Los Gobiernos de España y Canarias se reunirán una vez por semana cuantas veces sean necesarias hasta dar cumplimiento a los dos autos del Tribunal Supremo que ordenan al Ejecutivo central a acoger al millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están actualmente en los recursos de protección de las islas.
Esas reuniones serán grabadas y remitidas al Supremo y tendrán como objetivo primordial "dar una respuesta pormenorizada a cada menor demandante de asilo", ha explicado el portavoz del ejecutivo canario, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno autonómico este lunes.
Cabello ha proclamado que el archipiélago está "de enhorabuena" porque "parece que conseguimos avanzar en la respuesta" a dichos autos del alto tribunal, el más reciente del pasado 4 de junio.
Entonces se dio de plazo a la administración central hasta el próximo viernes, cuando deberá trasladar su "hoja de ruta", que contiene "tres premisas fundamentales".
Una de ellas, ha recalcado el portavoz del ejecutivo canario, es que el Estado dará acceso inmediato a su sistema de acogida de protección internacional a todos los menores que hayan presentado su solicitud de asilo en Canarias: los 1.130 que ya lo han hecho y todos los que lo hagan a partir de ahora.
Además, el Estado se compromete a exigir únicamente "los documentos esenciales" a cada menor para darles de alta en el sistema, y se tiene que dictar la resolución pertinente en el plazo máximo de tres días hábiles o cinco naturales.
El comité interadministrativo Canarias-Estado se reunirá una vez por semana "hasta que se entienda que cumple su finalidad", y trabará con "una idea de partida: cada menor estará donde mejor se puedan cumplir sus derechos".
Así pues, si un menor tiene arraigo en las islas, si cuenta con "una estructura alrededor y se entiende que su situación es mejor en la comunidad autónoma, no se forzará su salida", ha explicado Cabello.
En el caso de los menores que sean derivados, el Estado asumirá su guarda y demás obligaciones de forma compartida con la comunidad autónoma de destino, así como el coste de su traslado.
El comité estará formado por cuatro representantes de Canarias y otros tantos del Estado.
En paralelo, el Gobierno de Canarias sigue trabajando en otros aspectos a los que el Estado sigue sin dar respuesta, ha subrayado Alfonso Cabello.
Uno es la financiación del coste de la acogida de más de 5.500 menores migrantes no acompañados.
El otro, ha proseguido, es que comience a aplicarse la reforma de la ley de extranjería en lo que a la redistribución de menores entre las comunidades autónomas se refiere.
El Gobierno de Canarias pide que sea "antes del verano" y recalca: "se nos hace tarde la respuesta" de la administración central.
