El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace ya un mes su intención de no volver a prorrogar el estado de alarma, que termina el próximo domingo. Sin embargo, a poco días de que llegue esa fecha, aún hay muchas incertidumbres sobre qué medidas se podrán mantener y cuáles no.
En el caso de Canarias, el presidente regional, Ángel Víctor Torres, ha señalado este martes que han pedido una “aclaración” al Gobierno central, porque la intención es mantener los controles en puertos y aeropuertos, así como poder restringir los grupos de reunión y controlar la movilidad en franjas horarias.
Por su parte, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, admitía que a partir del domingo va a ser "un poco más difícil" el control de la pandemia y daba ya por hecho que algunas de las medidas “no se podrán implantar” sin estado de alarma.
Hasta este mismo martes, desde el Ejecutivo canario han seguido apelando a la necesidad de una prórroga y confiando en que se produjera. Y de no ser así, reclamaban alternativas, “mecanismos jurídicos” que permitieran mantener todas las restricciones actuales con garantías.
Sin embargo, finalmente serán los tribunales los que marquen el camino a partir de ahora. Al menos ése es el mensaje que ha vuelto a lanzar el Gobierno central, que este martes ha aprobado un real decreto que lo que hace es introducir un cambio en esa tutela judicial, permitiendo que las comunidades también puedan pedir “auxilio” al Tribunal Supremo, en caso de que los Tribunales Superiores de Justicia de cada región tumben las medidas que se adopten.
Ese decreto sí prorroga las medidas sociales vinculadas al estado de alarma -como las referidas a los desahucios-, pero en lo que respecta a la restricciones que afectan a derechos fundamentales, quedarán a partir del próximo día 9 sometidas a la tutela judicial.
Las medidas que van a verse afectadas
Con el cambio introducido con ese decreto, el Gobierno pretende que el Supremo pueda "unificar doctrina" y "dar garantías" a las comunidades sobre las medidas a tomar para seguir conteniendo los contagios. De esta forma, espera evitar la situación que se dio el verano pasado cuando, tras el fin del estado de alarma, los tribunales no avalaron en algunos casos las restricciones aprobadas por los gobiernos autonómicos, especialmente en el País Vasco, produciéndose contradicciones entre territorios. Ahora, en caso de discrepancia podrán recurrir también al Tribunal Supremo, que tendrá que resolver en cinco días hábiles.
En Canarias, hasta ahora se han apoyado en el estado de alarma medidas como el toque de queda, la limitación del número de personas que pueden reunirse, los cierres perimetrales de islas y, también, la obligatoriedad de presentar una PCR o un test de antígenos al llegar a Canarias desde otros puntos de España. Otras medidas podrán mantenerse sin problema, pero ésas son las que presentan más problemas por afectar a derechos fundamentales, como son los de la libertad de movimiento y de reunión.
De momento, el Gobierno de Canarias ha venido defendiendo la necesidad de mantenerlas todas, y en particular ese control en la entrada de puertos y aeropuertos con la exigencia de test de Covid-19, pero probablemente será el próximo jueves, en el Consejo de Gobierno, cuando concrete si lo hará y cómo.
Respecto a los cierres perimetrales, actualmente no hay ninguno en vigor, después de que Tenerife abandonara también este martes el nivel de alerta 3, aunque no se descarta que pueda volver a ser necesario en alguna isla. En cuanto al toque de queda, el viceconsejero de Presidencia de Canarias señalaba este martes que aunque no se pudiera mantener, sí se podrá regular el horario de cierre de los establecimientos, y también “continuar adoptando medidas como el cierre de interiores y aforos”.
Una vez que el Gobierno canario defina las medidas que va a intentar mantener sin ese paraguas del estado de alarma, tendrá que buscar el aval judicial, en primera instancia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y con la posibilidad ahora de recurrir al Tribunal Supremo en caso de que fueran rechazadas por el TSJC.
