antonio Machín y el empresario Manuel Gregorio Reina Fabre- haciendo firmes las condenas.
La sentencia que ahora ha sido ratificada, y que se dictó hace ya tres años, señalaba a Dimas Martín como "el verdadero "muñidor" de la trama corrupta, centrada en el Ayuntamiento de Arrecife, donde en ese momento gobernaba su partido. En su caso, deberá cumplir una pena de siete años y cinco meses de prisión y 22 años de inhabilitación, y abonar una multa de 4.200 euros y otra de 219.000 euros, correspondiente al dinero que recibió en sobornos de distintos empresarios. Además, de forma solidaria con otros acusados, tendrá que devolver al Ayuntamiento 129.985 euros, que fueron malversados con el pago de facturas falsas.
La pena es aún mayor para el exconcejal de Parques y Jardines, Antonio Machín, condenado a 8 años y un día de cárcel, 18 de inhabilitación y una multa de 95.000 euros, junto a la obligación de devolver solidariamente al Ayuntamiento de Arrecife 79.406 euros.
El otro ex concejal del PIL que se volvió a sentar en el banquillo en esta pieza, Ubaldo Becerra, deberá cumplir 4 años y dos meses de prisión y abonar una multa total de 70.900 euros, junto a la devolución del dinero malversado. En su caso, se rebajó la pena al aplicar como atenuante su confesión y la "colaboración con la Justicia".
Junto a Becerra, en este juicio también confesaron el ex interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, el que era jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, el ingeniero Antonio Cárdenas y algunos de los empresarios acusados de recibir adjudicaciones fraudulentas o de cobrar facturas falsas a cambio de sobornos.
"La historia negra corrupta que asoló Arrecife"
"Esto sobrepasa el concepto mismo de la corrupción. Todo tenía que pasar por el filtro de Tahíche, por la mirada carcelaria de un recluso. No hay artículo del Código Penal que recoja este nivel delictivo, esa sumisión", señaló el fiscal Javier Ródenas al presentar sus conclusiones durante el juicio, describiendo la "historia negra corrupta que asoló el Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2007 y 2009".
Para Carlos Sáenz, que ya acumula varias condenas a sus espaldas, la pena es de tres años y medio de prisión e inhabilitación absoluta por espacio de cinco años, además de la obligación de devolver solidariamente al Ayuntamiento 129.985 euros.
En cuanto a Rafael Arrocha, que también ha estado en prisión por otra condena anterior, en este caso se le impone solo una multa de 2.160 euros, por el delito que reconoció de revelación de información reservada. También Antonio Cárdenes aceptó una condena solo de multa, en su caso de 4.225 euros, por un delito de aprovechamiento de información reservada.
Cuatro empresarios condenados
Respecto a los empresarios que cobraron facturas fraudulentas del Consistorio, la sentencia condena tanto a los que confesaron durante el juicio como a los que intentaron negar los hechos, rebajando las penas en el caso de los que admitieron los delitos.
Así, a Antonio Gómez Ruiz le impone una pena de un año de prisión, tres de inhabilitación y una multa de 10.000 euros por delitos de cohecho y malversación de caudales públicos; a Manuel Gregorio Reina Fabre dos años y seis meses de prisión, seis y medio de inhabilitación y multa de 4.000 euros; y a Jesús Manuel Martín Brito un año y tres meses de prisión, tres de inhabilitación y multa de 50.000 euros por los mismos delitos.
Por su parte, a Samuel Lemes, que no estaba acusado de cohecho, le condena por malversación, fraude y falsedad documental a un año y seis meses de prisión y a tres de inhabilitación. Además, todos ellos tendrán que devolver al Ayuntamiento las cantidades que cada uno cobró indebidamente.
Junto a los diez condenados, en el banquillo se sentaron otras dos personas que resultaron absueltas. Una fue la responsable de Contratación de Arrecife e hija de Dimas Martín, Elena Martín, y el otro el empresario Juan Francisco Rosa.
Además, estaban acusados en esta pieza el ex concejal del PIL José Miguel Rodríguez y el que era mano derecha de Dimas Martín, Matías Curbelo, pero ambos fallecieron antes de que llegara el juicio. Durante la instrucción, los dos confesaron los delitos.
La sentencia vuelve a avalar la instrucción
En los recursos que han sido rechazados, tanto Dimas Martín como Antonio Machín alegaban supuestas vulneraciones de derechos durante la instrucción de esta causa, reiterando los mismos argumentos que ya han sido rechazados en otras piezas del caso Unión.
Durante años, éstos y otros acusados intentaron imponer en la opinión pública sus tesis y sus acusaciones contra el juez instructor, contra los fiscales y contra los agentes de la UCO que intervinieron en esta causa, e incluso se llegaron a presentar querellas contra ellos, que ya fueron archivadas.
El procesado que más abanderó esa estrategia fue Luis Lleó, con quien se inició esta causa. Finalmente, al llegar a juicio, Lleó terminó confesando los delitos que se le imputaban. Ahora, en otra de las piezas centrales de Unión, el Supremo ha vuelto a avalar la instrucción, rechazando los alegatos de los condenados.
De las piezas en las que se dividió esta causa, solo falta por juzgarse una, relativa a la etapa de María Isabel Déniz en la Alcaldía de Arrecife. Después de años de retrasos, finalmente esa vista, que sentará también en el banquillo al exsecretario, Felipe Fernández Camero, ya tiene fecha para el próximo mes de abril.
