El Equipo ROCA de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha detenido al empleado de una empresa de seguridad por su presunta implicación en varios delitos contra el patrimonio cometidos en diferentes subestaciones de la empresa Red Eléctrica de España S.A. Además de un delito de falsedad documental, producidos en diferentes municipios de Gran Canaria y Fuerteventura.
La investigación se inició hace meses tras una denuncia presentada por la citada empresa, que comunicaba la existencia de accesos no autorizados a diversas subestaciones desde el mes de agosto del mismo año. Los hechos afectaban a instalaciones ubicadas en ambas, lo que evidenciaba la existencia de "una actividad delictiva reiterada y planificada".
A raíz de esta denuncia, el Equipo ROCA inició una laboriosa investigación que incluyó controles sistemáticos en centros de recuperación de metales de la provincia, así como el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad. Como resultado, se logró identificar y detener al presunto autor de los hechos, un empleado de una empresa de seguridad subcontratada que, aprovechando su acceso a las instalaciones, desconectaba temporalmente los sistemas de videovigilancia para sustraer material metálico que posteriormente vendía en chatarrerías locales, obteniendo así un beneficio económico.
El valor de los objetos sustraídos ascendía a más de 67.700 euros
Durante la investigación fue posible recuperar parte del material sustraído. Sin embargo, el resto no pudo ser localizado, ya que, debido al tiempo transcurrido, había seguido el proceso ordinario de tratamiento y reciclaje en la gestión del residuo. El valor total de los efectos sustraídos, junto con los daños ocasionados, asciende a 67.795 euros.
Asimismo, se constató que el detenido habría utilizado autorizaciones falsificadas, avaladas con el sello de la empresa de seguridad para la que trabajaba, con el propósito de ocultar la verdadera procedencia del material sustraído y facilitar su venta a gestores de residuos metálicos.
Los delitos cometidos afectaron a infraestructuras críticas de suministro eléctrico, consideradas esenciales para la prestación de servicios de interés general. Este tipo de conductas pueden llegar a generar una grave alarma social, especialmente en caso de haberse producido incidencias en el servicio eléctrico. La actuación de la Guardia Civil ha permitido evitar consecuencias más graves y reafirma su compromiso con la protección del patrimonio público y la seguridad de las infraestructuras estratégicas.
