La Guardia Civil procedió en el mes de septiembre a la destrucción (reducción a chatarra), de "más de 1.000 armas", que se encontraban depositadas en las Intervenciones de Armas y Explosivos de la provincia de Las Palmas. Estas armas fueron trasladadas hasta una empresa siderúrgica, donde a través del proceso de fundición, quedaron reducidas a chatarra. Entre las destruidas, destacan por ser las de mayor número, las escopetas, aunque también había rifles, carabinas, pistolas, revólveres, armas de aire comprimido, fusiles de pesca submarina, armas blancas, armas de alarma y señales y de otros tipos.
Se trata de armas depositadas por diferentes motivos; las de propiedad particular cuyos propietarios han solicitado su destrucción, aquellas cuya destrucción ha sido decretada por la Autoridad judicial o administrativa, las depositadas a disposición de particulares, una vez transcurrido el plazo máximo de depósito, así como las incluidas como prohibidas por carecer de marcas, números o punzones y otros motivos.
Esta destrucción se enmarca en el 'Plan Integral de Control de Armas de Fuego' (PICAF), para dar cumplimiento a la legislación nacional y la Directiva de Las Naciones Unidas, sobre las armas.
Con este plan de control, se pretende "prevenir el tráfico ilegal de armas de fuego, la no recuperación de las inutilizadas, la no transformación de las armas de alarma y señales", además de aquellas de "aire o gas comprimido en armas de fuego, e incluso la fabricación artesanal de ingenios capaces de disparar cartuchería real", informa la Guardia Civil.
