El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife ha condenado a una mujer, víctima de trata de seres humanos, a desalojar una vivienda que había ocupado en la capital de Lanzarote y a indemnizar a su propietario por los daños y perjuicios ocasionados. La defensa del propietario fue ejercida por el letrado Erardo Ferrer.
En una sentencia pionera, el magistrado Jerónimo Alonso Herrero ha instado a la condenada a que pague 5.100 euros, en concepto de daños y perjuicios por los 17 meses que vivió en el inmueble sin pagar un alquiler, y otros 2.000 euros, en concepto de daños morales.
Al mismo tiempo, ha absuelto al propietario del inmueble del delito leve de coacciones que inicialmente se le había imputado por cambiar la cerradura del portal de la vivienda mientras ella vivía en su inmueble.
Además, la condenada tendrá que hacer frente al pago de la mitad de las costas procesales, mientras la otra mitad será declarada de oficio, así como a pagar una multa de 180 euros.
En la vivienda desde el 31 de enero de 2024
La vivienda pasó por varias manos. Primero fue alquilada por una mujer que dejó de pagar sus mensualidades, terminó marchándose del inmueble y la vivienda quedó en manos del yerno de esta. El yerno abandonó la propiedad en febrero de 2025 y dejó en ella a una inquilina, la condenada en esta causa, a cambio de pagarle 300 euros al mes. Cuando él se marchó ella cambió la cerradura de la puerta de la vivienda.
Según los hechos probados de la sentencia, el pasado 31 de enero de 2024, la mujer se instaló en la vivienda de la capital lanzaroteña y siguió viviendo en ella hasta, al menos, finales de agosto de 2025. Sin embargo, no tenía ningún título que acreditara que podía vivir legalmente en ese inmueble.
Durante el juicio, ella acreditó que era víctima de trata de personas y que solo cobraba el ingreso mínimo vital, sobre 258,81 euros al mes. Sin embargo, el Juzgado ha señalado en su fallo que la mujer debía haber "agotado todas las medidas necesarias en el ámbito legal" para poder atajar su "situación de necesidad" y haber acudido a los servicios sociales para "obtener una respuesta a su necesidad habitacional".
El 17 de febrero de 2024, cuando ella llevaba viviendo más de dos semanas en la vivienda, el propietario del inmueble cambió la cerradura de la puerta del portal. Aquel día, ella presentó una denuncia ante la Policía Nacional. Fue entonces, cuando el propietario descubrió que había una persona ocupando el inmueble y la denunció por usurpación aquella misma tarde.
El proceso por el delito leve fue iniciado por la Policía Nacional de Arrecife en abril de 2024 y el juicio oral se celebró el 29 de julio de 2025. La condenada puede recurrir la sentencia o acatarla. En el caso de no pagar la multa, de dos euros al día, tendrá que realizar trabajos a la comunidad o cumplir una pena de privación de libertad, que puede ser en régimen de localización permanente.
