Reconoce que compartió vídeos de pornografía infantil y acepta dos años de prisión que no cumplirá

La Fiscalía pedía inicialmente 7 años de cárcel para este vecino de Haría, pero han alcanzado un acuerdo de conformidad antes del juicio que se iba a celebrar este lunes

El acusado de compartir vídeos de abuso sexual infantil. Fotos: Sergio Betancort
El acusado de compartir vídeos de abuso sexual infantil. Fotos: Sergio Betancort

El acusado de descargar y compartir vídeos de abuso sexual infantil ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de dos años de prisión, que además se ha establecido que no cumplirá.

Inicialmente, la Fiscalía pedía 7 años de cárcel para este vecino de Haría por un delito relativo a la prostitución y corrupción de menores, pero han llegado a un acuerdo de conformidad rebajando la pena, ya que además se ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas. Y es que, según se ha puesto de manifiesto, la causa estuvo paralizada casi tres años.

El acuerdo ha sido ratificado este lunes ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, por lo que no ha llegado a celebrarse el juicio. "La verdad que no he entendido bien todos", ha respondido el acusado, después de que el presidente de Sección Sexta de la Audiencia Provincial, que en este ocasión no se ha desplazado a la isla sino que ha intervenido mediante viodeoconferencia, le preguntara sí reconocía los hechos de los que se le acusaba. "Sí, estoy de acuerdo", ha manifestado sin embargo acto seguido el procesado, afirmando que también aceptaba la pena que se le imponía. 

Además de a dos años de cárcel, a Antonio Virgilio O.H. se le ha impuesto la pena de inhabilitación especial durante cinco años para cualquier profesión que conlleve contacto con niños. Además, se ha acordado que se le imponga la medida de libertad vigilada, consistente en la prohibición de toda actividad que implique tener bajo su cuidado o cuidado a menores de edad o contacto con ellos durante cinco años y en la participación en programas de educación sexual para pedófilos.

Juicio contra el acusado de compartir vídeos de abuso sexual infantil

En cuanto a la pena privativa de libertad, después de que el abogado de la defensa lo solicitara, se ha acordado su suspensión durante un plazo de tres años. Así, el acusado no entrará en prisión aunque, eso sí, siempre que cumpla las medidas de libertad vigilada y que no se acerque a ningún lugar frecuentado por menores de edad. 

 

Más de un millón de archivos de contenido pedófilo

Antonio Virgilio O.H. fue detenido en enero de 2017, a raíz de una investigación del equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil, que tuvo conocimiento de un intercambio de archivos de contenido pedófilo por Internet, consiguiendo identificar la IP de este usuario. 

“Se descargó 34 archivos explícitos de abuso sexual infantil que constituyen vídeos de contenido inequívoco pornográfico infantil, que han estado a disposición de un número indefinido de usuarios a través de la Red Edonkey”, se recogía en el escrito de acusación de Fiscalía, que ha sido aceptado por el acusado. 

Juicio contra el vecino de Haría acusado de compartir vídeos de abuso sexual infantil

Además, en un registro en su domicilio, los agentes encontraron muchos otros archivos de niños y niñas sin ropa o en actitudes sexuales explícitas. Solo en un disco duro externo tenía más de un millón de archivos de contenido pedófilo, además de otras fotografías y vídeos que guardaba en varios pen drive. 

En esos archivos, aparecían desnudas algunas niñas de tan solo 7 años, mientras que a otras, de entre 10 y 14 años, se las veía masturbándose. También había decenas de imágenes centradas “en los genitales femeninos de las niñas". “Los hechos fueron realizados por el acusado sabiendo que cada vez que iniciaba la descarga de un archivo de dicha plataforma se convertía en servidor para otros de la parte del archivo informático que se iba descargando, poniendo a disposición de cualquier usuario del programa eMule el archivo en cuestión, de modo que un número indeterminado de personas han podido acceder, ver o almacenar algunas de las mencionadas imágenes”, sostenía Fiscalía, que consideraba que el acusado “realizaba tales actos movido por su atracción sexual hacia los menores de edad”.

 

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