La Audiencia Provincial de Las Palmas ha juzgado este miércoles a un agente de la Guardia Civil acusado de dos delitos de coacción y otros dos de vejaciones, por los que el fiscal pide un total de cuatro años de condena en prisión, así como 15 días de multa por cada falta cometida a 12 euros diarios. Durante el juicio, la Fiscalía ha retirado la acusación inicial por amenazas y torturas, por los que en total pedía un año más de carcel para este agente de la Guardia Civil, que ahora apartado del cuerpo temporalmente debido a que se encuentra en tratamiento psiquiátrico.
Según se ha expuesto durante el juicio, el acusado, que en el año 2005 pertenecía a la sección de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil, se presentó en el domicilio de un ciudadano de origen árabe para pedir explicaciones por unas agresiones que había sufrido el hijo de su antigua pareja sentimental, supuestamente realizadas por ese individuo.
Los hechos, que acontecieron en 2005, sucedieron a raíz de que el hijo de la pareja sentimental del acusado pidiera a éste ayuda para localizar al supuesto autor de una paliza que había recibido. El agente de la Guardia Civil acudió a los apartamentos de San Fermín (Puerto del Carmen) acompañado del hijo y el tío de su pareja, así como de su jardinero, que hablaba árabe y serviría de intérprete lingüístico, para buscar al supuesto agresor.
El acusado, que se encontraba vestido de paisano, entró en el domicilio donde habitaba el supuesto agresor e insultó a su madre al ver que éste no se encontraba en el lugar, la cual llamó a la Policía Local de Tías asegurando que Francisco Sánchez le había amenazado con una pistola. La mujer realizó su declaración en la vista, el primer testimonio de los nueve que se sucedieron, explicando que tenía miedo del acusado y de posibles represalias, así como de que desconocía la pertenencia a la Guardia Civil de Francisco Sánchez y que su hijo no tenía nada que ver con todos los hechos.
Tras abandonar el domicilio de la mujer, según los testimonios aportados en el juicio, el acusado cogió por el cuello a un vecino de la zona que se encontraba en Playa Quemada, creyendo que era el autor de los golpes al hijo de su pareja, y al cual "amenazó con una pistola que le puso en la cabeza" e insultó gritándole "puto moro", según declaró un testigo de los hechos, residente del Centro de Internamiento de Menores de Tías que presenció las supuestas amenazas del agente al vecino, que en ningún momento se identificó como Guardia Civil, por lo que no incurrió en un abuso de autoridad.
El que por aquel entonces era jardinero del acusado, un joven de origen árabe, declaró durante el juicio su versión de los hechos, donde aseguró que el acusado no llevaba un arma cuando se produjo el incidente, aunque sí que cogió por el cuello a un joven amenazándolo. Una afirmación que coincidió con la declaración de otro testigo, una mujer que se encontraba en la misma casa a la que entró el acusado insultando a la madre del supuesto agresor, que cambió su declaración inicial (en la que aseguraba que el acusado portaba una pistola) afirmando que no llegó a ver si el agente iba armado, aunque asegurando que el imputado propició insultos raciales.
La ex pareja del acusado también intervino en el juicio mediante una videoconferencia, en la que explicó los hechos acontecidos según la versión de su hijo, ya que ella no se encontraba presente en el momento del incidente al encontrarse en las dependencias de la Guardia Civil, donde denunció los golpes que su hijo había recibido. Acto seguido, el hijo, que responde al nombre de Jonathan, declaró a través de una videoconferencia los hechos, asegurando que el acusado no utilizó un arma en ningún momento; una versión que coincidió también con el testimonio de otro testigo, el tío de la ex pareja del agente acusado, que aseguró haber presenciado también los hechos.
Otro de los testimonios que se recogieron fue el de un agente de la Guardia Civil, compañero del acusado, que remarcó que éste no había tenido ningún problema en su trabajo. Seguidamente intervino un agente de la Policía de Tías, que acudió al lugar de los hechos al ser alertado por la madre del agredido. El agente declaró que fue alertado por una llamada en la que hablaban de una pistola, aunque no se llegaron a reunir pruebas suficientes en el informe que aseguraran que el acusado portaba un arma.
Finalmente, el fiscal concluyó que no se podía probar la utilización de un arma por parte del imputado, aunque señaló que los actos de coacción y vejación, tanto a la madre como al ciudadano de origen árabe, eran evidentes y dejó la petición en cuatro años de cárcel para el acusado.
