El juicio contra los presuntos integrantes de un violento grupo criminal que introducía droga en Lanzarote arrancó este lunes en Las Palmas de Gran Canaria, aunque con la ausencia del principal acusado. El señalado como el líder de la banda no se presentó a la vista, por lo que fue declarado en rebeldía y se ha ordenado su busca y captura.
No obstante, el juicio arrancó con los otros 12 acusados, para los que la Fiscalía pide penas de entre dos y casi 10 años de cárcel y multas de hasta 800.000 euros, en función de la participación de cada uno en los hechos. Éstos incluyen no solo delitos de tráfico de drogas, sino también de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, lesiones y detención ilegal.
Entre otras cosas, varios están acusados de haber retenido durante horas a otro hombre que creían que les había robado parte de un cargamento de hachís. “Le encapucharon, le embridaron y, con ánimo de menoscabar su integridad física, le golpearon con un martillo en los dedos de los pies y las rodillas”, señala el escrito de acusación.
En cuanto al cabecilla, el Ministerio Fiscal solicitaba para él 15 años y tres meses de prisión, al considerarlo autor de todos los delitos, aunque al menos por ahora no podrá ser juzgado, al estar huido de la Justicia.
Locales y domicilios para ocultar la droga
Los hechos ocurrieron hace unos siete años, cuando el Equipo contra el Crimen Organizado de la UCO empezó a investigar a esta presunta banda, integrada por O.C.C., D.S.C., A.W.L., J.D.S., D.L.R., A.R.R., E.R.C., A.A.C.C., L..I.R.R., J.M.G.A., R.G.A., M.C.A., S.C.C. y M.E.C.L., todos ellos de nacionalidad española.
“Los procesados, concertados entre ellos y con otras personas cuya identidad no ha podido determinarse, planificaron el transporte marítimo de hachís desde el norte de África, con destino a la isla de Lanzarote mediante el uso de una embarcación dispuesta a tal efecto”, señala la Fiscalía.
A la cabeza sitúa a O.C.C., que operaba desde Lanzarote y desde Tenerife y “se encargó de planificar operaciones de adquisición de la sustancia estupefaciente, así como de organizar el transporte de la misma y final distribución en Lanzarote y siendo el principal receptor de los ingresos obtenidos con su venta”.
“Para ello contaba con la asistencia destacada y colaboración directa de los también procesados D.S.C., A.W.L., J.D.S.D.L.R. y A.R.R., quienes siguiendo las directrices de O.C.C., realizaron labores de preparación, para la introducción en la isla de Lanzarote de 2.500 kilos de hachís, buscando locales o domicilios a fin de ser utilizados como almacén de la sustancia estupefaciente y vehículos aptos para su transporte, así como encargándose de la distribución al por menor”.
Uno de ellos fue quien supuestamente avisó al líder, el 21 de octubre de 2016, de que les habían robado 270 kilos de hachís que tenían escondidos en Lanzarote, señalando como posible autor a A.G.T.
Fue entonces cuando presuntamente lo retuvieron ilegalmente en una casa abandonada, manteniéndolo 5 horas privado de libertad. “Sufrió lesiones consistentes en heridas excoriativas en ambas muñecas y hematoma nasal y en ceja derecha”, señala el escrito de calificación.
Además, añade que también adquirieron un coche y un camión, en los que crearon un doble fondo, para trasladar en barco la droga desde Lanzarote a otras islas.
Restaurantes de una franquicia para “blanquear” los ingresos
La operación policial, bautizada como Operación Corraliza, estalló el 14 de enero de 2016, cuando se produjeron las detenciones y los registros en varios domicilios de Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, por orden del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife.
En total, los agentes intervinieron casi 500 kilos de hachís, que en el mercado ilícito habría alcanzado un precio de 791.278 euros, así como 50 gramos de marihuana y 16,3 gramos de cocaína.
“Fruto de la venta de sustancias estupefacientes, el acusado O.C.C. obtuvo notorios beneficios económicos, y con el fin de otorgar apariencia lícita a tales ingresos, acordó con su madre, la también acusada M.E.C.L., constituir dos sociedades, participando en dicho entramado de blanqueo tanto O.C.C. y M.E.C.L., como M.C.A. Y S.C.C.”, añade la Fiscalía.
Para ello, señala que crearon una empresa “tapadera” y varias sociedades, con las que abrieron dos negocios de restauración de una franquicia. En el caso de las tres mujeres procesadas, se les acusa de un delito de blanqueo como cooperadoras.
Tras la intervención policial, cuatro de los detenidos fueron enviados a prisión provisional en enero de 2016, aunque terminaron saliendo entre ese mismo año y 2017. El que más tiempo continuó con esta medida fue el cabecilla, que quedó en libertad a la espera de juicio en febrero de 2018, y que este lunes no se presentó a la vista.
Durante la primera sesión del juicio, que está previsto que continúe hasta el próximo jueves ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, los abogados pidieron la nulidad de las pruebas, apelando a supuestas vulneraciones de derechos. Sin embargo, la Sala rechazó sus pretensiones y decidió continuar con la vista.
