Los técnicos del Gobierno de Canarias que han declarado este miércoles como acusados en el caso Stratvs han achacado a "un error" las contradicciones que existen en los documentos que ellos mismos firmaron para autorizar esa nueva bodega en el espacio protegido de La Geria. En el caso de Faustino García Márquez, emitió una propuesta negativa en octubre de 1998, pero solo unos meses después pasó a informar a favor, con los mismos informes que antes le habían llevado a denegarla.
"Le puse un énfasis excesivo y erróneo porque quería dar una salida rápida negativa a esta solicitud", ha afirmado para explicar su primera propuesta. Antes de emitirla, había solicitado un informe al Cabildo y otro a la Consejería de Agricultura. El primero, advertía que se trataba de un espacio natural protegido y que en La Geria estaba prohibida cualquier construcción aérea o que implicara movimientos de tierra. El segundo, concluía que autorizar una bodega de esas dimensiones no estaba justificado teniendo en cuenta la superficie de cultivo que iba a ir asociada a ella.
"Estaba cansado. Interpreté de forma rápida pero no era un informe negativo. Era un reparo", ha sostenido el que entonces era jefe de Servicios de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, que ha hecho hincapié en el volumen de trabajo que tenían en esos años. "¿Y por qué cambio de criterio meses después? ¿Por qué pasó de decir que el informe de la Consejería era desfavorable a decir que no lo era?", le ha preguntado la fiscal, Elena Herrera. "Lo que hice fue solucionar un error, corregir una propuesta errónea", ha insistido García Márquez. En medio, según ha explicado, solo había recibido un elemento nuevo: las alegaciones presentadas por el promotor, que entre otras cosas pasó a vincular más metros de cultivo a la obra que pretendían realizar. Pero para cambiar la propuesta no se pidió un nuevo informe a la Consejería, y tampoco se verificó si ese dato sobre la superficie de cultivo era cierto. "La ley no lo exigía para este trámite", han señalado al respecto.
"Depende de cómo se haga el movimiento de tierra"
En cuanto al informe del Cabildo que advertía de que en La Geria estaban prohibidas por el Plan Insular las obras que implicaran realizar movimientos de tierra, tanto García Márquez como el otro técnico acusado, Armando Villavicencio Delgado, han sostenido que eso es algo que hay que "interpretar" y que "depende de cómo se haga".
"En La Geria hay movimientos de tierra todos los días", ha señalado Faustino García Márquez en referencia al trabajo de los agricultores, y destacando que también está permitido construir aljibes enterrados. Lo que no ha negado, a diferencia de lo que hizo su abogada en la primera jornada del juicio, es que La Geria es un espacio natural protegido. No obstante, defendido que al no haber sido desarrollado con un planeamiento específico, es necesario "interpretar" lo que señala el Plan Insular y "no aplicar una frase sin tener en cuenta el resto". Así, ha insistido en que el PIOT también habla de la importancia de propiciar la industria vitivinícola en la isla para poder mantener ese paisaje.
Sobre por qué no pidió de nuevo informes tras recibir las alegaciones del promotor y antes de cambiar el sentido de su propuesta, ha reconocido que "podría haberlo pedido". Sin embargo, ha añadido que ya se había vencido el plazo para responder a la solicitud hacía seis meses, por lo que entendía que ya se había autorizado por silencio administrativo.
"El silencio positivo es para intervenciones que sí están previstas en el planeamiento, pero para las que no lo están, es negativo", le ha recordado la fiscal. "Sí, es correcto... Pero ésta es una actuación no prevista expresamente, pero tampoco prohibida", ha agregado el técnico, insistiendo en que "depende del movimiento de tierras" para ver si una obra está afectada por esa prohibición. En cualquier caso, ha subrayado que lo que él propuso autorizar "no era un complejo turístico", era un almacén-bodega soterrado de 900 metros cuadrados, que nada tiene que ver con lo que se terminó construyendo en Stratvs.
Un trámite "difuso" y "con vicio de informalidad"
Lo que ninguno de los tres acusados del Gobierno canario ha podido aclarar es cómo llegaron las alegaciones del promotor al Ejecutivo, a través de un fax de Galerías Rosa, cuando aún no había una resolución definitiva sino solo una propuesta técnica, que no es habitual que se traslade al interesado. "Es un trámite difuso", "hay cierto vicio de informalidad", ha respondido por su parte el que entonces era director general de Urbanismo, Juan César Muñoz Sosa, que ha hecho hincapié en que ese trámite solo implicaba una autorización previa del Gobierno canario, ya que después el Ayuntamiento debía otorgar la licencia de obras analizando otros parámetros.
"Caballero, esto es un acto previo reglado", le ha respondido la fiscal, ante lo que Muñoz ha retirado el término "difuso". No obstante, ha insistido en que el procedimiento sí era "muy abierto" y en que "los interesados llamaban por teléfono" o "tenían una entrevista con un técnico" mientras se tramitaba el expediente. Sin embargo, el otro punto que ha quedado sin aclarar es por qué Juan Francisco Rosa actuó como "interesado" en ese expediente cuando en teoría no lo era. Ni siquiera figuraba como solicitante de la autorización ni era tampoco el dueño de los terrenos -su nombre no apareció vinculado a esta bodega hasta muchos años después-, pero aún así recibió notificaciones del expediente e incluso las alegaciones a lo que en ese momento solo era una propuesta técnica se remitieron al Gobierno de Canarias desde un fax de su empresa.
"Conocía a Juan Francisco Rosa como todo el mundo. Soy una persona mayor y estoy metido en este sector, así que lo conozco", ha respondido Juan César Muñoz Sosa a preguntas de la fiscal, que ha insistido en saber qué tipo de relación mantenían. "Como podía tenerla con un montón de personas relacionadas con el sector", ha añadido el ex director general de Urbanismo de Canarias, que ha negado que él diera alguna indicación a los técnicos de que debían autorizar esta bodega.
Éstos, por su parte, han afirmado que desconocían que el verdadero promotor del proyecto era Rosa y a preguntas de su abogada han afirmado que el empresario no les ofreció ninguna "dádiva ni prebenda" para que informaran favorablemente. "No lo conozco. Lo conocí ayer", ha señalado el otro técnico acusado, Armando Villavicencio Delgado, asegurando que hasta que empezó el juicio este martes ni siquiera había visto personalmente a este empresario.
No se dio audiencia a los legítimos dueños del terreno
La solicitud de autorización al Gobierno de Canarias se presentó a nombre de Piedad del Río, que es la mujer de otro de los acusados, el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana. Según ha declarado él mismo durante el juicio, él era el titular de una parte de la finca, que procedía de una herencia y que tenía varios dueños. Los demás, pertenecientes a la familia Negrín, estuvieron personados en esta causa como acusación particular, pero se retiraron poco antes del juicio, cuando hace un año Rosa les compró por fin los terrenos donde había levantado Stratvs.
"Como jurista, ¿no dio usted trámite de audiencia al resto de propietarios?", le ha preguntado la fiscal a Villavicencio. "El expediente no lleva título de propiedad", ha respondido el acusado. La fiscal ha pedido entonces que se le mostrara el expediente, para el que entre otras cosas se aportó una escritura de compraventa de solo una doceava parte de esa finca por parte de Miguel Ángel Armas Matallana y Piedad del Río. "Debo decir que es la primera vez que la veo", ha asegurado el técnico al mostrarle el documento. "Para mí no había más interesado que Piedad del Río", ha insistido, cuando la fiscal le ha recordado que la ley exige cumplir ese trámite en cualquier expediente de un terreno con varios propietarios.
Por su parte, Armas Matallana ha declarado que llegó a un acuerdo con Rosa para construir la bodega y rehabilitar la casa que existía en esa finca, aunque ha asegurado que como arquitecto no intervino en el resto de las obras que no estaban autorizadas en la licencia, como la construcción del restaurante y las terrazas. Respecto a la solicitud de los permisos, ha afirmado que aunque se tramitaron a nombre de su mujer, dejaron las gestiones en manos de Juan Francisco Rosa, hasta que en 2005 decidieron desvincularse cuando vieron que "lo que quería hacer era una obra muy grande".
