Una nueva declaración prestada este miércoles en los Juzgados de Arrecife ha pasado a convertirse en una pieza clave en la causa abierta por la trama de las licencias de Playa Blanca. Durante más de tres horas, un testigo ha aportado datos concretos de la relación entre una empresa vasca y el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, confirmando los supuestos sobornos que el mismo Reyes confesó en su día, aunque luego se retractó.
Concretamente, el testigo que este miércoles ha comparecido ante la jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, María Dolores García Benítez, y el fiscal, Ignacio Stampa, en presencia de los demás letrados de las partes personadas (acusación y defensas), ha llegado a afirmar que un empresario vasco entregó 500.000 euros a José Francisco Reyes, a cambio de la concesión de licencias para poder edificar en el Plan Parcial Playa Blanca. A esta elevada cifra económica se habrían sumado, según su testimonio, varios "regalos" de Navidad que supuestamente habría recibido el ex alcalde de esta misma empresa.
Además, el testigo ha señalado al supuesto intermediario que actuó en la operación, y también ha afirmado que Reyes habría aceptado ese dinero, supuestamente, para su partido, el PNL. Una nueva acusación que también refuerza lo declarado por el propio ex alcalde en su momento, y que podría abrir nuevos frentes en esta causa que se inició hace más de tres años.
La confesión
En la declaración que prestó después de ser detenido el pasado 30 de septiembre de 2009, Reyes dio nombres de seis empresarios, que pasaron a estar imputados en la causa, y en alguno de los casos, llegó a afirmar que recibió dinero "en colaboración para el tema del partido".
Además, señaló a una séptima persona a la que se refirió como "el vasco de Playa Blanca", alegando que no recordaba su nombre, pero del que dijo, según consta en su declaración, que "también le ofreció un dinero por una colaboración y él aceptó, porque tenía una serie de parcelas" y quería que le "agilizase los trámites".
Ahora, este testigo ha puesto nombre a ese empresario vasco, e incluso ha señalado a otra persona como intermediario, dando un elemento más a la acusación que se mantiene en esta causa, que tiene ya una quincena de imputados, con delitos que van desde la prevaricación hasta el cohecho, la malversación de fondos, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales.
Marcha atrás
Reyes pasó dos meses y medio en prisión provisional por esta causa, tras ser detenido junto a su mujer y tres de sus hijos, y actualmente está en libertad bajo fianza de 120.00 euros.
En su confesión del pasado 4 de octubre, el ex alcalde de Yaiza había implicado hasta a seis personas, siendo especialmente explícito al referirse al abogado Ignacio Díaz de Aguilar y al empresario José Francisco Riquelme. Sobre el primero, representante legal de Las Coloradas S.A., señaló que "personalmente le dio dinero en efectivo", no "recordando la cantidad", pero "posiblemente unos siete u ocho millones de pesetas". En cuanto a Riquelme, representante de Papagayo Arena S.L. y de Explotaciones Hoteleras Nueva Valencia, Reyes había llegado a afirmar ante la juez que éste le entregó "dinero en efectivo". Ambos negaron en el juzgado las acusaciones de Reyes e incluso el primero anunció que se querellaría contra el ex alcalde de Yaiza.
Estas dos personas, además de los empresarios Simón Camacho, Marcelo Machín, Joaquín Cañada y José Rafael Mesa, (que también negaron ante la juez haber realizado pagos al exalcalde de Yaiza) fueron imputados tras la declaración de Reyes,aunque éste se retractó un mes después de su confesión, coincidiendo con su cambio de abogado y con el "fichaje" para su defensa del abogado Pablo Luna, que también representa a la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, en el caso Malaya.
Así, el ex alcalde de Yaiza volvió a los Juzgados de Arrecife a petición propia e intentó convencer a la jueza de que se inventó su confesión inicial porque estaba "bajo presión" y porque creía que así libraría de la cárcel a su mujer y sus hijos, que están imputados por blanqueo de capitales. Sin embargo, ahora la declaración de un testigo confirma algunos de los extremos admitidos por él mismo durante su primera declaración ante la juez y el fiscal.
La causa
Desde su origen, esta investigación trataba de llegar al fondo de los motivos que llevaron al ex alcalde de Yaiza a conceder más de 30 licencias ilegales y prórrogas de otras caducadas entre los años 1998 y 2003, que han pasado a estar bajo sospecha de corrupción. Y es que Reyes autorizó alrededor de 10.000 nuevas camas turísticas para hoteles y apartamentos en el sur de la isla, yendo contra del Plan Insular de Lanzarote, de los informes del Cabildo y hasta de los propios informes de los técnicos del Ayuntamiento.
El proceso lleva abierto más de tres años y en él estaban imputados, además de José Francisco Reyes, el abogado Felipe Fernández Camero, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y Pablo Carrasco Cabrera, de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza, por presuntos delitos de prevaricación urbanística y cohecho. El Ministerio Fiscal consideraba que todos ellos formaban parte de una trama dedicada a la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca.
Además, la mujer y tres de los hijos de Reyes, que fueron detenidos junto al ex alcalde sureño el pasado 30 de septiembre, y posteriormente puestos en libertad con cargos, también han pasado a estar imputados en esta causa por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tras el informe realizado por la Udyco, en el que se rastreó el patrimonio de José Francisco Reyes y de su entorno.
