La sombra de los presuntos sobornos no es nueva para Urbaser. La empresa, perteneciente al grupo ACS de Florentino Pérez, ya se ha visto envuelta en otros escándalos políticos y judiciales, tanto en otros puntos de España como fuera de ella. Y las similitudes con lo sucedido en Lanzarote son muchas.
En Colombia, uno de los países donde opera Urbaser, la empresa también está inmersa en una polémica que salpica a la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, y a otros políticos y técnicos. Incluso, según publican varios medios colombianos, el fiscal llegó a pedir hace unos meses que estas personas fueran enviadas a prisión provisional, por "presuntas irregularidades en el reajuste de tarifas" que aplicaba la empresa. La medida no se llegó a adoptar porque la causa fue trasladada a un Juzgado de la capital del país, Bogotá, y actualmente continúa en fase de instrucción.
Sin embargo, lo que sí ha recibido ya Urbaser en Colombia es una sanción de 400.000 pesos (unos 170.000 euros) por parte del Gobierno, al considerar que estaba aplicando a los usuarios unas tarifas infladas. Pero además, en el informe realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos, un órgano estatal que se encarga del control, la inspección y la vigilancia de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, se advierte que "Urbaser no debió cobrarle al Distrito, como servicio extraordinario, la recolección de las basuras en la zona insular de Cartagena, por considerar que esta actividad estaba dentro de la contratación inicial".
La historia tiene muchos puntos en común con la que se investiga en Lanzarote por parte del Juzgado de Instrucción Número 5 y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que consideran que directivos de la empresa pagaron presuntos sobornos tanto a la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, como a otros políticos y funcionarios, relacionados con el contrato que Urbaser mantiene con el Ayuntamiento y que se firmó en tiempos de Déniz.
Otro precedente en Orihuela
Además, el nombre de Urbaser también apareció ligado a uno de los escándalos que salpican al Partido Popular en la Comunidad Valenciana, en un caso que más de cuatro años después continúa bajo secreto de sumario. Los hechos se produjeron en el Ayuntamiento de Orihuela, donde se investigan cerca de 30 supuestos casos de corrupción municipal, vinculados al urbanismo y al departamento contable del Consistorio. Y en uno de ellos, aparece el nombre de Urbaser por la presunta oferta de una comisión de 3 millones de euros a cambio de la adjudicación del servicio de recogida de basuras.
Los hechos fueron denunciados por uno de los empresarios que se presentaba a ese concurso, Ángel Fenoll, que hizo pública la grabación de una conversación que él mismo mantuvo con uno de los concejales del Ayuntamiento de Orihuela, y en la que éste explicaba que Urbaser les había ofrecido una comisión de 3 millones de euros a repartir entre el alcalde y varios concejales si le adjudicaban el servicio.
La conversación, publicada en su día por varios medios, entre ellos el diario El País, refleja con crudeza las prácticas que presuntamente se estaban llevando a cabo en el Ayuntamiento, gobernado en ese momento por un pacto entre el PP, el Centro Liberal y un tránsfuga del PSOE. "¡Que sí, Ángel!, te estoy diciendo que sí, sin problemas? Yo no quiero dinero, quiero una buena campaña electoral, fíjate qué sencillo", le dice en un momento el concejal, integrante del Centro Liberal, cuando el empresario le propone que vote en contra de la adjudicación a Urbaser, lo que beneficiaría a su empresa.
"Yo lo que quiero es mangonear por detrás?" "Nada más que mangoneemos un poco y cogiendo un par de Planes de Actuación Urbanística de cuatro millones de euros, ni basura ni la puta que la parió", llega a afirmar el concejal supuestamente en esa conversación.
Tras recibir esta denuncia en el año 2006, el Fiscal Anticorrupción de Alicante comenzó una investigación y trasladó el caso al Juzgado de Instrucción Número 3 de Orihuela. Sin embargo, el concejal que aparecía en esa conversación también presentó una querella contra el empresario Angel Fenoll y aseguró que las cintas eran falsas. Un año después, Fenoll fue detenido contra otras cinco personas. Entre otras cosas, estaría acusado de haber llevado a cabo supuestos "chantajes" a cargos públicos del Ayuntamiento con distintas grabaciones.
Pese a que han pasado más de tres años desde que se produjeron las detenciones y más de cuatro desde la denuncia original por el presunto soborno de Urbaser, el caso continúa bajo secreto de sumario y no se han conocido más datos sobre la investigación. Por su parte, tras el escándalo, el Ayuntamiento declaró desierto el concurso para adjudicar la recogida de basura y, aunque tiempo después lo convocó de nuevo y Urbaser volvió a presentarse, el servicio fue adjudicado a otra empresa.
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