La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha celebrado este miércoles el juicio oral en contra de Juan José Heredia, acusado de asaltar una vivienda en Argana y apalizar a una anciana para robarle en 2020.
Los hechos se remontan al 8 de enero del año de la pandemia. Juan José Heredia vivía en la misma calle de la víctima, a quien conocía porque el padre del acusado y el marido de la señora son primos hermanos.
Según el Ministerio Fiscal, a las 17.00 horas de la tarde de ese día, el acusado presuntamente entró a la vivienda, sabiendo que su dueña no solía cerrar con llave y que a esa hora dormía la siesta, para sorprenderla en el salón de la casa, golpearla con un martillo y robarle el dinero que solía guardar en su sujetador. Además, la Fiscalía le acusa de darle un martillazo en la cabeza, "sabiendo que podría causarle la muerte".
Además, el Ministerio Fiscal expuso ante la Sala el único testimonio de la víctima ante el órgano de instrucción el mismo año de los hechos, donde señaló que el acusado presuntamente "la tiró al suelo, le pegó contra los muebles y la arrastró por el suelo con las mangas de la chaqueta".
La mujer resultó herida de gravedad y tuvo que ser trasladada primero al hospital Molina Orosa, en Lanzarote, y luego a un centro hospitalario de Gran Canaria, donde permaneció ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos varios meses. Desde entonces, la anciana no escucha ni ve por el oído y el ojo derecho. Además, tenía miedo de volver a su vivienda por la cercanía con la del acusado.
Juan José Heredia negó que estuviera implicado en el robo en la vivienda. Según su testimonio defendido en sede judicial, Heredia había salido de su vivienda y, por casualidad, se habría encontrado con la víctima en la puerta de su casa y le habría preguntado cómo estaba su hijo, que llevaba un tiempo enfermo. Se sentó en un banco de la calle "cinco o diez minutos" a charlar con otros vecinos y volvió a su casa, donde se cambió de ropa. "Hacía calor porque era verano y me cambié de ropa", resaltó. A lo que la Fiscalía le recordó que los hechos fueron en enero.
Tras ello, Heredia aseguró que volvió a salir de la casa, esta vez a comprar tabaco al kiosko que estaba en la esquina de la calle y allí vio que le había pasado algo a su vecina. Según su versión, solo se acercó a la vivienda después de la agresión para ayudar, entró por la ventana de la casa, junto con el sobrino de la víctima y su pareja, para socorrer a la mujer. Una vez dentro, la anciana estaba tirada en el suelo, totalmente ensangrentada y con un martillo a su lado.
El sobrino de la víctima declaró este miércoles que al ver el martillo lo cogió y preguntó a la anciana si le habían golpeado con él. La Fiscalía mantuvo, con las declaraciones de los testigos en instrucción, que Juan José Heredia le quitó el martillo al sobrino de la anciana y salió de la vivienda visiblemente nervioso, haciendo aspavientos y diciendo que "iban a matar a quien hubiese hecho eso". Además, aseguró que trató de esconder el arma. Sin embargo, los testigos que habían revelado esta situación lo negaron en sede judicial o aseguraron que no lo recordaban tras cinco años.
Por su parte, el acusado aseguró que no trató de esconder el arma, ni hizo aspavientos. Además, confesó que en aquella época era consumidor de drogas, pero que acudió a un centro de desintoxicación y ahora vive en Tenerife con su familia. "Tengo la conciencia tranquila", señaló. A lo que añadió: "Esto entre gitanos es una vergüenza muy grande. Dios sabe lo que estoy pasando, me amenazaron y por eso me fui de aquí".
Varios testigos incurren en contradicciones
La celebración de la vista oral recogió el testimonio de seis testigos, ocho agentes que intervinieron en el operativo o analizaron las muestras y dos peritos forenses. Las primeras dos testigos en pasar por la vivienda de la víctima declararon que paseaban por la calle cuando escucharon los gritos. A pesar de que en un primer momento no atendieron a esta llamada de auxilio, al volver a pasar por la zona decidieron abrir la persiana de la vivienda que daba a la calle y vieron en el suelo a la mujer. Tras ello, alertaron a sus familiares, que vivían en pisos encima de su casa.
La celebración del juicio estuvo plagada de contradicciones de los testigos, a pesar de que la jueza resaltó la importancia de decir la verdad y no mentir si no se recuerdan los hechos y de que la Fiscalía recordó que mentir supone incurrir en un delito y que existe el derecho a emprender acciones legales por esas contradicciones. La primera de las contradicciones vino de la empleada del hogar que trabajaba en la casa donde Juan José Heredia vivía con su madre en Argana. Esta testigo aseguró en sede judicial que aquella tarde el acusado estuvo en su casa y que lo saludó. Sin embargo, en sus declaraciones previas ante la Policía Nacional y ante el Juzgado de Instrucción había dicho que no lo vio aquella tarde.
El sobrino de la víctima, que fue de los primeros en aparecer en la vivienda de la anciana tras ser alertado, resaltó que entró junto a su mujer por la ventana. En sede judicial aseguró que no se percató de si el acusado tenía o no actitud sospechosa y que llevó a su tía en su coche al hospital junto a su vecina. A pesar de que la víctima declaró en octubre de 2020 que había sido Juan José Heredia quien presuntamente la había agredido y que aquel mismo día, en el coche de camino al hospital se lo contó a su sobrino, el joven lo negó en sede judicial. "No vas a sospechar de alquien que te has criado con él", apostilló el hombre ante la Sala.
La mujer del sobrino de la víctima también contradijo su versión inicial. Aunque en una declaración previa en sede judicial había asegurado que durante una visita al hospital de Gran Canaria, la agredida le contó que había sido Juan José Heredia quien le apalizó y que no lo había contado durante las declaraciones policiales por miedo a las represalias, este miércoles negó que hubiera viajado a la isla vecina a a ver a la anciana y que esta hubiera señalado al culpable. La sexta testigo, que era inquilina de la familia y vecina, defendió que esa visita a Gran Canaria sí se realizó porque una vez en el hospital hicieron una videollamada para que esta vecina pudiera hablar con la víctima, pero niegan que en esa conversación la agredida acusara a alguien, en contra de sus testimonios previos.
En sede judicial comparecieron los agentes que tomaron las primeras declaraciones, los que acudieron a inspeccionar la vivienda de la víctima, los agentes que recogieron muestras en la vivienda del acusado y los que se encargaron de detenerlo varios días después en Playa Blanca cuando desembarcaba de un barco entre Fuerteventura y Lanzarote. En esta detención le incautaron 800 euros en efectivo y un billete ensangrentado, aunque cobraba una prestación por desempleo de 480 euros, ganancias que Heredia atribuye a la venta ambulante con la que sacaba dinero para mantener a sus hijos y niega que fueran parte de los más de 1.600 euros robados a la víctima.
Entre las pesquisas, los agentes analizaron la vivienda de Heredia y se llevaron prendas de ropa y dos alcachofas de la ducha, también se llevaron varias prendas de la casa de la víctima. Según ha señalado la policía científica, no encontraron ADN del acusado en la casa de la víctima, ni ADN de la víctima en la casa del acusado.
La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico con hemorragia intraventricular, varias fracturas faciales y de hombro y otras lesiones que pusieron en riesgo su vida. Pasó 70 días hospitalizada, seis de ellos en la UMI, y padece varias secuelas físicas. Además, no pudo comparecer en sede judicial por causa médica.
Por su parte, la defensa del acusado mostró "su indignación" y aseguró que es "un caso que no se sostiene por ninguna parte", que "en base a suposiciones no se puede enervar la presunción de inocencia". Además, cargó contra la instrucción, que ha calificado de "nefasta" y señaló que "se ha dilatado por cinco años".
La Fiscalía pide para el acusado, que tiene siete condenas anteriores, un total de 12 años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las condenas y el pago de las costas procesales por los delitos de robo con violencia y un delito de homicidio en grado de tentativa. Además, solicita de 15.152,86 euros en concepto de responsabilidad civil por el dinero presuntamente sustraído, los días de curación y las secuelas físicas.
