El juez que inició la instrucción del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, ha interpuesto una demanda contra Editorial Lancelot (propiedad de Juan Francisco Rosa), contra el diario regional Canarias 7 y contra el periodista Francisco Chavanel, a los que acusa de haber llevado a cabo una "flagrante y premeditada" campaña de difamaciones contra él, vulnerando su derecho al honor.
Según la demanda, esa campaña perseguía "defender" a los acusados en ese procedimiento, tratando de "deslegitimar" y "desacreditar" para ello la investigación (Chavanel llegó a calificarla como "el Everest de la chapuza"), imputando al magistrado "actuaciones y motivaciones absolutamente denigratorias". Y todo ello, con el objetivo de crear un "estado de opinión favorable a intereses ajenos a la libertad de información y no digamos ya a la administración de justicia".
A lo largo de 239 folios, la demanda reproduce algunos de los artículos publicados en Lancelot y en Canarias 7 por Chavanel, así como los comentarios vertidos en su programa de radio. En ellos, el periodista llega hablar de "metodologías propias de delincuentes" y a comparar la instrucción del caso Unión con "algunas cosas que hacía Stalin en la Unión Soviética", con regímenes como el de "Guinea" y con "los tiempos de Lasa y Zabala" (que fueron secuestrados, torturados, asesinados y enterrados en cal viva en la época del GAL).
La demanda, que también se dirige contra la productora del programa de Chavanel (El Escorpión de Jade) y contra una de las cadenas de radio que lo emite en las islas (Radio Faycán, de Gran Canaria), sostiene que había un "concierto en la campaña denigratoria" por parte de los medios demandados. Y "prueba de ello", según afirma, es que todos "reproducen literalmente los mismos artículos en los que se vierten las informaciones y opiniones difamatorias".
Peticiones de entre 100.000 y 200.000 euros
"El caso Unión es política de alcantarilla. Sólo es eso. Política sectaria que no duda en utilizar los poderosos mecanismos del Estado contra los enemigos de un partido", ha llegado a afirmar Chavanel, que durante el último año y medio ha intentado defender la existencia de una especie de "conspiración político jurídica" para desacreditar primero el caso Unión (que ya tiene siete condenados en dos piezas distintas, uno de ellos incluso cumpliendo ya pena de prisión, y decenas de acusados a punto de ir a juicio), haciendo después extensivas sus críticas al caso Stratvs.
El dueño de la bodega Stratvs, Juan Francisco Rosa, que es el principal acusado en esa causa y está también acusado en el caso Unión, es a su vez propietario de Lancelot, donde empezó a colaborar Chavanel poco después de iniciar su cadena de ataques contra Pamparacuatro y posteriormente contra otros jueces y fiscales. Desde el año 2013, como administrador único de Editorial Lancelot figura precisamente la sociedad Bodegas Stratvs SL.
En el caso de Lancelot, la demanda pide que se le condene a pagar 100.000 euros al juez. Además, reclama 200.000 euros a Informaciones Canarias SA (empresa editora del diario Canarias 7), otros 200.000 a la productora El Escorpión de Jade y 150.000 euros a Faycán. De todas esas sumas debería responder de forma solidaria el propio Chavanel. Para todos ellos, reclama además que se les condene a publicar (o leer en el caso de la radio) el contenido de la sentencia, una vez sea dictada.
Además, la demanda deja claro que el magistrado se reserva la posibilidad de emprender posteriormente acciones también contra Lancelot Televisión (donde colabora Chavanel como tertuliano), "en el caso de que por la misma se hubieran emitido informaciones y opiniones que supongan una intromisión ilegítima en el derecho al honor" del juez. Y es que en principio, en lo que respecta a Lancelot, la demanda se centra solo en el diario digital, reproduciendo algunos de los artículos que allí se han publicado contra Pamparacuatro y contra la instrucción del caso Unión y el caso Stratvs. Al respecto, cabe recordar que el juez reside actualmente en Tenerife, que es donde ha interpuesto la demanda, concretamente en los Juzgados de Puerto de la Cruz.
Comparaciones con violadores y asesinos
"Ningún Estado que se precie como tal puede hacer valer sus derechos a través del avasallamiento, el castigo desmedido, la vulneración de la ley. Si toleramos eso nos dará igual que entren en nuestras casas sin orden alguna a la hora que prefieran, que nos hagan desaparecer en la oscuridad de los cuarteles, que nos disparen en la sien cuando objetemos nuestra disconformidad por lo que sea", afirmó Chavanel en uno de sus artículos publicados en Lancelot y Canarias 7. "Si toleramos esto aceptamos la tortura, el que entren en tu casa y violen a tus hijos: aceptamos la barbarie", agregó en otro.
Después, fue incluso más allá: "Ustedes no pueden entrar en mi casa violando a mis hijos a las cuatro de la mañana, no lo pueden hacer. Eso no lo permite un estado de derecho. Y eso es lo que han hecho ellos", llegó a afirmar Chavanel, que también ha comparado a Pamparacuatro de forma reiterada con jueces condenados por prevaricación, afirmando que "si hubiese justicia en España tendría que estar ya fuera de la Justicia hace ya mucho tiempo, puesto que sus pecados son mortales, más mortales desde luego que los del señor Garzón y más mortales que los de Elpidio José Silva".
Además de cargar contra César Romero Pamparacuatro, los artículos y comentarios radiofónicos que han dado lugar a esta demanda intentaban también descalificar el trabajo de la Fiscalía y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Incluso, las críticas se fueron extendiendo con el tiempo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al Consejo General del Poder Judicial y a la Audiencia Provincial, cuando ésta dictó su sentencia condenando a los seis acusados en el primer juicio de Unión.
"Yo lo digo es que hay corporativismo, que no quieren dar marcha a tras a sabiendas de que no tienen razones, porque están protegiendo a personas inútiles incompetentes de su misma profesión. Antes de reconocer los errores prefieren seguir condenando a los inocentes", ha llegado a sostener Chavanel en los medios demandados. "Ya no estamos hablando de las vainas de Pamparacuatro, estamos hablando de las vainas de Pamparacuatro, de la Fiscalía y también de otros jueces que han participado en esta mascarada (…) Seguir hacia adelante es complicidad, ni más ni menos", llegó a afirmar, agregando incluso que han "destrozado la vida de un montón de personas que fueron condenadas, con pruebas fabricadas desde el artificio y la ilegalidad".
Otras "informaciones manipuladas" de Canarias 7
En su demanda, Pamparacuatro también se refiere a otras "informaciones manipuladas" que se han venido publicando en Canarias 7, y que "precedían" a los artículos de opinión que después publicaba Chavanel. "Las informaciones publicadas en el diario tenían casi siempre como autor al periodista Carlos Inza, que casualmente también es habitual colaborador del programa de radio" de Chavanel, sostiene la demanda.
Además, reproduce varios fragmentos de esos programas, incluyendo uno emitido al día siguiente de iniciarse el primer juicio del caso Unión. "Es tal el cúmulo de irregularidades que lo tenían que haber anulado ya por nulidad de actuaciones y haber abierto un expediente informativo dentro del Juzgado", sostuvo Inza en ese programa, después del primer día de vista oral, en el que las defensas de los acusados plantearon exactamente los mismos argumentos que venían utilizando desde hacía meses Lancelot y Canarias 7 ("ya lo veníamos diciendo durante mucho tiempo, que todo esto era un montaje, que todo esto desde luego era un escándalo", dijo Inza en otro programa), para intentar desacreditar la investigación.
Al respecto, cabe recordar que además de condenar a los seis acusados que se sentaron en el banquillo a penas de hasta 7 años de cárcel, la contundente sentencia de la Audiencia Provincial también calificó de "superfluas", "baladís" y "sin fundamento" las causas de nulidad que habían invocado las defensas de los acusados para intentar invalidad el juicio y las pruebas que existían contra ellos.
"Delincuentes contra aparentes delincuentes"
Respecto a la Fiscalía, Chavanel comenzó lanzando sus críticas contra Ignacio Stampa, que ya presentó también hace casi un año una demanda contra este periodista y contra Canarias 7, pero las continuó después con Javier Ródenas, que es el decano de Medio Ambiente de la Fiscalía de Las Palmas y se hizo cargo de varias piezas de Unión, incluyendo las dos que han terminado ya en condena.
"Si no defendemos los derechos ni las garantías procesales, ¿dónde queda ese Estado de Derecho? ¿Somos delincuentes contra los aparentes delincuentes?", planteó el periodista en una de sus intervenciones, en las que es habitual que formule sus ataques en forma de preguntas. "¿Estamos hablando de un acto caníbal, hay gente a la que le gusta la sangre, hay vampiros en esa Fiscalía que lo que desean es justamente condenar, condenar, condenar, porque nada más que saben hacer eso?"
En la misma línea, también ha cargado contra la UCO, a la que ha llegado a acusar de "fabricar pruebas", e incluso contra los denunciantes de delitos y contra las personas que han confesado haber participado en ellos (pero no por delinquir, sino por confesarlo), llegando a hablar de una "red de denunciantes, soplones y testigos protegidos que delataron a sus propios compañeros".
En cuanto a los políticos, comenzó cargando contra Espino, que fue uno de los denunciantes del caso, siguió con el ex secretario general del PSOE en Lanzarote, Manuel Fajardo, continuó con Juan Fernando López Aguilar y terminó con el ex ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y con el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Según Chavanel, todos se unieron a fundaciones culturales, medios de comunicación, jueces, fiscales y agentes de la UCO para "conseguir un propósito que es la demolición del PIL y, por otra parte, de los empresarios que apoyan al PIL".
En varios fragmentos de su programa, el propio Chavanel reconoce que pretendía escribir un libro sobre Dimas Martín, tal como reveló el sumario del caso Unión. En ese sumario hay una carta del entonces concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, en la que daba cuenta a Dimas Martín de distintas personas que habían ido en su nombre pidiéndole dinero del Ayuntamiento (incluyendo al condenado Francisco Rodríguez Batllori) y también de que Chavanel se había puesto en contacto con él para escribir un libro sobre Dimas. Además, también hay conversaciones grabadas entre Dimas y Batllori hablando de mantener un encuentro con Chavanel y de iniciar una campaña de lavado de imagen de Dimas tras su salida de prisión (en ese momento Dimas estaba cumpliendo condena por el caso del Complejo).
"Ultrajes" para "ridiculizar su figura"
La demanda de César Romero Pamparacuatro también subraya que además de las "infundadas informaciones y las injuriosas opiniones" sobre el trabajo del magistrado, también se produjeron ataques "ultrajantes, humillantes y denigratorios" a nivel personal, para "ridiculizar su figura". Por ejemplo, entre marzo de 2014 y enero de 2015, en el programa de Chavanel dedicaron al menos 66 veces la misma canción al juez, con una letra inventada a modo de parodia. Y siempre, introduciéndola previamente con un "¿quién es nuestro juez favorito?", o expresiones similares.
También utilizaron el "Cara al sol" como melodía de fondo mientras hablaban de su actuación, rebautizaron el caso Unión como "caso Pamparacuatro", hicieron "variaciones infamantes" de su apellido y le tacharon incluso de "inútil". "Da ganas de cogerlo de la mano y ayudarle a cruzar la calle", llegó a decir una colaboradora del programa, Marian Álvarez, que actualmente es consejera de Radio Televisión Canaria.
Y todo esto, según la demanda, unido a informaciones "manipuladas ad nauseam", basadas directamente en mentiras o con "supina ignorancia de la ley" (al plantear por ejemplo que la Guardia Civil no puede realizar una detención sin que exista una autorización judicial), "como forma de deslegitimar un procedimiento en obsceno beneficio de sus acusados".
