"Espero que al final se cumpla la ley y que los establecimientos que la incumplan y no se puedan legalizar sean demolidos total o parcialmente. Algún escarmiento habría que dar. Si algún establecimiento cayera, estoy convencido de que se beneficiaría la salud urbanística de la Isla". Así se expresó este lunes el ex presidente del Cabildo Enrique Pérez Parrilla cuando se le preguntó por la duda que pasa por la cabeza de la mayoría de los lanzaroteños, el qué va a suceder si finalmente alguno de los establecimientos alojativos cuyas licencias están recurridas en los tribunales de justicia tanto en Yaiza como en Teguise resultan ser ilegales en origen.
Las declaraciones las hizo durante su intervención en el programa radiofónico Buenos Días Lanzarote, donde, refiriéndose a las últimas actuaciones que están haciendo sus compañeros en la Primera Corporación insular denegando licencias de apertura a establecimientos que las han solicitado, comenzó diciendo que "ahora no está ocurriendo nada en el sur que no hubiera ocurrido ya antes". "La situación urbanística del sur viene siendo muy irregular desde hace muchos años, pero hay un señor que está empeñado en decir que el Cabildo es el culpable cuando aquí de lo único que se trata es de cumplir y hacer cumplir la ley que el pueblo de Lanzarote en su mayoría ha pedido que se haga", expresó con meridiana claridad.
Entrando de lleno en el tema de las licencias, señaló como "muy positivo" que se les hayan denegado los permisos de momento a tres establecimientos de Playa Blanca que incumplen con la normativa, asegurando que "una decisión de esta índole se toma a sabiendas de lo que se hace, porque hace mucho tiempo que desde el Cabildo se está avisando de las irregularidades y de los permisos y licencias que estuvieron mal concedidos en su momento". "Es una responsabilidad del Cabildo hacer cumplir la ley, y esta isla tiene suficientes problemas de esta índole que afectan al turismo como para no hacer frente a algo tan importante como es esto", subrayó, agregando que de no hacerlo así los políticos responsables de la institución se convertirían en "cómplices" de la ilegalidad y por tanto adquirirían responsabilidades frente a la ley.
Pérez Parrilla, que fue la persona que abanderó una medida tan polémica en principio y tan aplaudida después como fue la revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), lo que popularmente se conoce como moratoria turística, se mostró partidario de que incluso en un tiempo no demasiado lejano no sólo se consiga frenar el ritmo de crecimiento que se ha registrado desde 1998 sino que se obtenga una "necesaria" reducción del número de camas que hay en la actualidad. Está de acuerdo con los que no entienden cómo es posible que los tribunales de justicia y los dos ayuntamientos que están en el punto de mira permitieran que se iniciaran las obras de algunos mastodónticos hoteles cuando había dudas no sólo ya con su licencia urbanística sino con su más que sospechosa cercanía a la costa. Por ello, entiende como fundamental que el Cabildo se dote inmediatamente, como se ha pedido en más de una ocasión, de un "eficaz" servicio de inspección turística, así como de algo tan básico como es una "lealtad entre instituciones". "Lo que no puede ocurrir, como ha estado ocurriendo hasta ahora, es que para saber si los establecimientos se ajustaban a la normativa, para saber si superaban un determinado número de camas, hubiera que hacer una labor de investigación como si fuéramos detectives privados, algo que además ha costado mucho tiempo y mucho dinero", resaltó.
¿Al final no va a pasar nada?
La sensación generalizada entre los ciudadanos no va más allá del reconocer que poderoso caballero es don dinero, frase coloquial con la que se hace un ejercicio de resignación colectiva al sometimiento de una realidad tan dura de admitir como que la justicia no se aplica con igual criterio a todo el mundo, a sabiendas de que a cualquier ciudadano se le tumba un pequeño muro que levanta en su hogar y a los dueños de hoteles rara vez se les demuele una estructura por muy ilegal que resulte. De todos modos, el histórico dirigente socialista piensa que "ya va siendo hora de que se vaya sabiendo que la ley es la ley y que la tienen que cumplir por igual los humildes y los poderosos". "Parece que determinadas zonas quedan por fuera del imperio de la ley, sobre todo porque la justicia es lenta, pero espero que al final se cumpla la ley y que los establecimientos que la incumplan y no se puedan legalizar sean demolidos total o parcialmente. La ley deberá decidir, pero los que hicieron las construcciones sabían en qué condiciones estaban, y si no, que vayan contra los ayuntamientos. En cualquier caso, insisto en que algún escarmiento habría que darse. Si algún establecimiento cayera, estoy convencido de que se beneficiaría la salud urbanística de la Isla", expresó sin cortapisa alguna, posicionándose en un tema en el que a la mayoría de los políticos les cuesta entrar.
Como no es hombre dado a la risa fácil, le costó esbozar una medio carcajada cuando se le preguntó por las declaraciones del concejal de Urbanismo de Yaiza, José Antonio Rodríguez, en las que aseveraba que habían permitido a los técnicos del Cabildo inspeccionar todo lo que quisieron inspeccionar en los tiempos de desarrollo de la moratoria. "No es así, dejaron inspeccionar de mala manera. Se tuvo que hacer una inspección casi policial viendo algún libro que te daban, pero está claro que los libros importantes no los mostraron", aseguró, apuntando que el Consistorio sureño debería haber tenido una lista con las licencias concedidas y dejarse de entregar decretos u actas "de los meses que les parecía". "De hecho, que nadie se olvide que tuvimos que recurrir a los tribunales para que entregaran todas las licencias", recordó, haciendo hincapié por último en que se entró en pleitos con los ayuntamientos porque se carecía de toda esa información.
