El consejero delegado de los Centros Turísticos, José Juan Lorenzo, ha presentado este lunes una denuncia "a título personal" en el Juzgado de Guardia de Arrecife contra los 14 consejeros que apoyaron el acuerdo aprobado en el último Pleno del Cabildo, que fue el que permitió poner fin a la huelga de los trabajadores. Lorenzo acusa a los integrantes del PSOE, Podemos, PP, Somos Lanzarote y Ciudadanos de un "posible delito de coacciones y amenazas", ya que entiende que están intentando "obligarle" a ejecutar un acuerdo que sostiene que es "ilegal".
"Hoy pido el amparo de la justicia en defensa de la gestión pública, en defensa de los trabajadores de los CACT, en defensa del muy buen trabajo que vienen realizando en los últimos cinco años. Porque no hay futuro fuera de la ley. En ninguna actividad y mucho menos en una actividad pública. Y ninguna mayoría está por encima de la ley", ha defendido Lorenzo a las puertas de los Juzgados, donde ha leído un breve comunicado.
El consejero se refería así a uno de los puntos aprobados en el Pleno del Cabildo, por el que se les daba a él y al consejero de Turismo, Echedey Eugenio, un plazo de 48 horas para ejecutar el acuerdo plenario, advirtiendo de que en caso contrario deberían ser destituidos como miembros del Consejo de Administración de los Centros Turísticos. "Pido amparo de la Justicia ante un posible delito de coacciones y amenazas sobre mi persona, con la clara intención de que cometa una ilegalidad", ha insistido José Juan Lorenzo.
"Se han cruzado todas las líneas rojas"
"Cuando se pierde el contacto con la realidad de las cosas, cuando se ignoran todos los informes técnicos y jurídicos, sin aportar un solo informe que los contradiga, cuando se construyen verdaderas alternativas totalmente infundadas y muy mal intencionadas, cuando se opta por acuerdos calificados como nulo de pleno derecho en el Pleno del Cabildo de Lanzarote y se obliga a terceros con coacción y amenazas a que ejecuten acciones ilegales, se han cruzado todas las líneas rojas. Ya solo cabe plegarse y cometer un delito a sabiendas de que lo es u optar por solicitar el amparo a la Justicia, que es por lo que he optado yo en el día de hoy", ha insistido el consejero delegado de los Centros.
Además, ha afirmado que "acepta" todas las "consecuencias que le depare" esta decisión, que asegura que ha adoptado "a título personal" y "en defensa de la gestión pública" y "del trabajo que han realizado" todos sus "compañeros de los CACT".
La denuncia de José Juan Lorenzo en los Juzgados ha llegado justo en la víspera del Consejo de Administración de los Centros convocado por Pedro San Ginés. En esa reunión pretende presentar el informe que encargó a un despacho de abogados sobre el acuerdo que salió adelante en el Cabildo, con el rechazo del grupo de gobierno en minoría y con el voto favorable de toda la oposición. Ese informe privado sostiene que aprobar y ejecutar el acuerdo "podría" implicar la comisión de delitos de prevaricación y malversación, es decir, los mismos que ya había citado el presidente en el Pleno en el que se aprobó el acuerdo.
Por su parte, la oposición insiste en la legalidad de esa propuesta y niega que otro de los informes a los que alude San Ginés, que fue el elaborado por la interventora de la Corporación, señale que sea "desfavorable" o que el acuerdo sea "ilegal".
