Ignacio Calatayud declaró ante el juez que la decisión de incautar sin orden judicial una planta desaladora en Playa Blanca fue adoptada exclusivamente por el presidente del Cabildo y del Consejo, Pedro San Ginés, a pesar de que le había planteado otras alternativas, así lo adelanta EFE.
El letrado aseguró que la orden de romper el candado de acceso a las instalaciones de la planta y de proceder a la entrada y toma de la mismas "supone" que fue dada por el presidente Pedro San Ginés, o por la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña.
Calatayud, que actuó en el proceso como asesor externo, declaró este viernes como imputado durante varias horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife en el proceso penal que se sigue contra el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés y otros por prevaricación y coacciones en la incautación de una planta desaladora privada, propiedad de la empresa Club Lanzarote, en el municipio de Yaiza.
La planta fue incautada a sus propietarios y en el mismo acto puesta en manos de la empresa privada Canal Gestión Lanzarote,
Calatayud había sido citado a declarar como imputado al igual que el secretario general del Cabildo de Lanzarote, Francisco Perdomo con el fin de aclarar la participación de ambos en el proceso de incautación de la planta, que fue recientemente devuelta a sus propietarios por orden judicial.
Según la declaración del letrado, asesor externo del Consejo Insular de Aguas, del Consorcio Insular de Aguas y de la empresa privada Canal Gestión Lanzarote, fue el presidente del Cabildo, en su condición de presidente del Consejo Insular de Aguas quien decidió incautar la planta a pesar de que como abogado le ofreció "otras dos alternativas" como "el cese de la actividad o la clausura" de las instalaciones y si se producía desabastecimiento "otras medidas".
Ignacio Calatayud aseguró ante el juez que el presidente del Cabildo conocía su condición de asesor de la empresa privada Canal Gestión, contradiciendo así la declaración judicial realizada hace unas semanas por el principal imputado en la causa, Pedro San Ginés, quien aseguró desconocer tal extremo.
El abogado declaró también que "que nadie la consultó si era necesario un informe previo por escrito sobre la legalidad de la incautación" y que su participación durante la misma fue totalmente pasiva y de asesoramiento.
Calatayud negó también ante el juez tener una relación personal de amistad con el presidente del Cabildo, a pesar de que Pedro San Ginés ha llegado a reconocer públicamente, incluso durante la celebración de un pleno de la Corporación, tal amistad.
Fuentes judiciales señalaron que aclarar la existencia o no de tal amistad personal entre el presidente y el letrado puede resultar importante en el proceso para aclarar las condiciones en que se llevaron a cabo los encargos de asistencia jurídica facturados por el letrado a diversos organismos dependientes del Cabildo.
Las instalaciones hidráulicas de la urbanización de Montaña Roja fueron incautadas por el Consejo Insular de Aguas en septiembre del año pasado y, en el mismo acto, traspasadas por el Consorcio del Agua a Canal Gestión Lanzarote para que se ocupase las mismas como concesionaria del ciclo integral del agua en la Isla.
Precisamente en las últimas semanas, del juez ordenó a la empresa Canal Gestión Lanzarote que aportara todos los contratos suscritos por la compañía con el abogado Ignacio Calatayud, documentos que ya obran en sede judicial, según fuentes próximas al caso.
El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés declaró a comienzo del pasado mes y durante más de dos horas, como imputado por esta causa en la que también están acusados los gerentes del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín y Domingo Pérez Callero, respectivamente.
La declaración San Ginés y de los dos funcionarios se produjo después de que el pasado 23 de junio, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial ordenara tramitar la querella presentada en su contra por la empresa Club Lanzarote, propietaria de la planta desaladora intervenida, al apreciar los magistrados "presuntos delitos" en la incautación.
Aunque en una primera instancia la querella fue archivada por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, la Audiencia anuló esa decisión y ordenó su tramitación para investigar los hechos denunciados por Club Lanzarote.
Precisamente se trata de los mismos hechos por los que una sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en vía contencioso administrativa, adoptó medidas cautelares en una sentencia dictada el pasado 17 de junio en la que anula la incautación y ordena devolver la planta a sus propietarios, medida que fue ejecutada recientemente.
