Del periodo más oscuro de la historia de España hay una parte que se mantuvo durante años de democracia en la sombra, la que llevó a miles de mujeres jóvenes a centros donde las maltrataban, las agredían sexualmente, donde sufrieron el robo de sus hijos, espacios en los que trabajaban sin descanso y donde les inculcaban los valores de "una buena mujer" a ojos del régimen, inspirados en el nacionalcatolicismo.
Uno de los pilares de la dictadura franquista fue su lucha contra las mujeres, a las que consideraba menores de edad. Esta realidad se evidenció legislativamente en iniciativas como la licencia marital. Las mujeres necesitaban el permiso de sus maridos, de sus padres o hermanos varones para cualquier trámite, para poder trabajar, para controlar su patrimonio, para hipotecarse, incluso para presentar una denuncia. Tenían la obligación de cuidar a sus hijos, pero la custodia y, por tanto, las decisiones eran de sus maridos.
Este control sobre las mujeres se ejerció de diferentes formas a través de las instituciones del régimen. El Patronato de Protección a la Mujer fue uno de los mecanismos para coaccionar y controlar a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Esta institución estaba presidida de forma honorífica por la esposa del dictador Francisco Franco, Carmen Polo, y dependía del Ministerio de Justicia.
Una organización criminal para reprimir a las mujeres
El Patronato de la Mujer tejió su influencia por todo el Estado a través de Juntas Provincial (también en Canarias), convirtiéndose en uno de los brazos ejecutores del Régimen Franquista. "Era una organización criminal", expone Belén López Cillero, investigadora e historiadora del Patronato de Protección a la Mujer, que acudió a Lanzarote para desglosar la forma de operar de esta estructura en un evento organizado por Arrecife en Vivo.
Para que una mujer acabara en uno de estos centros, la dictadura se basaba en diferentes informes que podía emitir cualquiera, desde las celadoras de la moralidad -que se encargaban de observar el comportamiento público de las mujeres- hasta curas, vecinos afines al régimen o familiares. Incluso ya en años de la Transición española, seguían ingresando en estos espacios mujeres jóvenes supervivientes de violaciones, a veces cometidas por sus propios padres.
Ser considerada una mujer rebelde, ser madre soltera, haber sido violada, salir de fiesta, haber mantenido "actitudes indecorosas", tener una ideología contraria al régimen o la sospecha de ser lesbiana era motivo suficiente para que una joven acabara recluida en una de estas Juntas Provinciales. Todo lo que atentara contra el concepto de moralidad del régimen podía ser un motivo para ingresar en uno de estos centros.
En Canarias, explica la investigadora estas celadoras del régimen estaban centradas en las playas y en cómo iban las mujeres que acudían a ellas. "Describían qué tipo de bañadores tenían que llevar", resalta.
Estas Juntas Provinciales dependientes del Patronato servían como rodillo de las disidencias y ayudaban a imponer una sola manera de ser y comportarse. "No tenían derecho a juicio, por supuesto, ni derecho a réplica, y se quedaban incomunicadas ahí dentro", resalta la escritora, que añade que las monjas les ocultaban las cartas de sus parejas o familiares.
El papel del Patronato de la Mujer era "adaptar a las mujeres a la idea que el nacionalcatolicismo tenía para ellas, que estuviera en su casa, atendiendo a su marido, que no pudiera tener ninguna actividad fuera, que estuviera callada, que criara a los hijos y que no tuviera ninguna aspiración personal", continúa Belen López. La investigadora estima que alrededor de todo el país pasaron por los centros del Patronato en torno a 800.000 niñas, adolescentes y jóvenes que sufrieron todo tipo de vejaciones.
López señala que el régimen franquista delegaba en las congregaciones religiosas el control de estas Secciones Femeninas. En total, una treintena de congregaciones participaron en estas iniciativas durante más de cuarenta años. "Era la pedagogía del maltrato, la vejación, y lo que hacían era limpiar, porque se pasaban el día limpiando, rezando y trabajando", explica la investigadora y autora del libro Por qué ninguén falou delas?, que habla sobre la represión que ejerció el Patronato de la Mujer en la ciudad gallega de A Coruña.
En estos espacios, las internas recibían palizas, vejaciones y eran víctimas de agresiones sexuales. También padecían diferentes formas de hostigamiento. Por ejemplo, si se hacían pis en la cama "les restregaban ortigas en la vulva", le ponían la sábana orinada encima como si fuera un fantasma y la obligaban a pasearse así entre sus compañeras o colgaban la pieza de ropa en el exterior y hacían pasear a sus compañeras delante de la sábana.
En estos centros se contaba además con una celda de castigo. "Las encerraban durante días y ellas perdían la noción del tiempo", resalta. Durante su trabajo de investigación se topó además con el testimonio de la hija de una superviviente, que narró que a su madre la olvidaron en una de las celdas de castigo y, al llegar, había perdido el conocimiento.
Uno de los métodos que empleaban para decidir a qué tipo de institución enviaban a las mujeres arrestadas eran las técnicas de "desfloramientos", donde empleados del régimen realizaban pruebas a las mujeres para determinar si habían tenido o no relaciones sexuales y si su actitud era o no reversible.
Las mujeres lesbianas, enviadas a psiquiátricos
Las mujeres que sospechaban que podían ser lesbianas eran enviadas a centros psiquiátricos, algunos de ellos controlados por el Patronato de Protección de la Mujer. "Estaban totalmente hipermedicadas y los tratamientos eran atroces", resalta Belén López, que señala que estas mujeres eran sometidas a diferentes aterapias de eletroshock, a comas insulíticos, donde le subían la dosis de azúcar hasta quedar en coma o donde les suministraban a la fuerza inyecciones de trementina.
En estos psiquiátricos también enviaban a las mujeres más rebeldes, donde se les practicaba terapias con la idea de "eliminar el gen rojo". El psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera, que hasta julio de 2026 estuvo galardonado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, aseguraba bebiendo del nazismo que las personas republicanas eran inferiores intelectualmente por el hecho de ser de izquierdas.
Toda esta teoría pseudocientífica llevó consigo décadas de violaciones de los derechos humanos contra las personas republicanas y justificó la sustracción de, al menos, 30.900 menores a familias republicanas para entregarlas a otras afines al régimen, según una investigación de la Universidad de Jaén. Además, se registraron entre 1936 y finales del siglo XX, más de 300.000 adopciones irregulares.
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