Una familia denuncia que lleva más de una década sin poder usar un terreno en La Vegueta, por el que considera además que le están cobrando unos "injustos" impuestos. "Queremos que esta pesadilla termine de una vez", señala la hija de la propietaria del terreno.
Según ha relatado a La Voz, su madre, que tiene 83 años y vive en Arrecife, heredó este terreno de 2.489 metros cuadrados en la zona de Maramoya, que "siempre ha sido rústico". Sin embargo, en el Plan General del Ayuntamiento de Tinajo aprobado en 2004, fue calificado como suelo rústico para equipamientos.
Ello, tal y como expone, impide que puedan hacer uso del terreno ya que, debido a esta calificación, dicho suelo se debe destinar a una dotación de uso público. "Con esa calificación, solo se podría construir un centro de visitantes, almacenes municipales, perreras... Nada que un ciudadano corriente pueda hacer. No podemos ni plantar nada allí, no podemos disponer del terreno", señala esta mujer.
Al respecto, afirma que "la idea del Ayuntamiento siempre ha sido quedarse con ese terreno" y que, en su momento el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, le dijo a su madre que "tenía intención de expropiarlo porque allí pensaban poner el punto limpio". Sin embargo, nada de eso se ha hecho y 16 años después, sigue sin definirse a qué equipamientos se pretende destinar esa parcela, mientras esta familia tiene que hacer frente a unos impuestos por el terreno que antes no tenían. "Al ser rustico, nunca se pagaba contribución, pero desde que le cambiaron la calificación y lo incluyeron en el PGO, sí la están cobrando", explica.
Un cambio del que no supieron "hasta 2017" a raíz de un embargo
Además, afirma que de dicho cambio de calificación no se enteraron "hasta el año 2017", cuando a su madre le llegó un embargo "de 1.322 euros" en concepto de IBI por ese terreno y los recibos de "unas contribuciones que se debían con intereses de 5.049 euros", que tuvo que pedir que le fraccionaran "para poder pagarlo".
Y es que, afirma que el cambio de calificación ha conllevado que a su madre le estén cobrando unos recibos de IBI de 800 euros anuales porque aunque "el terreno es rústico según el Registro de la Propiedad, el catastro lo considera urbano".
"Fuimos a preguntar de inmediato al Ayuntamiento, donde nos recibió Jesús Machín, y nos dijo que ellos no podían hacer nada, que eso era tema del Cabildo, pero fuimos al Cabildo y nos dijeron que eso era del Ayuntamiento. Y así estuvimos de idas y venidas", apunta la hija de la propietaria del terreno, que cree que detrás del cambio de calificación del terreno puede haber un "acuerdo por intereses entre Ayuntamiento y Cabildo". Y es que afirma que una de las fincas colindantes "pertenece al Cabildo".
"¿Qué abuso están cometiendo con una pensionista de 83 años?"
Tras ello, esta familia presentó varios escritos al Consistorio para pedir que le aclaren qué uso se le va a dar al terreno. Sin embargo, en una de las respuestas, el Ayuntamiento solo indica que la concreción "dependerá de las necesidades que en un futuro se plantee en el municipio".
"Osea, primero cambian la calificación, cobran un impuesto de 800 euros por ese solar, y después pensarán lo que van a hacer", critica la hija de la propietaria.
En su lucha, esta familia también se dirigió a la Gerencia Regional del Catastro en Canarias para solicitar "subsanar la calificación de urbana a rústica" y con ello evitar los altos recibos de IBI. Sin embargo, la respuesta del catastro fue que la valoración "es correcta", porque el terreno "se encuentra en zona urbana" con la "clasificación de equipamiento", rechazando por tanto subsanar la "discrepancia" declarada por la familia.
"¿Qué abuso están cometiendo con esta ciudadana pensionista de 83 años y ahora enferma de cáncer", cuestiona su hija, que quiere que el Ayuntamiento les expropie el terreno "de una vez". "No pretendemos ni que lo expropien por el valor que tiene, solo pedimos que paralicen el cobro de dichas contribuciones, que devuelvan a mi madre la cantidad que ha pagado, y que después se queden con el terreno", reclama.
