Siguen aumentando sin parangón el número de los expedientes judiciales en Lanzarote. Uno de los casos más graves es la situación del Servicio de Mediación y Arbitraje de Canarias (SEMAC).
Según confesó ayer en declaraciones a Radio Lanzarote Andrés Barreto, concejal de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M) y portavoz de Intersindical Canaria (IC), "a día de hoy (por ayer) en lo que va de año en el SEMAC han entrado 994 demandas, por lo que con toda se seguridad superaremos las mil demandas al final del ejercicio". Hay que tener en cuenta, además, que las demandas de la SEMAC se reproducen en el Juzgado de lo Social, lo que agrava sustancialmente la realidad.
"Esta situación es insostenible y me temo que al Ministerio de Justicia no le va a quedar otra opción que tomar la resolución a petición del Gobierno de Canarias, a petición de la Sala o a petición de los conejeros".
Un Juzgado de lo Social en Lanzarote
No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha denegado recientemente el establecimiento de un Juzgado de lo Social en Lanzarote. Esta decisión fue analizada por Barreto, que se mostró seguro de que finalmente el Tribunal "no tendrá más remedio que aceptarlo, porque la capacidad de trabajo de resolución de expedientes de la juez titular no podrá seguir a mismo ritmo que lo está haciendo no podrá seguir siempre, pese al esfuerzo que están haciendo los funcionarios del Juzgado".
También la política puede jugar una mala pasada para los intereses de Lanzarote. Hace muy poco tiempo que el Colegio de Graduados Sociales de Lanzarote se ha independizado del de Las Palmas. Y así, "para evitar que lo mismo suceda en Fuerteventura", el presidente del Colegio de Abogados de la capital de provincia ha pedido la semana pasada que de forma urgente se ponga el segundo juzgado de lo social en la isla vecina.
Sin embargo, "Fuerteventura apenas tiene 500 casos al año", según Barreto, que afirmó que "se está enredando la pita con la finalidad de que se pleiteen dos islas para efectivamente ninguna de las dos resuelva su problema".
Las necesidades de Lanzarote son infinitamente mayores de las de Fuerteventura. "Lanzarote tiene unos 1.800 casos y además, en estos momentos estamos tardando unos seis meses para los despidos y tenemos vistas para salarios para abril y mayo de 2006".
Falta de funcionarios
Igualmente hace falta tener más personal y material para el funcionamiento normal de la Justicia en la Isla. Pero como explicó Barreto, uno de los grandes problemas no sólo de Lanzarote, sino de toda Canarias, es la falta de funcionarios y jueces canarios que quieran desempeñar su trabajo aquí de forma fija.
"En estos momentos el Juzgado de lo Social cuenta con cuatro trabajadores que han venido de forma obligatoria de fuera. Son funcionarios que una vez consigan sus plazas en sus respectivas zonas dejarán nuevamente libres las plazas de la Isla".
El problema podría estar en la falta de estudiantes canarios para el funcionariado, pero no es así. "Hay gente que tiene más medios económicos que les permite hacer permanentemente cursos y prepararse oposiciones", lo que en último término provoca que pocos canarios accedan a los puestos de trabajo de funcionariado para quedarse de forma permanente con las plazas.
La masificación del turismo
Por otra parte, Barreto expresó la patente preocupación de muchos por la masificación del turismo en la Isla, lo que significa que muchos visitantes que llegan a Lanzarote ya no repiten, y eso, teniendo en cuenta que más de 40 por ciento de los extranjeros que desembarcan en la Isla vuelven, es grave. "El turismo huye porque viene de grandes ciudades y no le gusta volver a las grandes ciudades. Y los centros turísticos de Lanzarote se han convertido en grandes ciudades".
Barreto se refirió asimismo a la reciente aclaración del Gobierno de Canarias sobre las competencias relativas a los cierres cautelares de los hoteles sin licencia de apertura. Resulta que el Cabildo se ha escudado durante mucho tiempo en las competencias de inspección y sanción en materia turística del Ejecutivo autonómico para justificar el funcionamiento de los complejos hoteleros ilegales de la Isla.
Sin embargo, el consejero de Turismo, Manuel Fajardo Feo, aseguró en su última visita a Lanzarote que la Primera Institución tiene la potestad de proceder al cierre cautelar de esos complejos mientras se resuelva el expediente en el ámbito de la Comunidad. En este sentido, señaló Barreto que "el grupo de Gobierno del Cabildo está nervioso, porque el Gobierno de Canarias le ha pasado la papa caliente. Ya no tienen que pedirle el permiso al papa Gobierno, ya tienen las competencias y pueden tomar las decisiones".
Intersinidical Canaria y Alternativa Ciudadana reclaman que desde el Cabildo se tomen las resoluciones necesarias para preservar la legalidad de la ordenación territorial de la Isla. "Tiene que haber medidas empezando por los que han roto el territorio", señaló Barreto.
