Juicio por una estafa de 178.000 euros en Lanzarote, con violentas amenazas entre los acusados

​La Fiscalía pide 10 años y medio de cárcel para el principal procesado, que intentó “atemorizar” a dos de sus cómplices “para que no lo delataran”

I.L.

Periodista

Un coche de la Guardia Civil frente a los Juzgados de Arrecife
Un coche de la Guardia Civil frente a los Juzgados de Arrecife

Seis personas se sentarán en el banquillo entre el 15 y el 17 de diciembre acusadas de haber estafado más de 178.000 euros a varias entidades financieras, utilizando documentos falsificados para comprar a crédito coches y otros productos en comercios de Lanzarote, “a sabiendas de que en ninguno de los casos iban a llevar a cabo los correspondientes pagos”. Además, el principal procesado, I.R.M., deberá responder también por haber amenazado a dos de sus cómplices para que no confesaran.

I.R.M. fue detenido en octubre de 2011 y cuando se encontraba en dependencias de la Guardia Civil con otro de los acusados, M.M.D., la Fiscalía sostiene que intentó “atemorizarle para que no le delatase”, advirtiéndole que “si decía algo le pasaría algo a su mujer”. “Sé quién eres, dónde vives y tu mujer”, le habría dicho.

Además, después de quedar en libertad con cargos, envió un mensaje al móvil de otro de los acusados, que también había declarado ya en sede judicial. “Tú mismo, pronto tendrás noticias”, le advertía. Después, según la Fiscalía, el mismo día le envío otros dos SMS. “Q valiente eres, veras cuando menos t lo esperes, la visita q vas a recibir, cagón”, decía literalmente en uno de ellos. “Mañana es tu último día, y mejor q lo soluciones, x las buenas, si no luego va a ser el doble”, añadía en otro enviado poco después.

El Ministerio Fiscal pide para él un total de 10 años y medio años de cárcel (5 años y 6 meses por un delito continuado de estafa y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil y los otros cinco por dos delitos contra la administración de justicia, por amenazar a los coacusados). Además, pide que devuelva el dinero estafado a las financieras y que se le impongan cuatro multas que suman un total de  24.480, una de ellas por otro delito contra la seguridad vial.

Y es que el mismo año en el que se produjeron los hechos y se inició la investigación, I.R.M. fue sorprendido conduciendo por la LZ-2 sin carnet y “a velocidad excesiva, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial”. Tanto por este delito como por el de estafa, el acusado contaba ya con antecedentes penales, que se han aplicado como agravante por reincidencia. 

Para el resto de los acusados, N.A.P., M.M.D., J.L.R.R., U.M.D., y J.A.R.V., la Fiscalía pide penas de entre dos años y ocho meses y cinco años y medio de prisión, en función de la participación de cada uno en los hechos, así como multas que ascienden hasta los 4.950 euros, en el caso de la más elevada.

 

Presuntos cómplices en dos concesionarios

El juicio arrancará el 15 de diciembre en Arrecife, ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, y está previsto que se extienda durante tres jornadas, terminando el día 17 en Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos tuvieron lugar hace más de una década, entre los meses de abril y septiembre del año 2011. En ese periodo de cinco meses, según la Fiscalía, I.R.M. compró con nombre falso o a través de dos de sus cómplices -N.A.P. y M.M.D.- siete coches y cuatro motos, un sofá de 4.000 euros y una televisión y menaje de hogar por importe de 2.544 euros en distintos establecimientos de la isla, financiando todas las adquisiciones. Después, a los pocos días los vendía, antes de que las entidades financieras pudieran inscribir su reserva de dominio, y se quedaba con el dinero en efectivo.

Además, en dos de los casos no llegó siquiera a completar la compra y presuntamente se hizo con el dinero del préstamo con la complicidad del representante de uno de los concesionarios de motos, U.M.D.. Éste, según la Fiscalía, le entregaba a I.R.M. el dinero que le había dado la financiera al establecimiento, sin llegar luego a formalizar la adquisición, a cambio en una ocasión de 200 euros y en otra de 150 euros. U.M.D. fue uno de los amenazados tras declarar en los Juzgados.

Junto a él, también está acusado un trabajador de otro concesionario de coches donde realizaron la mayoría de las compras, J.L.R.R., que según la Fiscalía conocía que los documentos presentados para solicitar los préstamos eran falsos.

En cuanto al sexto procesado, se le acusa de haber contribuido a la estafa facilitando falsas nóminas de trabajo de una empresa de Playa Blanca a nombre de N.A.P., que era amiga del principal acusado y fue quien formalizó algunas de las compras. Otras de las nóminas falsas que emplearon, a nombre de las tres personas que realizaban las compras, fueron emitidas por U.M.D., que a su vez era trabajador de uno de los concesionarios de motos donde llevaron a cabo otras operaciones. Además de esas nóminas falsificadas, también presentaban otros documentos falsos, como facturas de teléfono y certificados de empadronamiento.

En uno de los casos, tras vender uno de los vehículos a un concesionario de segunda mano, lo volvieron a comprar solicitando un nuevo préstamo que tampoco abonaron.

 

Un trabajador de otro concesionario destapó la estafa

Finalmente, a finales de agosto de 2011 sus planes se frustraron en otro establecimiento, Moviauto Lanzarote S.L.. Ahí el principal acusado, I.R.M., intentó comprar un Citroën Berlingo utilizando un nombre falso. “Ante las reticencias de la financiera, ofreció al representante del concesionario la cantidad de 1.000 euros para que éste le ayudara a conseguir la operación con documentación falsificada, no accediendo éste a su propuesta y no llevándose a cabo la adquisición del vehículo”, señala la Fiscalía.

En total, el Ministerio Fiscal reclama que I.R.M. devuelva a cinco entidades bancarias y financieras la suma de 178.597,43 euros. De esa cantidad deberán responder de forma solidaria el resto de los acusados, cada uno en la cantidad que presuntamente contribuyó a estafar.

La segunda mayor pena se pide para N.A.P., la amiga del acusado que realizó personalmente algunas de las compras. En su caso, la Fiscalía le pide cinco años y medio de cárcel, mientras que para el otro “comprador”, que intervino en menos operaciones, solicita dos años y once meses.

En cuanto a los trabajadores de los concesionarios, para J.L.R.R. reclama cuatro años y medio de prisión y para U.M.D., dos años y ocho meses.

Por último, para J.A.R.V., acusado de aportar las nóminas falsas, pide dos años y ocho meses de cárcel.

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