El Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife ha decidido dejar en libertad, con la única obligación de designar un domicilio a efectos de ser notificados, a 44 de las personas que arribaron el pasado viernes a Lanzarote como polizones en un remolcador neerlandés. Todos ellos mostraron ante el tribunal su intención de solicitar protección internacional. De este modo, rechaza la petición de la Subdelegacción del Gobierno de España en Canarias que había solicitado su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros.
Mientras tanto, otro de los migrantes continúa este lunes en el hospital. Otras dos personas ya habían solicitado protección internacional en el mismo Puerto de Arrecife y el resto son menores migrantes no acompañados.
La jueza ha enmarcado el supuesto como un rescate humanitario en alta mar y expone que "ni siquiera está acreditado" que las 49 personas que viajaban de forma clandestina en el barco tuvieran intención de entrar de forma irregular a España, ya que el Zwever 3, el barco en el que viajaban, tenía como puerto de destino el de Antewerpen en Bélgica.
Los hechos se remontan al pasado 29 de julio, cuando la embarcación Zwever 3 salió del puerto de Dakar, en Senegal, con rumbo a Bélgica. Según explicó el Consorcio de Emergencias a La Voz, cuando este barco pasaba entre el continente africano y Canarias se percató de que había 49 personas ocultas, ancladas "a un cable" y pidió desembarcarlas en Lanzarote.
Inicialmente, la Delegación del Gobierno de España en Canarias informó de que le había solicitado al armador del barco una fianza de un millón de euros en concepto de manutención de los polizones y de los billetes de regreso a Senegal. Sin embargo, finalmente se les concedió la entrada al Puerto de Arrecife por "razones humanitarias".
Desde entonces, 44 personas han permanecido en Puerto Naos, donde hay habilitadas carpas y contenedores para que las personas migrantes puedan dormir y asearse, en mitad de una ola de calor que ha activado la alerta máxima en las islas. De los 49 polizones que viajaban en la embarcación, tres son menores indubitados (de los que no había duda que fueran menores) y fueron trasladados a recursos del Gobierno de Canarias la pasada semana, según la información trasladada por la Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias a este medio.
Mientras tanto, este lunes otras tres personas han declarado ante el Juzgado ser menores de edad, por lo que pasarán a los recursos regionales, donde esperarán a los resultados de la prueba de determinación de la edad para confirmar que tengan menos de 18 años, según ha informado la Oficina de Comunicación de los Juzgados a este medio.
El órgano de Instrucción defiende que la medida para la entrada en un Centro de Internamiento de Extranjeros, para su posterior expulsión del país, no es la medida "más adecuada" para personas que entrar a el país de forma irregular y que existen "medidas alternativas menos coercitivas" por la comisión de esta infracción administrativa.
Además, expone que los solicitantes de protección internacional no pueden ser internados en un Centro de Internamiento de Extranjeros ni expulsados del territorio nacional hasta que se resuelva su situación.
