Los tribunales han vuelto a dar la razón al Ayuntamiento de Arrecife, esta vez en el pleito iniciado por los propietarios del edificio Panasco, que pretendían derribar este inmueble ubicado en el número 11 de la calle Real. En una sentencia fechada el pasado 18 de diciembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas da la razón al Consistorio y rechaza el recurso de los dueños del edificio, que sostenían que habían obtenido licencia para ese derribo por silencio administrativo.
Concretamente, la propiedad recurrió un acto municipal del 12 de agosto de 2011, en el que el Ayuntamiento rechazó que se hubiera otorgado ese permiso por silencio. Ahora, la resolución del Juzgado da la razón al Consistorio y confirma que no puede otorgarse la licencia por silencio administrativo, puesto que el Cabildo de Lanzarote había ya informado desfavorablemente a la petición de derribo, que se presentó en 2005, al estar incluido el edificio en el catálogo provisional de Bienes de Interés Cultural (BIC).
En su sentencia, el Juzgado ha acogido la totalidad de los argumentos expuestos por la defensa del Ayuntamiento de Arrecife, representada por el abogado Agustín Domingo Acosta. Así, el fallo confirma el proceder del Consistorio y la imposibilidad de derruir el inmueble sin la autorización del Cabildo.
Según se especifica en la sentencia, "desde el 22 de julio de 2004 ya se había producido la incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural a favor de una edificación denominada El Mercadillo, que afectó a la fachada del edificio Panasco, no pudiéndose conceder licencia sin autorización de aquél, el cual la rechazó, sin que la recurrente formulase recurso contra dicho acto insular, por lo que ningún reproche puede hacerse a la decisión municipal".
Desde el Consistorio sostenían que el silencio administrativo debía entenderse como negativo, dado que la licencia de demolición solicitada contraviene el texto refundido de la Ley del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, tal como ha venido a ratificar ahora el Juzgado. Según informa el diario La Provincia, la representación legal de la dueña del inmueble ya ha recurrido el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
