Un trabajador de las guaguas municipales, que prefiere no desvelar su nombre por miedo a "represalias", ha denunciado a La Voz la "situación irregular" en la que se encuentran diez empleados, que ya han planteado varias querellas en los juzgados. Según afirma, el alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, Cándido Reguera, está "mintiendo" a la población, diciendo que los trabajadores de guaguas cobran "2.500 euros y trabajan cinco horas".
Según afirma, con su escrito de Recursos Humanos en la mano, los empleados de este medio de transporte público perciben un sueldo de "1.400 euros y trabajan 56 horas más que cualquier empleado del Ayuntamiento de Arrecife". Por ello, ha insistido en que tanto Reguera como el concejal de Transportes, Lorenzo Lemaur, salen en los medios de comunicación "intentando que la opinión pública se posicione en nuestra contra".
Y es que, según dice, "ante las mentiras de que ganamos 2.500 euros, pues mucha gente nos llama enchufados por la calle y nos critica". "Nosotros trabajamos seis días a la semana, no cinco, como el resto. Trabajamos festivos, sábados y domingos, y tenemos 30 días de vacaciones, como el resto", subraya.
Según dice, el alcalde lleva un tiempo tratando de convencer a la población de que los conductores de guaguas trabajan sólo cinco horas al día. "Esto es mentira. Conducimos durante cinco horas seguidas, sin ir al baño, sin bajarnos para nada de la guagua. Eso no lo hace nadie en el Ayuntamiento de Arrecife", critica.
Asimismo, este trabajador afirma que los diez empleados de guaguas que han denunciado su "situación irregular" en los Juzgados de Arrecife no están percibiendo los trienios. "Se nos ha privado de nuestro derecho. Es una represalia del grupo de gobierno", insiste. "Existe un decreto firmado y se lo están saltando", subraya, al tiempo que asegura que a los únicos que se les deniegan los trienios es a los diez trabajadores que denunciaron al Ayuntamiento
Este mismo empleado lleva "cinco años sin firmar un contrato". Entró como conductor de guaguas con un contrato de obra y servicio que finalizó en 2005, según relata. "No me dijeron nada, y yo seguí allí. Me pasaban la nómina y seguí pensando que me llamarían para renovar el contrato, pero no lo hicieron. Ahora me dicen que me van a echar a la calle, a ver lo que tiene que decir un juez", advierte.
Despidos por la privatización
Los trabajadores de guaguas tuvieron una primera reunión con el alcalde cuando se empezó a hablar de privatizar el servicio. "Nos dijo que no tendríamos ningún problema. Que el que quisiera podía quedarse en el Ayuntamiento o ir subrogado a la empresa que ofreciera el servicio de guaguas o bien cobrar una indemnización", explica.
Pero la promesa del alcalde parece que "no se ha cumplido, ya que unos once conductores podríamos irnos a la calle en diciembre". "Me prometió mi alcalde que conservaríamos el trabajo. Si yo no puedo confiar en la palabra de mi alcalde, ¿a dónde vamos a parar? Es que es mi jefe, que me reúne en la sala de plenos y me dice que no hay problema, que no nos vamos a ir a la calle", insiste.
Según este trabajador, un tiempo después de esta primera reunión, Cándido Reguera les dijo que "sólo se podría mantener los puestos de diez conductores, de los fijos". "Nos dijo que eran ellos los que se habían ganado la plaza y yo trabajando desde hace ocho años y sin posibilidad de acceder a una plaza, porque no han sido convocadas", denuncia.
Las guaguas "dan asco"
Sobre la limpieza actual de las guaguas de Arrecife, este conductor asegura que "dan asco". "No sé cómo la gente no va con piedras a tirarlas al Ayuntamiento. En la guagua que conduzco el pasillo está marrón, da asco. Yo trato de cuidar mi herramienta de trabajo, pero la administración pasa de ella. Es que no sé cómo la gente sigue entrando. Los cristales, las esquinas, dan asco, de verdad", lamenta, al tiempo que dice que "si Sanidad se mete en una guagua, le mete un puro al Ayuntamiento".
Asimismo, este empleado también advierte que con la privatización de las guaguas se cancelarán recorridos, que perjudicarán, sobre todo, a los barrios alejados. "La gente más desfavorecida no podrá acceder al transporte público", indica.
"No estamos en contra de la privatización sólo porque nos podemos quedar sin trabajo, que también, sino porque el servicio va a empeorar un montón. Va a subir los precios y va a cancelar muchas rutas", asegura este conductor.
