La comisión de peticiones del Parlamento Europeo ha decidido dar seguimiento a las quejas presentadas por cinco ciudadanos españoles contra las prospecciones petrolíferas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura por una supuesta infracción de la legislación comunitaria en materia de hábitats, aves, aguas y evaluación de impacto medioambiental. Estas personas destacaron el riesgo de que posibles vertidos petrolíferos "amenacen el suministro de agua de las islas" y reprocharon a las autoridades españolas la "escasa participación ciudadana en el proceso".
La Comisión Europea considera "prematuro" constatar una infracción de la legislación europea, puesto que todavía no se tiene constancia de que el proyecto de exploración "haya sido autorizado por las autoridades en España". No obstante, muestra su compromiso de permanecer "vigilante", con el objetivo de asegurar "el cumplimiento de las normas".
Una de las peticiones recibidas por el Parlamento Europeo la realizó Pedro Hernández Camacho, que alertó de que las actividades de prospección conllevan "riesgos catastróficos". Además, criticó que los trámites para la autorización se estén llevando a cabo "sin la participación ciudadana adecuada". "¿Por qué poner en riesgo nuestra forma de vida por una actividad que tiene fecha de caducidad y conlleva riesgos?", se preguntó.
María del Carmen Cabrera, otra de las personas que presentó una queja, quiso destacar que la única fuente de agua potable de Lanzarote y Fuerteventura es el mar. "Ante un derrame mínimo las potabilizadoras quedarían paralizadas. El binomio agua potable y petróleo es, desde mi punto de vista, imposible", manifestó.
López Aguilar apoya las quejas ciudadanas
El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar también expresó el "rotundo apoyo" del PSOE a estas quejas ciudadanas. En este sentido, denunció "el riesgo que existe de que una futura autorización infrinja la legislación comunitaria", por lo que pidió "mantener abierta la petición". El también socialista Vicente Garcés se mostró crítico con la postura del Ejecutivo comunitario y afirmó que es "necesario" que la Comisión "no se limite a ir sobre hechos consumados". "La CE debe ser más beligerante", defendió.
Por su parte, el eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) Gabriel Mato aseguró que no puede apoyar "las pretensiones" de estos cinco ciudadanos. "Me quedo con lo que ha dicho la Comisión: no hay vulneración. Esa es la realidad", afirmó. De esta manera, aseguró que todos los argumentos que presentan los opositores al proyecto son "en caso de accidente", por lo que apostó por "minimizar esa probabilidad".
El eurodiputado del grupo de los Verdes/ALE Raül Romeva denunció que un impacto sobre el medio ambiente no sólo es posible, sino que además es "irreversible", por lo que defendió aplicar el "principio de precaución". Por su parte, Iñaki Irazabalbeitia, del mismo grupo parlamentario, destacó que el principal problema concierne a los derechos fundamentales, ya que "se está poniendo en peligro el acceso al agua potable".
Por último, el eurodiputado de GUE/NGL Willy Meyer reprochó a las autoridades españolas y a la Comisión que no se opongan al proyecto, dado que "éste no tendría cabida ni siquiera en Estados Unidos, donde han aprendido de los errores del pasado", haciendo referencia así al vertido de BP en el Golfo de México, en 2010.
