El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ya ha entrado en prisión. Poco antes de las 20 horas de este jueves, Reyes ha llegado al Centro Penitenciario de Tahíche junto a su hijo, José Francisco Abel Reyes. Tras sacar del coche una bolsa con sus pertenencias, el ex alcalde ha recorrido solo los últimos metros hasta las puertas de la cárcel. Con su ingreso, el ex alcalde ha cumplido el mandato del Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife, que la pasada semana le dio un plazo máximo de 10 días, que expiraba en la medianoche de este jueves, para entrar voluntariamente en prisión.
Para Reyes, éste es su segundo paso por Tahíche, aunque la primera vez fue en prisión provisional, durante la instrucción del caso Yate. Tras su detención en esa causa, la mayor que se sigue contra él y que está pendiente de juicio, se dictaron medidas cautelares privándole de libertad, aunque dos meses y medio después salió en libertad bajo fianza.
Ahora, regresa para cumplir su primera condena de cárcel, por una de las piezas separadas del caso Unión. Así, se ha convertido además en el primer acusado de Unión en entrar en prisión con una sentencia firme. En esa sentencia que ha empezado a cumplir este jueves, Reyes fue condenado a seis meses de cárcel y 12 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación urbanística, por la concesión de dos licencias ilegales para la construcción de la vivienda de Carlos Morales y Alexia de Grecia, prima del Rey de España, en Puerto Calero. El fallo también anuló esas licencias, que se otorgaron con informes técnicos negativos, aunque el nuevo Plan General de Yaiza podría permitir su legalización.
En noviembre de 2014, el propio Reyes mostró su conformidad con el escrito de acusación de la Fiscalía, por lo que ni siquiera se llegó a celebrar el juicio. De esta forma, logró que la pena pasara de los dos años de cárcel que pedía inicialmente el fiscal a seis meses de prisión. Sin embargo, lo que no ha conseguido evitar es el ingreso en la cárcel.
"Reiteración delictiva" y "escaso respeto por el ordenamiento"
Inicialmente, el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife, que fue quien dictó la sentencia, acordó suspender la ejecución de la pena de prisión, al ser inferior a dos años. Sin embargo, el fiscal Javier Ródenas presentó un recurso ante la Audiencia Provincial, que el pasado mes de mayo le dio la razón.
"Sí puede hablarse de peligrosidad criminal del penado y no pueden ser obviados, junto a dicha peligrosidad, los procedimientos penales existentes contra el mismo", sostenía el auto de la Sección Segunda de la Audiencia, que recordaba que Reyes ya tiene otra condena a sus espaldas (aunque técnicamente no fuera computable para esta sentencia), además de varias causas pendientes por delitos similares.
"Debe tenerse en cuenta tanto la gravedad de los hechos como la reiteración delictiva", insistía el auto, que concluía que "lo que evidencian las referidas condenas es el escaso respeto que el penado ha mostrado en todo momento por el ordenamiento jurídico, teniendo pendientes, en este momento, procesos penales por delitos de similar o idéntica naturaleza". La Audiencia dio traslado de ese auto al Juzgado que dictó la sentencia, que tuvo que iniciar así el trámite para su ejecución.
Cuatro causas más a punto de ir a juicio
Además de dos condenas a sus espaldas (la que está cumpliendo ahora y otra anterior, también por prevaricación, en la que sólo se le puso pena de inhabilitación), José Francisco Reyes tiene una larga lista de causas pendientes. En cuatro de ellas ha terminado ya la instrucción y la Fiscalía le pide en total más de 35 años de cárcel.
La mayor causa abierta contra José Francisco Reyes es el caso Yate, por la concesión masiva de licencias turísticas ilegales en Playa Blanca. Sólo en ese procedimiento, para el que la juez ya ordenó el pasado mes de diciembre la apertura de juicio oral (aunque aún sigue sin fecha), los fiscales Javier Ródenas e Ignacio Stampa (que firmaron juntos el escrito de acusación) le piden 25 años de cárcel, por distintos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y prevaricación urbanística. Junto a Reyes, además de funcionarios de Yaiza, se sentarán en el banquillo su mujer y tres de sus hijos, por presuntos delitos de blanqueo de capitales.
Además, Reyes tiene otras tres causas en la recta final para ir a juicio y con el escrito de acusación ya presentado. Una de ellas es el caso Stratvs, en el que el fiscal Ignacio Stampa le pide 7 años de prisión y 44 años de inhabilitación. Las otras dos, son por licencias residenciales concedidas en dos planes parciales distintos de Playa Blanca, el de Montaña Roja y el Plan Parcial Playa Blanca. En una de ellas le piden año y medio de cárcel y en la otra dos años.
Otras causas en fase de instrucción
A estos procedimientos hay que sumar otros que aún están en fase de instrucción. Uno de ellos es el caso Costa Roja, por la licencia concedida por Reyes a Luis Lleó para construir más de 1.000 viviendas y 200 locales comerciales, que fue anulada por la Justicia (esa misma parcela dio después origen al caso Unión, con el presunto intento de soborno, que fue denunciado por Carlos Espino, para desbloquear la urbanización de ese suelo).
Además, también hay otra causa contra Reyes que surgió del caso Yate. De ese procedimiento se separó una pieza con nuevas diligencias por los pagos realizados desde el Ayuntamiento al abogado Felipe Fernández Camero entre los años 1998 y 2007, por servicios presuntamente no prestados, o contratados al margen del procedimiento legal establecido.
En esa causa, además de José Francisco Reyes, están imputados el propio Fernández Camero y el ex secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.