La parcela de uno de los esqueletos ilegales de Costa Teguise, cuya construcción fue paralizada en 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, podría terminar albergando un hotel de hasta cuatro plantas, si prospera la modificación del Plan General que acaba de iniciar el Ayuntamiento sobre la parcela 216.
La propuesta partió de los promotores y el alcalde, Oswaldo Betancort, firmó un decreto el pasado 28 de enero acordando iniciar ese expediente de “modificación menor” del Plan, que implica aumentar la edificabilidad, el número de camas e incluso las plantas permitidas en esa parcela.
En concreto, la propuesta de la entidad Grupo Hoteles Playa S. A., a la que ha dado trámite el Consistorio, supondría aumentar en más de un 52% la edificabilidad permitida, pasando de los 15.316 metros cuadrados que tiene actualmente asignados en el Plan General a 23.334. En cuanto a las camas, la parcela admite un máximo de 328 y se pretende ampliarlas a 500, cambiando además el uso de extrahoteleras a hoteleras. Y eso, permitiría también ganar una planta más a los promotores, que actualmente solo podrían construir tres plantas y con la categoría hotelera podrían pasar a 4.
Para justificar estos cambios en beneficio de este grupo hotelero -que en su día vio parada la obra por su ilegalidad-, el decreto del alcalde señala que se pretenden “trasvasar” derechos urbanísticos de otra parcela de la misma empresa, la 232 -en la que se reduciría la edificabilidad y las camas asignadas-, a favor de la parcela 216.
Aunque este esqueleto es uno de los que tienen sentencia firme pendiente de ejecución, en el decreto del alcalde y en los informes a los que se remite no se hace mención a ello, pese a que en la práctica podría intentar ser una 'legalización' de esa estructura. No obstante, el asunto podría terminar de nuevo judicializado, porque el Tribunal Supremo ha reiterado en varias sentencias que no se puede modificar el planeamiento con el objetivo de legalizar algo ilegal. Y en el caso de este esqueleto, la edificación que pretendía albergar no tenía cabida ni en el Plan que estaba entonces en vigor ni en el actual, que se aprobó en 2014, y que es sobre el que ahora se quiere hacer esta modificación.
Condena al ex alcalde y motivo de investigación en el caso Unión
La licencia inicial fue concedida en 1999 y después se aprobaron hasta dos prórrogas por parte del ex alcalde, Juan Pedro Hernández, que fue condenado por prevaricación urbanística en una de las piezas del caso Yate, tras confesar que concedió éste y otros permisos a sabiendas de su ilegalidad.
El beneficiario en este caso fue el empresario andaluz José María Rosell, que después fue detenido en el caso Unión como presunto testaferro de Dimas Martín, aunque esos cargos se terminaron archivando. No obstante, la instrucción de esa causa sí permitió conocer que Rosell “contrató” a Dimas para realizar gestiones para la obtención de licencias en Costa Teguise. Y todo ello mientras su partido, el PIL, gobernaba en el municipio bajo la Alcaldía de Juan Pedro Hernández, que después terminó en Coalición Canaria.
Sólo entre 2001 y 2003, Dimas facturó a través de una de sus empresas al menos medio millón de euros por servicios de "gestión" de licencias, y la mayoría de los pagos fueron realizados por Rosell, dueño del Grupo Hoteles Playa y beneficiario de ese permiso que otorgó Juan Pedro Hernández para la parcela 216. Cuando el ex alcalde autorizó la prórroga de la licencia, no solo no pidió el informe de compatibilidad al Cabildo, sino que tampoco contaba con un solo informe técnico ni jurídico municipal.
Al margen de las consecuencias penales que tuvo para Hernández, la Justicia también paró cautelarmente la obra y después declaró la “nulidad radical” de la licencia, al ser incompatible con el planeamiento vigente en ese momento. Con el actual Plan en vigor desde hace siete años, ese proyecto tampoco tiene cabida, por lo que estaba abocado al derribo. Sin embargo, el esqueleto ha continuado en pie, pese a que la sentencia ordenaba restaurar la legalidad.
Junto a éste, otros esqueletos de Costa Teguise siguen a la espera de la ejecución de las sentencias. En uno de ellos, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias advertía hace unas semanas al alcalde con multas personales e incluso con acciones penales si continuaba sin dar cumplimiento al fallo.
