Aunque el PIL y CC retiraron a última hora una controvertida moción, Manuela Armas ha cargado duramente contra ella, asegurando que era "arbitraria y engañosa" y que, de haberse aprobado, los ediles podrían haber incurrido en prevaricación

La regularización de hoteles ilegales desata la tormenta entre el Cabildo y el grupo de gobierno de Yaiza

[TEXTO ÍNTEGRO DE LAS CONSIDERACIONES DE LA PRESIDENTA DEL CABILDO->20873]

13 de septiembre de 2008 (00:33 CET)
La regularización de hoteles ilegales desata la tormenta entre el Cabildo y el grupo de gobierno de Yaiza
La regularización de hoteles ilegales desata la tormenta entre el Cabildo y el grupo de gobierno de Yaiza

El grupo de gobierno de Yaiza liderado por Gladys Acuña retiró la moción en la que se pedía la regularización de los hoteles ilegales en el transcurso del pleno celebrado en la noche de este jueves en el ayuntamiento sureño. Una medida que no ha evitado que se desate una tormenta en torno a los hoteles ilegales. Desde el Cabildo, la presidenta Manuela Armas ha calificado la moción como "arbitraria y engañosa", así como un "cheque en blanco al Gobierno de Canarias".

La moción, que abogaba por la regularización de los hoteles en situación ilegal a través de la Ley de Medidas Urgentes, finalmente se retiró, según Gladys Acuña, " porque este grupo de gobierno no pudo consensuar con la presidenta el contenido de la misma, tal y como se había acordado en la reunión que hace algunas semanas mantuvimos los siete alcaldes de la isla y la presidenta, y en la que se acordó elaborar una moción que posteriormente se elevaría al gobierno de Canarias".

La escrito ha dado lugar, de cualquier manera, a una fuerte contestación por parte de la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, que [ha hecho público un manifiesto->[TEXTO ÍNTEGRO DE LAS CONSIDERACIONES DE LA PRESIDENTA DEL CABILDO->20873]] en el que cuestiona la moción presentada por el grupo de gobierno, ya que la considera "arbitraria y engañosa". Unas consideraciones que de otro lado ponen en evidencia las diferencias que PIL y PSOE mantienen en torno a esta cuestión, que ambos califican de muy importante para Lanzarote.

La presidenta cuestiona en su escrito las pretensiones de esa moción y llega a plantear que en el caso de haberse votado a favor de la misma, "podrían incurrir en prevaricación, porque lo que se pretendía era que no se ejecutaran las sentencias y se consagrara la ilegalidad". El texto de la moción, dice Armas, "resulta censurable porque es un cheque en blanco que se da al gobierno de Canarias para que busque la manera de quebrantar el principio de igualdad y de legalidad".

La alcaldesa de Yaiza, por su parte, se muestra sorprendida por las criticas de Manuela Armas y entiende que la confrontación no es la mejor manera de arreglar estas cuestiones. "No me gusta que se tergiversen las cosas, si no se estaba de acuerdo, bastaba con decirlo y se hubiese cambiado el texto de la moción", afirma. Además, afirma que el Ayuntamiento de Yaiza no actuó unilateralmente dado que la moción respondía a "un acuerdo con el resto de corporaciones y el Cabildo", aunque reconoce que no se llegó a un consenso con el Cabildo, por lo que el grupo de gobierno retiró la iniciativa plenaria.

La primera edil de Yaiza mantiene que "si no se está conforme con el contenido, se cambia o se dice claramente que no queremos hacer ninguna moción en ese sentido". Para su grupo de gobierno, "éste es un problema heredado y muy grave, y se trata de arreglar lo que se pueda", según afirma Acuña. "Espero que no haya enfrentamientos, pero es verdad que hay comportamientos que no entiendo".

Manuela Armas, por su parte, coincide en que no pretende ningún conflicto con la alcaldesa de Yaiza, pero asegura que cuando recibió la moción, "ésta ya estaba hecha, no era una consulta". Y por eso afirma que en conversación telefónica "expliqué al concejal de Urbanismo de Yaiza, Leonardo Rodríguez, las distintas consideraciones que ahora he hecho públicas y que critican los contenidos de la moción, tal y como se lo expliqué a la alcaldesa antes del pleno".

Criticas al Gobierno

La presidenta relaciona esta moción con las recomendaciones que en su momento el consejero del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, hizo a los alcaldes de Teguise y Yaiza, y en este sentido asegura que "es una irresponsabilidad meter algo en una ley de medidas urgentes sin saber de lo que se está hablando". Y es que Manuel Armas mantiene que ni el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, ni el responsable de Política Territorial "se han tomado el la molestia de conocer en profundidad esta cuestión que afecta a Lanzarote, a pesar de que el Cabildo los ha invitado a hacerlo en distintas ocasiones".

La presidenta del Cabildo utiliza este argumento para rechazar las críticas que el Paulino Rivero hizo el jueves en su vista a Lanzarote. "No puede ser que le presidente venga aquí a decir lo que le parece, no se puede ir tan alegremente sin conocer la realidad de esos expedientes y despreciando el conocimiento que sí tiene el Cabildo. Paulino Rivero debe aplicarse aquel dicho de que somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestro silencio". Y señala que aquí, "no caben amenazas con el tema de los los trabajadores ni con la imagen exterior de la isla, porque yo no creo que una isla que defiende la legalidad tenga que estar mal mirada".

Trabajo concluido

Manuela Armas ha adelantado que el trabajo del equipo jurídico y técnico del Cabildo que trabaja en los expedientes de los hoteles afectados por las sentencias está prácticamente concluido y se recogerá el lunes 15 de septiembre. Armas asegura que tiene la intención de crear una comisión informativa para dar cuenta a todos los grupos políticos y a partir de ahí, "sentarnos con los propietarios y promotores de estos hoteles".

Afirma además que tiene intención de que "sean conversaciones públicas y transparentes para que no haya dudas y se vea que no hay nada que ocultar". En este sentido, manifestaba su "esperanza" de que "cuando empecemos a trabajar con cada uno de los expedientes las cosas se van a ir tranquilizando y se verá cuál es la voluntad del Cabildo de Lanzarote de arreglar las cosas, pero también la voluntad de cumplir con la legalidad".

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