El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha incluido a tres ayuntamientos de Lanzarote y a tres organismos dependientes del Gobierno de Canarias en la lista de administraciones que no han colaborado en sus solicitudes de información aunque la ley los obligue.
En concreto, Gabilondo ha añadido en la lista de órganos administrativos "hostiles" o "entorpecedores de sus funciones" a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a la Dirección General de Protección a la Infancia, al Instituto Canario de Vivienda, así como al Ayuntamiento de Teguise, al de Tinajo y al de Yaiza.
El Defensor del Pueblo sigue desde febrero de 2024 la falta de respuesta del Ayuntamiento de Teguise a la solicitud de corrección de errores del Plan General de Ordenación Urbana del municipio. A pesar de que la institución realizó un tercer requerimiento en abril de 2025, no ha obtenido respuesta por parte del consistorio.
Con respecto al Ayuntamiento de Tinajo, el Defensor del Pueblo inició las actuaciones en marzo de 2024 para solicitar el cumplimiento de un convenio urbanístico relativo a la clasificación de suelo del que tampoco ha recibido respuesta. Mientras tanto, también ha señalado al Ayuntamiento de Yaiza tras la disconformidad en la gestión de una perrera en Playa Blanca. El último requerimiento fue enviado en octubre de 2025.
Al mismo tiempo, el Defensor del Pueblo también ha señalado la hostilidad de la Consejería de Infancia del Gobierno de Canarias por no responder a sus requerimientos sobre las declaraciones de desamparo, las declaraciones administrativas a partir de las cuales el Ejecutivo canario asume la tutela de menores que no pueden ser tutelados por sus padres o tutores.
El Defensor del Pueblo ha señalado que solicitó a la Consejería desde junio de 2024 información sobre unas declaraciones de desamparo y que después de su tercer requerimiento en septiembre de 2025 no ha recibido respuesta.
En segundo lugar, también ha informado de que la Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias tambien está en esa lista por no informar desde abril de 2023 sobre los recursos disponibles para jóvenes extutelados cuando alcanzan la mayoría de edad. El tercer requerimiento lo realizó en diciembre de 2024.
Finalmente, el Defensor del Pueblo también ha señalado al Instituto Canario de Vivienda por no incoar un expediente de adjudicación de vivienda de protección por especial necesidad. La actuación se inició en octubre de 2024 y se requirió por tercera vez en abril de 2025.
