Imágenes: Sergio Betancort
Una orden judicial obliga a desalojar 44 viviendas del complejo Loma Verde, en Puerto del Carmen. No en todas ellas vive gente, aunque sí en su mayoría. Son personas que han ocupado estas viviendas, algunas incluso familias con niños, y que ahora tienen que abandonarlas.
Los apartamentos Loma Verde eran antiguamente un complejo turístico, el cual pasó a ser residencial. Algunas de estas viviendas se vendieron, pero otras fueron embargadas por La Caja de Canarias. Y son precisamente estos apartamentos los que ahora serán desalojados, después de que así lo haya determinado un juez.
En estas viviendas, según ha explicado la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tías, Jéssica Suárez, vive gente "en situación irregular". Es decir, okupas. Algunos porque en su día aseguran que les estafaron y, otros, porque directamente se enteraron de que esas viviendas eran propiedad del banco y estaban abandonadas y, entonces, decidieron ocuparlas.
La noticia no ha sido bien recibida por la mayoría de estas personas, a quien este jueves se les notificó que tenían que desalojar sus casas. Algunos pocos comenzaron a trasladar sus cosas pero la gran mayoría ni siquiera sabe qué hacer. "Es un atropello. La orden judicial lleva desde el 24 de enero, según nos han dicho, y nos avisan ahora de que mañana tenemos que dejar esto vacío. Yo no tengo trabajo y no sé dónde ir", afirma Eleany.
Testimonios
Esta mujer cuenta que ella entró en la vivienda hace dos años "en concepto de alquiler". Sin embargo, quien se la alquiló "no era el propietario". Y es que, según explica por su parte la concejal de Servicios Sociales, al parecer hubo un tiempo en el que un grupo de personas se dedicó a alquilar estas viviendas "de forma ilegal", sin tener la propiedad.
"Yo entré pagando un alquiler, con un contrato verbal, hasta que se destapó la olla y me enteré de que no era el propietario y que me estaba estafando. Entonces denuncié, pero todo ha quedado archivado. Y ahora me encuentro con esto, con que me tengo que ir a la calle con dos niños pequeños que tengo. Es una injusticia", manifiesta Eleany, quien dice sentirse "desesperada y angustiada".
Hay otras personas que entraron en las casas con plena conciencia de que las estaba ocupando. Ése es el caso de Aída Varela, una chica joven y madre de un niño, que llegó a estas viviendas hace tan sólo unos meses. "Sabía que estaban vacías, que eran propiedad del banco y decidí meterme en ellas", afirma Aída, quien asegura que, aún así, la noticia del desalojo le ha pillado "por sorpresa", ya que esperaba que la avisaran con "más tiempo".
Aída señala que apenas tiene recursos para irse a otro sitio. "Yo no trabajo y mi pareja apenas ganas 400 euros al mes y tiene también otro hijo", afirma. Por ello, dice que intentará resistir. "Nos han avisado de un día para otro y sé que hay gente aquí peor que yo, pero creo que si todos nos unimos a lo mejor podemos llegar aunque sea a un pequeño pacto para que nos den algo más de tiempo para desalojar".
En la situación de Aída se encuentran unas cuantas personas más. Con ella, se encuentran un grupo de chicos, los cuales residen en varias viviendas de esta zona. Dos de ellos, que llevan allí desde el año 2009, aseguran que también llegaron a tener contrato y que les estafaron. Sin embargo, otros dos admiten que ocuparon las casas porque sabían que estaban vacías. Incluso, uno de ellos afirma que está pendiente de un juicio por este motivo. "Me denunciaron nada más entrar a la casa hace seis meses".
Ninguno de ellos tiene trabajo ni recibe ninguna ayuda pero, aún así, tampoco se encuentran muy preocupados por el desalojo. "He estado antes de okupa, así que ya me buscaré otro sitio", dice uno de ellos.
Ayuda "puntual"
Tras conocer la notificación del juez, el Ayuntamiento de Tías ha comenzado a identificar a las personas que viven en estas viviendas para recopilar información sobre ellas. Y es que, según afirma la concejal de Servicios Sociales, Jéssica Suárez, se proporcionará "ayuda puntual" a las personas sin recursos y, sobre todo, a aquellas con hijos menores, para que tengan un sitio donde dormir. "Estamos hablando con el Cabildo para encontrar una forma de hacerlo", asegura.
De hecho, según ha explicado Suárez, se ha hablado con el colegio al que asisten estos menores para que puedan quedarse en el comedor y en las actividades extraescolares, con el fin de que cuando salgan de ahí, ya tengan un lugar donde ir.
Drogas, robos y peleas
La otra versión llega de las personas que sí que tienen la propiedad de alguna vivienda en Loma Verde y que residen en ella. "Los vecinos dicen que han sido dos años de calvario", apuntó la concejal de Servicios Sociales, Jéssica Suárez. Y es que, según explicaba una vecina y propietaria de una de las viviendas del complejo Loma Verde, Pilar Loureiro, desde que las casas vacías se ocuparon se han dado problemas de "drogas, peleas e, incluso, robos".
Por ello, esta mujer, que lleva años esperando que se produzca este desalojo, desea que "esta vez sea la definitiva". "Vivimos con miedo. Hay familias con niños pequeños y a veces tienen que estar encerrados en sus casas con llaves, porque hay peleas", explica Pilar, quien afirma que la Guardia Civil tiene que ir "casi todos los días".
Según ha explicado Pilar, los propietarios, a parte de pagar la Comunidad, tienen que pagar también lo que se consume en todo el complejo. Y, por tanto, el agua y la luz que gastan las personas que tienen las viviendas ocupadas. "Tenemos que pagar nosotros sus gastos. Y dicen que no tienen dinero, pero muchos de ellos luego llegan y se compran un coche".
Además, según cuenta Pilar, también hay algunos vecinos que se han aprovechado de todo esto. Y es que, según asegura, hay algunas personas que se encargaban de abrir las viviendas a los okupas y cobraban por ello. "Hay un hombre que cobraba 300 euros a los okupas por abrirles la casa. Aquí todo el mundo hace negocio", concluye esta vecina.
