En la semana 33 de gestación de gemelos y con la advertencia médica de que uno de los bebés se estaba quedando sin líquido amniótico, una embarazada de riesgo tuvo que coger un avión la pasada semana para desplazarse a Madrid en busca de la atención médica que requería, porque en el Hospital Molina Orosa se negaron a prestársela. “No disponía de otra alternativa sanitaria en la isla”, explica en la queja que ha elevado al Hospital, en la que relata la situación “angustiosa” que ha tenido que afrontar por un enredo burocrático inexplicable.
La paciente es funcionaria y está afiliada a la Mutualidad General Judicial, por lo que no está dentro del Sistema de la Seguridad Social. Sin embargo, aunque la asistencia sanitaria la recibe a través de Mapfre, afirma que esta aseguradora tiene en Lanzarote un concierto con el hospital público para los casos que lo requieran. Pero cuando llegó ese momento, de nada sirvieron las prescripciones médicas ni el compromiso de Mapfre de correr con todos los gastos.
“En Mapfre me decían que estaban desbordados, porque nunca les había pasado. Es como si de un día para otro hubieran resuelto unilateralmente el convenio que hay entre Mapfre y el hospital general, que es el único hospital al que podemos acudir los de Mapfre, y no sabían qué hacer”, ha relatado a La Voz.
En el Molina Orosa solo le ofrecieron atención de urgencias, pero no el seguimiento y la programación de la cesárea que requería. Denuncia que no le dieron “más alternativa” que salir de la isla de forma precipitada, con el riesgo que entraña un viaje con un embarazo tan avanzado, y más en plena pandemia y con unas circunstancias de riesgo.
En su queja, aclara que no va dirigida a los profesionales sanitarios del centro, sino a la propia administración del hospital y al servicio de Atención al Paciente. Y advierte con emprender acciones judiciales, incluso por la vía penal, por los daños y perjuicios causados y por los que pudieran producirse.
Por su parte, tras ser consultados por La Voz, desde el hospital solo han señalado que “en urgencias se atiende a todo el mundo, aunque tenga seguro privado”, pero que “el seguimiento de los casos no urgentes lo tienen que hacer las mutuas y las aseguradoras”, e insisten en que éste no lo era. En cuanto al convenio con Mapfre para atenciones como ésta, hasta el mediodía de este lunes no han aclarado si existe o no y por qué no se cumplió en este caso. Mientras tanto, la paciente relata un calvario que comenzó hace dos meses, pero que se volvió crítico la pasada semana.
Un embarazo de riesgo
Desde el inicio de su embarazo, el seguimiento sí lo hizo a través de la consulta privada de un ginecólogo en Arrecife. Pero además del hecho de que se trata de un embarazo “gemelar bicorial biamnial”, también había otros factores de riesgo, ya que se detectó diabetes gestacional, así como la propia edad de la madre, que tiene 39 años y es primeriza. Por eso, desde finales del pasado mes de marzo, su ginecólogo le indicó que probablemente fuera necesario programar una cesárea y le recomendó iniciar los trámites, porque eso tendría que hacerlo en el Hospital Molina Orosa. Y así lo hizo.
“Me puse en contacto con mi entidad aseguradora, quien me informó que el convenio para esta situación indicaba el alumbramiento y previo control si era necesario en el Hospital General de Lanzarote”, expone en su queja. Mapfre cursó entonces dos talones de autorización dirigidos al Servicio Canario de Salud: uno para una consulta de revisión previa y otro por si se programaba la cesárea. Además, desde la aseguradora le trasladaron que se harían cargo “de cualquier otro coste sanitario que pudiera originarse en el citado centro hospitalario, pues lo importante era llevar la gestación a término con tranquilidad”. Pero a partir de ahí, lo que menos tuvo fue “tranquilidad”.
Cuando llamó al hospital para pedir cita en el área de ginecología, afirma que desde el servicio de Atención al Paciente le dijeron que por indicación del jefe del departamento, no podían darle cita porque no pertenece a la Seguridad Social, y que la única atención que podía recibir era por vía de urgencias. Es decir, ni la programación de una cesárea, ni el control previo que requería en el hospital.
En su queja, cita otros tres casos de compañeros que sí fueron atendidos en circunstancias similares, “y aún menos urgentes”, por lo que no entiende el motivo de la negativa que recibió ella. Y mientras libraba esa batalla, la situación se volvió crítica la pasada semana.
Requería “control hospitalario periódico”
El 27 de abril, en las revisiones que continuó con su ginecólogo habitual, éste le comunicó que uno de los bebés “se estaba quedando atrás en el crecimiento y que le quedaba poco liquido amniótico, por lo que era necesario el control hospitalario periódico”. Entonces la remitió a urgencias del Hospital Molina Orosa, donde por esa vía sí le hicieron una ecografía y monitorización. Ahí le confirmaron que efectivamente se observaba una disminución del líquido amniótico, comunicándole que le darían cita en obstetricia en menos de una semana, para hacer un seguimiento gestacional.
Sin embargo, esa misma tarde recibió una llamada desde el departamento de administración del hospital, pero no precisamente para confirmarle la cita, sino para comunicarle que no iban a dársela, en contra del criterio del facultativo. Al respecto, desde el hospital han señalado a La Voz que se le indicó eso por error, porque la doctora que la atendió no sabía que pertenecía a una mutua, y que se dieron cuenta al ir a programar la cita.
“Por más que le explico que cuento con la autorización de asistencia de la entidad Mapfre y que cursaría cualquier otra que fuera necesaria, me informaron que no es cuestión de pago de la asistencia, sino de que no me encuentro dentro del sistema de Seguridad Social, por lo que me invitan (no muy educadamente, desentendiéndose totalmente del problema y dejándome desprotegida sanitariamente en la isla) a que busque otra solución por mi cuenta, ya que en el hospital no me van a atender, pues no lo consideran una urgencia”, relata ella en su escrito de queja, en el que subraya que Mapfre no tiene concierto con ningún otro hospital en Lanzarote para este tipo de asistencia.
“La única opción que me plantean es salir de la isla en busca de la asistencia que me deniegan, quedando desprotegida sanitariamente, ante una situación que si no es de urgencia vital inminente, sí lo es de asistencia hospitalaria inmediata, para evitar que la falta de tal asistencia pueda causar perjuicios irreparables a uno de los bebes”, subraya en su queja.
“Le hemos podido poner remedio, pero le puede pasar a otros que no”
En medio de esa “situación angustiosa”, volvió a contactar con su mutualidad y con Mapfre, que le reiteraron que debían atenderla en el Molina Orosa, y de nuevo volvió a llamar a Atención al Paciente del Hospital. Y la persona que le atendió el teléfono volvió a consultarlo, pero al final se repitió la respuesta: “Que el jefe de Atención al Paciente indica que no es posible citarme en el hospital”.
Al pedir constancia por escrito de esa negativa, le invitaron a presentar una reclamación, adjuntando los volantes de Mapfre, adelantándole que sería “resuelta en 48 horas, pero en sentido negativo”. Ese mismo día presentó la queja -que al parecer ni siquiera se había resuelto aún hasta este lunes- y también volvió a la consulta de su ginecólogo privado, que le indicó que era “inminente que el bebé deba tener control hospitalario periódico”, lo que “excedía de su consulta”, ya que “no dispone de los medios oportunos para dicho control”. Si el líquido amniótico seguía bajando, sería necesario programar una cesárea, que era algo a lo que se negaba el hospital. El problema no era una atención por urgencias, porque entonces ya podría ser tarde, sino la vigilancia previa que requería para actuar si fuera necesario, antes de esperar a que se desencadenara el problema.
Así, sin tiempo para esperar la respuesta a su queja, que además le habían adelantado que sería negativa, su marido y ella compraron dos billetes para Madrid, “en el primer vuelo disponible”, reservando un alojamiento y pidiendo cita inmediatamente en un hospital. Al día siguiente, estaba hospitalizada en la capital, y desde entonces está ingresada, en seguimiento permanente y monitorizada cuatro veces al día.
“Nosotros afortunadamente hemos podido poner remedio, pero le puede pasar a gente que no”, explica ya desde el hospital madrileño, donde ha vuelto a respirar tranquila, después de dos meses “peleándose con la administración” y de una última semana de miedo, impotencia y lágrimas. Por eso ha querido hacer pública su historia, “para que le vuelva a pasar a nadie más”, porque no se quita de la cabeza qué hubiera ocurrido si esto le pasa a una persona más vulnerable, que no hubiera podido permitirse ese viaje a Madrid.
En su queja, eso sí, subraya que su reclamación no va dirigida contra el servicio ginecológico, “cuyo trato fue inmediato y excelente”, sino “contra la propia Administración Hospitalaria”. Además, advierte que se reserva “las acciones penales, administrativas o civiles oportunas, con reclamación de cualesquiera daños o perjuicios, personales o económicos, que con la negativa a la asistencia sanitaria se me hayan ocasionado, o pudieran ocasionarse”.
Pero eso será después. Ahora, está concentrada en la espera de sus bebés, cuya llegada es inminente. Y aunque ya ingresada y vigilada en un hospital, ha recuperado la tranquilidad, sigue sin explicarse cómo han tenido que llegar a esta situación.
