EL SUELO QUE HABÍA HASTA 2004 NO PERMITE AUTORIZAR "NINGÚN TIPO DE LICENCIA"

Murillo afirma que Arrecife autorizó casas en La Bufona sin que lo permitiera el tipo de suelo

Un informe municipal señala que hasta 2004 el suelo era urbanizable sectorizado no ordenado. El denunciante del caso La Bufona señala que en ese suelo "no se puede autorizar ningún tipo de licencia" y que este documento entra "en conflicto" con el que los dueños de las casas "utilizan en los tribunales"...

Murillo afirma que Arrecife autorizó casas en La Bufona sin que lo permitiera el tipo de suelo
Murillo afirma que Arrecife autorizó casas en La Bufona sin que lo permitiera el tipo de suelo

La calificación del suelo cuando se construyeron las viviendas de La Bufona impedía que allí se autorizara "ningún tipo de licencia" para construir. Esto es lo que asegura la familia Murillo, que lleva años batallando en los tribunales para probar que la construcción de las 14 viviendas de esa urbanización sobre las que pesa orden parcial de demolición invadió terrenos de su propiedad. La familia desprende esta conclusión de un reciente informe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife; y por el que ya ha pedido al Consistorio que "identifique" al funcionario que autorizó los proyectos de urbanización que presentaron los promotores "para construir ilegalmente". 

En ese informe, fechado el pasado 7 de julio y elaborado a petición de Eduardo Murillo, la técnico municipal señala que los terrenos sobre los que se construyeron esas 14 viviendas se encontraban, según el Plan General de Arrecife de 1991, en su mayoría sobre suelo rústico de especial protección por paso de jable, mientras que la parte restante estaba sobre "suelo urbanizable sectorizado no ordenado", que fue "ordenado con el Plan Parcial de La Bufona" de 1981. 

Posteriormente, señala el informe, esa pequeña parte que no era suelo rústico se convirtió, con la Adaptación Básica del Plan General del año 2004, en "suelo urbano consolidado". Y especifica que las partes que en los planos aparecen en color rosado son "suelo destinado a uso residencial". La familia Murillo, sin embargo, sostiene que esa adaptación de 2004 "no es de aplicación" al Plan Parcial de La Bufona y que por tanto rige allí el Plan de 1991. Para ello, los Murillo se basan en un informe técnico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial canaria del 2004, que señala que esa Adaptación Básica queda "suspendida" en La Bufona. El informe municipal señala otro aspecto que los Murillo consideran "importante"; y es que apunta que aun cuando "linda con suelo urbano", la parte de suelo rústico no puede "dotarse de los servicios urbanos".

 

Primer informe sobre el suelo donde están hechas las casas


"Es de aplicación el Plan del 91", ha apuntado a La Voz Gonzalo Murillo, que recalca que según la clasificación del suelo que hacía ese Plan no sería posible "autorizar ningún tipo de licencia" en la zona. "En cambio, allí hay más de 50 viviendas", apostilla. Murillo destaca, además, que lo "importantísimo" de ese informe es que "por primera vez en casi 20 años" habla sobre la "clasificación que tiene el suelo que en teoría es urbano, donde están hechas las casas". 

Y es que el caso de La Bufona se ha centrado en estos años en una parte de los terrenos, que se corresponde con la parte trasera de las 14 viviendas que la justicia ya ha declarado ilegales y deben demolerse parcialmente. La sentencia, dictada el pasado mes de enero por el Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife, consideraba probado que las obras en esa parte de las viviendas continuaron cuando las casas ya se habían comprado. Allí se construyeron piscinas, muros y otras intervenciones, que son precisamente las que están sobre suelo rústico protegido. El fallo consideraba probado que los promotores las ejecutaron a sabiendas de su ilegalidad y, por eso, condenó a Federico Echevarría y Antonio Caro por un delito continuado contra la ordenación del territorio. 

Sin embargo, según la tesis que defiende la familia Murillo en las alegaciones que presentó al Ayuntamiento a la luz de este informe de la Oficina Técnica, la construcción de la otra parte de las viviendas tampoco debería haberse autorizado. En este sentido, aluden al artículo de la ley canaria de Ordenación del Territorio que señala que en "suelo urbanizable no ordenado" solo podrán autorizarse las obras que "correspondan a sistemas generales" y obras "de carácter provisional".

 

"El problema no es de 14 viviendas, sino de 52"


En esas alegaciones, presentadas el pasado 19 de agosto al Ayuntamiento, la familia Murillo sostiene que "el problema no es el de 14 viviendas situadas al norte de la urbanización La Bufona, sino de las 52 viviendas ejecutadas ilegalmente en dicha urbanización, puesto que la técnico municipal está informando de que entre el año 1991 y 2004 la clasificación del suelo era de urbanizable sectorizado no ordenado".

Así, considera que según la ley los propietarios están "obligados en la actualidad a cumplir con los deberes legales exigibles (realizar las cesiones obligatorias al Ayuntamiento de Arrecife) para poder obtener el derecho de hacer uso legal del suelo que ocupan sus viviendas". Agrega, en este sentido, que los propietarios habrán de cumplir con "innumerables trámites" para obtener la clasificación del suelo adecuada y "no estar sometidos a la acción de demolición". Según el escrito de la familia Murillo, esa demolición no afectaría solo a las 14 viviendas que ya tienen orden de derribo parcial, sino a "todas aquellas situadas al sur de la calle El Chabusquillo y que invaden viales, zonas verdes, espacios públicos y aparcamientos públicos, puesto que el periodo para ejercer la demolición de dichas viviendas no prescribe nunca, al igual que ocurre con el suelo rústico".

En cuanto a la actuación del Ayuntamiento, el escrito de la familia Murillo reprocha a la institución que haya "autorizado licencias de obras para construir ilegalmente al norte de la calle Chabusquillo" y que haya "permitido" desarrollar el planeamiento de La Bufona "careciendo de accesos viarios con carreteras de interés regional", como son la LZ-2 y la LZ-3. En este sentido, subraya que el Tribunal Supremo declaró "radicalmente nulo" ese planeamiento "precisamente por no contar con informe positivo del área de carreteras de la Consejería de Obras Públicas". 

 

"Alguien miente"


De otro lado, Gonzalo Murillo hace hincapié en que todo lo que se explica en el informe municipal entra "en conflicto con el famoso informe que están utilizando los propietarios de las casas en los tribunales". Y es que aunque la Apmun ya ordenó hace años el derribo de una parte de las viviendas y más recientemente lo ha hecho la sentencia penal, la medida no se ha ejecutado porque los dueños recurrieron esa decisión en los tribunales.

El informe al que alude Murillo lo firmaba el técnico de la Oficina del Plan Insular del Cabildo Gustavo Navarro. En él, "dice que el suelo no es rústico, sino que es urbano", explica Murillo, que destaca la contradicción entre un informe y otro. "Alguien miente. O miente este técnico del Cabildo, o miente esta señora (la técnico municipal) y miente la Agencia y miente el Seprona y miente el Gobierno de Canarias, porque todos dicen lo mismo", remacha.

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