El Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa abierta hace una década contra el ex consejero de los Centros Turísticos, Carlos Espino, que estaba investigado en el procedimiento junto a otras cuatro personas. "La conclusión no puede ser otra que la de la exoneración", concluye el magistrado José Luis Ruiz Martínez, que hace unos meses reemplazó en este Juzgado al polémico juez Rafael Lis, que tiene una propuesta de sanción del Consejo General del Poder Judicial por su intervención en esta causa y que ya cumplió otra sanción por una falta muy grave en el ejercicio de su cargo.
En un auto de 15 folios, el nuevo juez comienza repasando todo lo ocurrido con estas diligencias, de las que afirma que han tenido una "tortuosa y ciertamente más que dilatada singladura". El procedimiento se inició en 2010 a raíz de una querella presentada por la dirección de los Centros Turísticos, presidida entonces por Ástrid Pérez, que gobernaba junto a Coalición Canaria. Además, previamente se había presentado otra denuncia ante la UCO por parte del ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, coincidiendo con el estallido público del caso Unión, en el que Espino fue denunciante.
Finalmente, ambas diligencias acabaron uniéndose y desde entonces, según el juez que acaba de acordar su archivo, han tenido un "insólito y sorprendente desfase en la secuencia procedimental", incluyendo recursos que no recibían respuesta por parte del anterior juez, cambios de nombres o apellidos de los investigados y citaciones que tardaban años en producirse de la mano de esos errores en el Juzgado. "Su adjetivación puede tildarse, sin llamada a equívocos, de absolutamente desafortunada", añade el magistrado, que entre otras cosas habla de una "injustificada ralentización" y también de "indolencia en la resolución de los numerosos recursos de reforma instando su nulidad".
Cuestiona la querella y el "nebuloso contexto bosquejado por la querellante"
En cuanto a la querella que inició el procedimiento y a la posterior ampliación que se presentó, el magistrado señala que contiene "un relato fáctico ciertamente profuso, confuso y difuso". Respecto a uno de los delitos imputados, el de cohecho, señala que ni siquiera "se conecta con los hechos plasmados en la querella" ni en el "nebuloso contexto bosquejado por la querellante".
Además, tras analizar los hechos relatados en la denuncia, los documentos aportados y las declaraciones prestadas durante la instrucción por investigados y testigos, concluye que tampoco hay indicios de malversación, prevaricación ni falsedad documental, ni por parte de Espino ni de las otras personas que continuaban investigadas en la causa, entre las que se incluían Antonio González Medina, Enrique José Gutiérrez Farez, Mario Alberto Perdomo y Gloria Valenciano. Respecto a otras personas que lo estuvieron en su día, señala que esas imputaciones fueron "afortunadamente dejadas sin efecto" hace ya años.
"Ha de descartarse cualquier género de participación", afirma el auto con respecto a los que fueron señalados como "cooperadores necesarios" en la ampliación de la querella presentada por los CACT bajo el mandato de Pedro San Ginés en el Cabildo. En cuanto a Espino, concluye que en todos los hechos denunciados e investigados consta la "existencia de contratos, ejecución de los mismos, ajuste de precios al mercado" e "intervención en el proceso de personas autorizadas", incluyendo en las obras realizadas en la cocina de Jameos. Respecto al aumento de precio que tuvieron esas obras, señala que fue de 44.890 euros, "lo cual no supone un incremento superior al 20% del total de la obra", por lo que entra dentro de lo "legalmente previsto". Además, reproduce declaraciones de testigos que relataron las "cuestiones técnicas imprevistas" que surgieron durante la ejecución de los trabajos, como "filtraciones".
Jiménez de Asúa "ha campado a sus anchas por el procedimiento"
El auto del nuevo titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife también cuestiona a su antecesor por el papel que permitió tener en esta causa a la polémica Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, que después fue expulsada por la Audiencia Provincial.
"Ha campado a sus anchas por el procedimiento", llega a señalar el nuevo magistrado, en referencia a las "variadas diligencias" que reclamó y que fueron atendidas por Rafael Lis. Además, subraya que esto tuvo su "punto álgido" cuando AJJA consiguió que el anterior juez dictara un auto que tilda de "insólito, si no temerario". En ese auto, y a petición de esta asociación de juristas, Lis impuso fianzas millonarias a los investigados. Y lo hizo, según el nuevo juez instructor, "sin abrir la preceptiva pieza de responsabilidad civil", sin dar audiencia a las partes y "sin el concurso de la querellante y del Ministerio Fiscal". Es decir, solo atendiendo a la petición de la acusación popular, ejercida por una asociación que ya había sido apartada de otros procedimientos al existir dudas sobre sus verdaderos fines, y que ha llegado a ser comparada por la Fiscalía con un "caballo de Troya con intereses bastardos".
Ese auto ya fue anulado por la juez sustituta que se hizo cargo del Juzgado mientras Rafael Lis cumplía una sanción de seis meses sin empleo y sueldo por una falta muy grave. El motivo de esa sanción estuvo en que Lis siguió interviniendo en una causa en la que había sido recusado por tener un "interés directo o indirecto", por sus vínculos con Juan Francisco Rosa, ya que la mujer del juez era abogada del empresario. Tras cumplir esa sanción Rafael Lis regresó al Juzgado, aunque hace unos meses dejó el cargo al llegarle ya la edad de jubilación. Fue entonces cuando se hizo cargo del Juzgado y de esta causa el nuevo magistrado, que a petición de los investigados les tomó declaración hace unas semanas y ahora ha decidido el archivo del procedimiento.
