La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, celebrada este miércoles, ha dejado una nueva imagen de tensión entre Coalición Canaria y el Partido Popular. En el orden del día a la que ha podido acceder La Voz, ambas fuerzas políticas dejaron sobre la mesa dos iniciativas que pretendían aprobarse: una relacionada con el Pabellón de Argana, promovida por el PP, y otra con la rehabilitación de la residencia de Cruz Blanca en la capital de Lanzarote, impulsada por Coalición Canaria.
Los problemas surgieron ya desde el primer punto a tratar, donde se debatió la formalización de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa madrileña Clece S.A., propiedad de la multinacional ACS y actual concesionaria de la rehabilitación, del gimnasio y de la piscina del polémico Pabellón de Argana.
En la Junta de Gobierno municipal, el Partido Popular trató de formalizar un acuerdo con Clece para "compensar" a la empresa por los gastos derivados de la puesta a punto de este espacio deportivo, después de que la concesionaria reclamara un reajuste económico al consistorio por vía judicial. En total, el monto que saldría de las arcas públicas podría ascender a alrededor de dos millones de euros.
Fuentes del Partido Popular de Lanzarote han indicado que desde la pasada legislatura, Clece S.A. requirió judicialmente al consistorio el pago de este reajuste y que están trabajando con el consistorio para alcanzar "un acuerdo extrajudicial".
Por el momento, Coalición Canaria ha rechazado dar su apoyo a este acuerdo y el teniente de alcalde de Arrecife, Echedey Eugenio (CC), ha pedido un informe completo a Intervención, donde avale que el Ayuntamiento de Arrecife debe entregar este monto a Clece por las obras en el Pabellón de Argana.
Fuentes de la formación nacionalista han señalado a este medio que los informes con los que se cuenta por ahora, "no entran en el fondo del asunto, sino en el procedimiento" y que "deben entrar en el fondo".
Según ha podido saber La Voz, la reapertura del Pabellón de Argana fue uno de los puntos que llevaron en la última Mesa del Pacto entre el Partido Popular y Coalición Canaria.
Fuentes consultadas exponen que el contrato no recogía que el Ayuntamiento de Arrecife tuviera que pagar los gastos de la empresa en la rehabilitación y que todo apunta a que la concesionaria es quien tendría que hacerse cargo de estos gastos. De no hacerse con todas las garantías jurídicas, el pago de los cerca de dos millones a Clece S.A. podría acarrear acciones judiciales de las otras empresas que concurrieron a la oferta de contratación pública y cuyas candidaturas fueron descartadas por tener precios superiores.
Por el momento, el grupo de gobierno debe contar con un informe económico de los servicios jurídicos que interprete las condiciones del reequilibrio del contrato, que no estaban en el pliego y que recoja si la empresa debe cobrar esa cantidad. Así, quedan a expensas de solventar estas deficiencias y ver si podrán solventarse en la próxima Junta del Gobierno, que se realiza en quince días.
La rehabilitación de la residencia queda sobre la mesa
Otro de los puntos del día que ha quedado sobre la mesa fue la iniciativa de Coalición Canaria, para prorrogar y modificar la residencia de Cruz Blanca, que será gestionado por Cáritas Diocesana en la calle San Juan de la Cruz y cuya rehabilitación había sido anunciada por CC esta misma semana.
Fuentes municipales han indicado a La Voz, que la transformación de la residencia de Cruz Blanca no habría quedado sobre la mesa como represalia política a Coalición Canaria tras tumbar el acuerdo con Clece y asegura que se debe a que existe "un error subsanable" en el informe de la Oficina Técnica sobre la tramitación de esta licencia.
Una de las tramas de corrupción más complejas de Canarias
Cabe recordar que este pabellón no ha estado exento de polémica, ya que se construyó en uno de los periodos más oscuros del Ayuntamiento de Arrecife. La adjudicación de su construcción a la empresa Fomento Construcciones y Contratas acabó en una condena de diez años de cárcel para la exalcaldesa de Arrecife Isabel Déniz y el exsecretario municipal Felipe Fernández Camero, en una de las tramas de corrupción más compleja de Canarias.
Además, lleva cerrado a la ciudadanía desde 2013 porque sufría "daños estructurales" y no tenía licencia de apertura.
