La Guardia Civil de la Región de Murcia ha esclarecido, a través de la operación ROPU, una serie de estafas continuadas en todo el territorio nacional. La investigación se ha saldado con la detención de tres personas y la investigación de otras 14, todos ellos miembros de un "entramado delincuencial" con sede en Madrid y que presuntamente estafó en nombre de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, a más de un millar de particulares y empresas de todas las provincias españolas. En la provincia de Las Palmas, la Guardia Civil ha registrado ya 40 víctimas, una de ellas en el municipio de Arrecife, aunque no descarta que sean más los perjudicados, ya que la investigación sigue abierta.
La operación ROPU se inició el pasado mes de febrero, cuando la Guardia Civil conoció que varios agricultores del municipio de Jumilla estaban recibiendo llamadas telefónicas de personas que, identificándose como guardias civiles, solicitaban colaboraciones económicas mediante la inserción de publicidad en revistas oficiales de la Guardia Civil.
Fruto de los contactos mantenidos con estas primeras víctimas se averiguó que alguna de ellas había "colaborado con los presuntos estafadores, en la creencia que lo hacían con la Benemérita y que otros, a pesar de haber declinado expresamente su participación, habían recibido cargos en sus cuentas bancarias sin su consentimiento", explica la Benemérita.
Las pesquisas practicadas por la Guardia Civil destaparon que esta supuesta red delictiva había actuado en otras provincias, con el mismo 'modus operandi', perjudicando tanto a organismos públicos como privados. Así, el pasado mes de junio, y "una vez obtenidos los indicios necesarios", la Guardia Civil situó el origen de estas prácticas delictivas en una Comunidad de Bienes con sede en Madrid y solicitó el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro.
Ese registro del inmueble se saldó con la detención de tres personas, una de ellas el "principal cabecilla" de la organización, a las que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa continuada y falsedad documental, así como con la incautación de abundante documentación relacionada con la trama. Posteriormente, el análisis de los documentos ha permitido identificar a otras 14 personas, supuestos miembros de la organización delictiva, a las que se les han instruido diligencias como investigadas.
Se hacían pasar por miembros de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local
El instituto armado explica que la organización criminal ahora desmantelada se dedicaba, presuntamente, a recabar publicidad en nombre de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, haciéndose pasar por miembros de estos Cuerpos, "con la finalidad de obtener anunciantes para revistas de temática policial, de asociacionismo profesional o sindicales".
"Con este método se aseguraban la colaboración de los patrocinadores y la eficacia con sus clientes, publicaciones legales ajenas al engaño", señalan. Entre los casos esclarecidos se encuentran víctimas que, además, nunca recibieron la revista con la que colaboraban, otras que recibían otra distinta y otras a las que les facturaban por la inserción de publicidad en varias publicaciones aunque solo habían autorizado su colaboración con una.
La Guardia Civil ha averiguado, además, que alguno de los perjudicados habría recibido llamadas telefónicas en las que su interlocutor, simulando ser miembro de estos cuerpos policiales, lo "coaccionó" cuando se negó a colaborar.
El cuerpo policial indica también que al menos dos sindicatos policiales se han visto perjudicados por esta actividad delictiva, al "aparecer sus logotipos o siglas en facturas expedidas a nombre de clientes, que los ahora detenidos utilizaban sin el consentimiento de los titulares, para dar mayor credibilidad a sus operaciones".
"Sólo existe una revista oficial, llamada Guardia Civil"
"La información obtenida en Jumilla destapó un supuesto entramado empresarial dedicado a estafar tanto a empresas como a particulares e incluso a organismos públicos como ayuntamientos, utilizando para ello, entre otros, el nombre de la Guardia Civil, con el objetivo de obtener ingresos económicos mediante engaño, valiéndose del prestigio y el valor de la marca Guardia Civil", lamenta la Benemérita.
En este sentido, el cuerpo ha hecho hincapié en recordar que ‘Guardia Civil’ es una marca registrada y que la "única revista oficial, editada legalmente" es la que lleva el nombre también de 'Guardia Civil'. Subrayan, además, que se trata de una publicación que se sustenta de los suscriptores y "en ningún caso de solicitudes externas de colaboración económica".
Los agentes también explican que existen otras publicaciones relacionadas con la Guardia Civil o la Policía Nacional que emplean emblemas, logos o fotografías de ámbito profesional y que son editadas por asociaciones o sindicatos legales que, si bien no representan a estas instituciones, tratan temas de actualidad, asociacionismo profesional o temática policial. "Estas ediciones, digitales o impresas, se sufragan, en algunos casos, con la inserción de publicidad, todo lo cual se realiza en el marco legal, para lo que, generalmente, emplean la subcontrata de empresas de publicidad", añaden.
"La ilegalidad aparece cuando la empresa de publicidad trata de obtener patrocinadores mediante engaño o con la ambigüedad de hablar en nombre de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, como organismos oficiales", explica la Benemérita.
Tres detenidos en Madrid y afectados en toda España, uno en Arrecife
Las tres personas detenidas en la operación ROPU son varones, con edades comprendidas entre los 22 y los 50 años, residentes en Madrid. En cuanto a las diligencias abiertas a 14 personas como investigadas, todas ellas son presuntas autoras de los delitos de estafa y falsedad documental.
Se estima en más de un millar, el total de víctimas afectadas por las prácticas fraudulentas de la comunidad de bienes investigada.Cuarenta de ellas en la provincia de Las Palmas, y una de ellas de Arrecife.
Los tres detenidos, la documentación incautada y las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Jumilla, en Murcia.
La Guardia Civil mantiene abierta la operación con la identificación de más perjudicados en el ámbito nacional, con la dificultad añadida de que alguno de ellos, debido al engaño al que han sido sometidos declinan, en un primer momento, el diálogo con los investigadores, que han tenido que requerir el auxilio de personal de Puestos y Comisarías para contactar directamente con las víctimas.
