El juicio contra estos promotores se celebró en octubre de 2010, después de que varios compradores les demandaran un año antes. Según denunciaron, los vendedores de estas viviendas "conocían las irregularidades urbanísticas que afectaban a estas casas" y, pese a ello, no informaron a los compradores de estos problemas, que dieron lugar a la anulación del proyecto de urbanización del Plan Parcial Playa Blanca.
Según la sentencia, durante el juicio quedó demostrado que en la fecha en la que se produjo la compraventa, "la Junta de Compensación tenía conocimiento de los problemas urbanísticos que afectaban a estas parcelas". En este sentido, según la sentencia, los promotores demandados, entre los que se encuentra Federico Díaz de Aguilar, conocían la situación jurídica del plan parcial desde "el año 2004 o 2005, mucho antes de la celebración de los contratos privados de compraventa".
"Conociendo esta situación de indudable relevancia no informaron de ella a los compradores en el momento de la venta, ocultándoles incluso con posterioridad su existencia", indica la sentencia. Además, en ella se hace especial hincapié en que "resulta del todo inverosímil" admitir que, en concreto, Federico Díaz de Aguilar, representante de la promotora Agueri, desconocía esta situación, cuando su propio hermano, Ignacio Díaz de Aguilar, era asesor de la Junta de Compensación.
"Comportamiento doloso"
La ocultación de esta información, según la sentencia, "implica un evidente comportamiento doloso". "Además, quebranta un elemental principio de buena fe integrado por el deber de informar, como también lo quebranta el que posteriormente a los contratos privados y previamente a la pretendida firma de la escritura pública no informase la vendedora a los compradores de la existencia de conflictos jurídicos subsistentes", señala el documento.
En este sentido, asegura que los compradores "debían haber sido informados de estos procedimientos judiciales, en lugar de ocultar su existencia como se hizo por parte de los vendedores". Y es que si los promotores hubieran contado los problemas de esta plan parcial, "los compradores no habrían firmado el contrato de compraventa, al igual que no firmaron con posterioridad las escrituras públicas".
Y la sentencia todavía va más allá. "El dolo se centra en la maquinación o astucia, activa o pasiva, por acción o por omisión, del que induce al otro a contratar. No se puede ni se debe premiar la mala fe insita en el dolo so pretexto de la confianza ajena, como si el Derecho debiera ser más el protector de los astutos que el defensor de los confiados", indica el texto judicial.
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