El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha suspendido de forma cautelar la expulsión del consejero del Cabildo de Lanzarote Juan Manuel Sosa como miembro del Grupo Nacionalista de la corporación, así como su consideración como no adscrito.
En un auto notificado este viernes y al que ha tenido acceso EFE, el Juzgado estima las medidas cautelares solicitadas en su día por el consejero Juan Manuel Sosa para que se suspendiera su expulsión del grupo político Nacionalista en el Cabildo de Lanzarote (acordada por los consejeros de Coalición Canaria) y su consideración como consejero no adscrito, "con las limitaciones que a sus derechos económicos y políticos se derivan".
El Pleno del Cabildo de Lanzarote el pasado 14 de enero tomó conocimiento del acuerdo adoptado por los demás consejeros del Grupo en esa corporación (todos ellos miembros de Coalición Canaria) para expulsar a Juan Manuel Sosa (miembro del partido político San Borondón, que concurrió a las elecciones en la lista de Coalición Canaria tras un acuerdo electoral alcanzado entre ambos partidos).
Sosa pasó desde ese momento a tener la consideración de consejero no adscrito y, por tanto, se le aplicaron legalmente restricciones de derechos políticos y económicos.
Hace alguno meses y tras surgir discrepancias con varios miembros del grupo de CC, Sosa decidió incorporarse al grupo de gobierno del Cabildo, liderado por la socialista María Dolores Corujo, impidiendo así la posibilidad de que se pueda presentar una moción de censura contra la actual presidenta.
Fue entonces cuando sus ex compañeros del Grupo Nacionalista del Cabildo, liderados por el ex presidente de la Corporación Pedro San Ginés, decidieron su expulsión, iniciando entonces gestiones tendentes a lograr la dimisión del consejero, única fórmula para facilitar la presentación de una moción de censura contra la actual presidenta socialista del Cabildo.
Tras ser expulsado del Grupo Nacionalista y pasar a la condición de consejero no adscrito, Juan Manuel Sosa interpuso un recurso de protección de derechos fundamentales ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, en el que solicitó la adopción de medidas cautelares consistentes en la suspensión de su expulsión y de su pase a la condición de no adscrito, que han sido estimadas por el Juzgado en la resolución que acaba de dictarse.
"Afectación de un derecho esencial"
En los fundamentos de su decisión, el juzgado razona que "la necesidad del proceso para obtener razón no debe convertirse en daño para el que tiene la razón", de tal modo que quien actúa alegando unos principios legales o constitucionales aparentemente fundados, ejercita un "buen derecho" que debe prevalecer frente a quien solamente se ampara en preceptos reglamentarios o en razones meramente coyunturales, todo ello en una valoración provisional, y sin prejuzgar lo que en su día se declare en los autos principales".
Según el auto judicial, en el presente caso existe "la posible afectación de un derecho tan esencial como es el contenido en el art 23.1 de la Constitución Española, así como la irreparabilidad del daño que reconoce la propia administración, y el hecho de que los intereses generales no se verían gravemente dañados", por lo que "procede acceder a la medida y acordar la suspensión interesada".
El Ministerio Fiscal se mostró a favor de las medidas cautelares solicitadas por Juan Manuel Sosa y en su informe alegó que "la medida cautelar quedaría justificada por la concurrencia del 'periculum in mora' o retardo por mora procesal y sus consecuencias, que podrían hacer devenir en inviable el resultado del pronunciamiento judicial, en caso de ser estimatorio, y la pérdida de derechos" del consejero.
Investigación penal a San Ginés
La Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó hace unas semanas al Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife investigar al expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés, de CC, por coaccionar supuestamente al consejero Juan Manuel Sosa para que dimitiera y le facilitara su regreso al gobierno.
Según recoge la denuncia presentada por Sosa el pasado día 13 de mayo, San Ginés le habría conminado a renunciar a su acta de consejero del Cabildo Insular de Lanzarote, amenazándole con la interposición de una querella por seguir cobrando su sueldo como portavoz de Coalición Canaria.
Según el relato realizado por Sosa en sede judicial, San Ginés le citó en su casa de Arrecife, donde le mostró en un portátil el texto de la querella que finalizaba con la solicitud de hasta seis años de prisión y la exigencia de reintegrar los 85.000 euros cobrados supuestamente de manera indebida, extremo este que ha sido reiteradamente desmentido por el Cabildo de Lanzarote y por el Gobierno de Canarias.
