La Audiencia Provincial ha rechazado el último intento de Javier Betancort de evitar su ingreso en prisión por el caso Montecarlo, en el que tanto él como otros dos acusados confesaron haber saqueado unos 300.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife. Ya el pasado mes de octubre, la Sección Segunda de la Audiencia desestimó su petición de suspender el cumplimiento de la pena, y en diciembre rechazó su recurso de súplica contra esa resolución.
Sin embargo, aunque ese auto ya era firme, la defensa de Betancort anunció otro recurso, ahora de casación ante el Tribunal Supremo. Esto ha retrasado el cumplimiento de la pena, pero la Audiencia acaba de responder recordando que contra la última resolución no cabían más recursos, por lo que lo desestima de plano y ordena que se continúe con la ejecución de la sentencia.
Mientras tanto, otro de los condenados en esa pieza del caso Montecarlo, el empresario José Vicente Montesinos, ya ha ingresado voluntariamente en prisión para cumplir la pena, concretamente en el centro penitenciario de Villena, en Alicante.
Tanto Montesinos como Betancort, que fue concejal del PP en San Bartolomé y actualmente es gerente de Lancelot Medios, ya habían sido condenados en otra pieza de Montecarlo centrada en ese municipio, donde Betancort era edil de Hacienda y autorizó pagos por servicios no prestados a las empresas de Montesinos. Después, tras dejar la política, Javier Betancort empezó a trabajar para este empresario y trasladaron la misma trama al Ayuntamiento de Arrecife, que fue investigada y juzgada en otra pieza de esta misma causa.
En ambos juicios, José Vicente Montesinos y Javier Betancort confesaron los delitos y consiguieron rebajar las penas que solicitaba inicialmente la Fiscalía, tras alcanzar un acuerdo de conformidad. En el caso de Betancort, eso supuso rebajar la condena de cárcel a menos de dos años -concretamente a año y medio-, lo que abría la puerta a suspender la ejecución de la pena. Sin embargo, aunque con la primera condena lo consiguió, con esta segunda no ha prosperado su intento. Y el motivo es que no ha pagado la responsabilidad civil que implicaba también esa condena, y que se había comprometido a abonar al aceptar el acuerdo de conformidad.
"No pretende pagar lo defraudado"
"No solo no se ha pagado dicha responsabilidad, sino que ya se anuncia que no se va a pagar”, señalaba la Audiencia Provincial en el auto en el que rechazó su petición de suspender el ingreso en prisión. “El recurrente desde el principio no pretende pagar lo defraudado, puesto que ni siquiera habla de cumplimiento parcial. No consta que haya abonado cantidad alguna, o que haya ofrecido bienes para su pago, o haya tratado de obtener algún tipo de financiación para cumplir con la responsabilidad civil, o que de algún modo haya mostrado su disponibilidad al pago. Esta pasividad del penado simplemente revela su voluntad de no abonar nada en absoluto de los 287.175 euros de dinero público defraudado, y por ello no se cumple una de las condiciones necesarias para dejar en suspenso la pena”, añadía el auto.
En el caso de José Vicente Montesinos, su pena sí superaba los dos años de prisión -de hecho fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel-, pero también pidió que se suspendiera la ejecución, alegando que fue condenado por más de un delito y que ninguna de las penas superaba individualmente esos dos años. Sin embargo, la Audiencia también rechazó su pretensión, no solo porque tampoco ha cumplido con el pago de la responsabilidad civil, sino también por la gravedad de los delitos y por su reincidencia.
Junto a José Vicente Montesinos y Javier Betancort, en esta pieza de Montecarlo volvió a ser condenado también el ex interventor de Arrecife y de San Bartolomé, Carlos Sáenz, que ya estaba en prisión cumpliendo otras condenas anteriores del caso Unión. En su caso, tras confesar también los delitos, en esta pieza se le impusieron tres años, tres meses y ocho días de prisión, más de seis años y medio de inhabilitación y al pago de una multa de 150.000 euros por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento oficial, cohecho y blanqueo de capitales. Además, se le condenó a devolver de forma solidaria con los otros dos acusados el dinero malversado.
En esta pieza también estuvieron investigadas otras dos personas, el ex alcalde de Arrecife Cándido Reguera (PP) -que era compañero de partido de Betancort y también estuvo imputado en la pieza de San Bartolomé, donde fue concejal de Hacienda antes que Betancort- y el ex concejal de Hacienda de Arrecife José Miguel Rodríguez (PIL), pero ambos fallecieron durante la instrucción. Antes de fallecer, Rodríguez también confesó haber autorizado los pagos de esas facturas a sabiendas de que los servicios no se habían prestado realmente.
Además, detalló que aunque los pagos se hacían a nombre de sociedades de Montesinos, era Javier Betancort quien “llevaba esas empresas” y esos contratos con el Ayuntamiento de Arrecife, y que Carlos Sáenz fue quien les presentó, diciéndole que había que hacerle "un favor". Para ello, además de supuestos servicios de asesoramiento, le encargaron la elaboración de pliegos de concursos cuyos precios "eran desorbitados", y que ni siquiera eran necesarios ni llegaron a entregarse. “No vi ningún pliego. Nunca se realizaron. Solo vi dos borradores y eran iguales, solo cambiaba el objeto”, confesó Rodríguez durante la instrucción, dejando un testimonio que después fue confirmado con la confesión en el juicio de los tres acusados.
